Por: Álvaro Archbold Núñez
Colombia no es el país más corrupto del mundo occidental; pero sí uno de los más contaminados del planeta. No es Venezuela, Haití, Nigeria, Zimbawue, Brasil o Panamá, pero tampoco es Uruguay, Chile, Suecia, Finlandia, Noruega o Dinamarca.
Cada presidente que asume el cargo trae consigo leyes y decretos para enfrentar el fenómeno. Y Juan Manuel Santos no fue la excepción. Logró que el Congreso expidiera la ley 1474 de 2011, conocida como “Estatuto Anticorrupción y un cóctel de decretos entre los cuales el 2641 de 2012.
Todos ellos con el objetivo de lograr una administración eficiente, eficaz y trasparente al servicio de los ciudadanos que les permita el acceso a la información, a los bienes y servicios y a los trámites. Como ya lo manifestaba, la administración de Ronald Housni Jaller, observando las proyecciones de las variaciones anuales del IPC, con un promedio del 5% anual, tendrá durante los cuatro años de su gestión, un presupuesto de un billón doscientos mil millones de pesos ($1.2 Billones), esto sin incluir las 12 adiciones al presupuesto que tendrá durante el período anteriormente mencionado. O sea, habrá muchísimo dinero circulando por las islas y plácidamente llegando a los hogares de todos los sanandresanos.
Pero para que ello sea posible, además de las cuantiosas sumas de dinero de las cuales dispondrá como gobernador, requerirá de un excelente grupo de ejecutores del gasto que atinen en la concreción de su Plan de Desarrollo, con un ingrediente esencial cual es el cumplimiento del Plan Anticorrupción de su administración.
Los objetivos específicos del Plan Housni hablan del levantamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción y garantizar permanentemente la publicidad y transparencia de las acciones y actuaciones administrativas para el acceso integral y oportuno de la información pública generada en la administración departamental.
Dentro de los componentes del Plan llama la atención la Gestión del Riesgo de Corrupción, a partir de una cartilla que le han diseñado en donde – dice el documento- se registraron aquellos riesgos que hacen más vulnerable a la entidad a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen su imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas de mitigación, las acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto, aunque confieso que no entiendo cuáles podrían ser los indicadores para reducir el impacto de la corrupción en el Departamento cuando ella se torna “inevitable”.
Existen otros componentes que ya todos conocemos como son la rendición de cuentas, los mecanismos de mejoramiento al ciudadano; de transparencia y acceso a la información, tanto de forma activa como pasiva y el Código de Ética y Valores que propende por tener en la Gobernación de San Andrés y Providencia, comenzando por el Gobernador, funcionarios eficientes que garanticen la prevalencia del interés general sobre el interés particular, obrando con equidad en todas sus formas y circunstancias, con un alto nivel de paciencia, comprensión y transigencia; imparciales, responsables, honestos, respetuosos, productivos, solidarios, con sentido de pertenencia, justos y comprometidos con el servicio público.
Quiero tener la confianza y la garantía que en esta administración de grandes expectativas en la edad dorada que se avecina, los casi dos billones de pesos ($2.0 billones), con los cuales contará Ronald Housni Jaller, incluyendo las adiciones al presupuesto, serán manejados al pie de la letra como lo ha descrito el Plan Anticorrupción de la administración.
Que las elecciones más costosas de la historia de las islas por la cantidad y ríos de dinero con la cual inundaron a San Andrés, Providencia y Santa Catalina, hayan sido costeadas con absoluta certeza y sin sospecha, con pesos y divisas provenientes del patrimonio de los candidatos. Y de eso se trata con el Plan Anticorrupción y es eso lo que a mi real saber y entender pretende Ronald Housni con la implementación de este documento, el más importante junto al Presupuesto y al Plan de Desarrollo.
Quiero acostarme cada noche con la percepción de seguridad, que aquel que tiene la llave de las arcas del departamento guarda con pulcritud los dineros de los ciudadanos sin necesidad de acudir al colchón, a la indebida celebración de contratos, al peculado, a la concusión, al cohecho, al enriquecimiento ilícito y al prevaricato.
Y creer por una vez, que a pesar de la corrupción incrustada en el aparato del Estado colombiano y de la imagen de “gentleman” y Lord inglés que pretende proyectar el Presidente, existe un territorio, aunque sea el único, en donde la Edad Dorada hará florecer este otrora paraíso del Caribe.
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