Se están rasgando las vestiduras políticos y periodistas que se declaran escandalizados por la construcción del nuevo edificio de alojamientos para los agentes, patrulleros, oficiales y suboficiales de la Policía Nacional, quienes consideran no es merecido para los agentes del orden en la isla de San Andrés.
Las controversias han surgido en las últimas horas luego que el director nacional de la Policía Nacional, General Jorge Nieto, asistiera al acto de inauguración de la moderna edificación ubicada en uno de los sitios más exclusivos de San Andrés, pero que no difiere en mucho de la antigua ubicación del mismo comando de Policía en las islas.
Seguramente quienes cuestionan que la Policía disponga de un edificio bonito, moderno y cómodo, son de la teoría que los uniformados lo que se merecen son unas barracas, donde permanezcan confinados y no la comodidad o el confort que el cargo que ejercen les merezca.
Pero lo cierto es que si queremos unos agentes del orden que estén libres de stress, que traten bien al ciudadano, que no ejerzan sus funciones con preocupaciones, alteraciones, mal humor, malos tratos, a las patadas y a la brava, que no sean presas fáciles de la corrupción y de la criminalidad, tenemos que comenzar por ofrecer buenas condiciones no solo de habitabilidad, sino también de salarios, a efectos que luego podamos exigirles con todas las de la Ley que cumplan sus obligaciones de perseguir la delincuencia y proteger debidamente a los ciudadanos que requieren sus servicios.
La discusión que han desatado los críticos no es de poca monta por que la justificación que han utilizado es que en vez de invertir en ese edificio moderno para el alojamiento de los agentes, se hubiera adquirido o alquilado un hotel como viene ocurriendo últimamente que el Ministerio de Defensa, y/o la Policía Nacional ha alquilado dos edificios que funcionaban como edificio de apartamentos y hotel de San Andrés, uno de ellos de propiedad de la familia del representante a la Cámara Jack Housni Jaller y del Gobernador Ronald Housni Jaller.
Más bien lo que habría que preguntarse es si los críticos le están haciendo el mandado a algún propietario de hotel o edificio para que se mantenga el alquiler de tales edificaciones que le generan rendimientos bastante altos, que los libera de ocuparse de administración y mantenimiento de los mismos y que les permite mantenerse como contratistas del Estado, no obstante que su condición política en la que ejercen control político sobre el Ministerio y la misma Policía Nacional, debería ser causal de impedimento para tales contrataciones.
Lo que debería proceder es que luego de inaugurado el edificio de alojamiento de la Policía Nacional se liberen las edificaciones en las que vienen funcionando temporalmente el Comando de Policía, para que este tipo de edificaciones puedan suplir el déficit habitacional que en la actualidad está desbordado por cuenta de la conversión de casas y edificaciones que antes eran arrendadas a residentes, para convertirlas en ilegales posadas turísticas que no cumplen los requisitos mínimos de alojamiento para el turismo, ni mucho menos poseen el Registro Nacional de Turismo.
En esa dirección es que debería darse la discusión que verdaderamente contribuye a la sociedad sanandresana y sus necesidades y no en si los policías permanecen cómodamente en sus horas de descanso.
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