Corrupción y errores en políticas del Estado contribuyen a ambos problemas. La definición geográfica de una isla como San Andrés, que nos enseñaron desde los primeros años escolares señala que es una porción de tierra rodeada de agua por todas partes. Y aunque así parece seguir siendo, San Andrés, irónicamente, es -por cuenta de la mano del hombre y de las decisiones jurídicas y políticas de la comunidad nacional e internacional- una isla sin aguas tanto subterráneas como territoriales que han agudizado las problemáticas sociales del territorio insular y principalmente de sus pobladores más ancestrales.
Tanto la perdida de las aguas territoriales como la de las aguas subterráneas son fenómenos que se han venido desarrollando paulatinamente durante décadas sin que las autoridades regionales y nacionales hubieran tomado control de ambas circunstancias.
Mientras que la pérdida de las aguas territoriales es un asunto asociado a factores jurídico políticos, el de las aguas subterráneas está vinculado con factores ambientales y la presión que la excesiva carga poblacional ha venido ejerciendo sobre los recursos renovables del territorio.
El despojo de las aguas territoriales
Con la decisión de la Corte Internacional de Justicia, CIJ, al Archipiélago se le despojo de 72 mil kms2 de mar y las islas pasaron de productores a importadores de pesca porque prácticamente a los habitantes de las islas se le arrebató su principal despensa alimentaria: el banco Luna Verde.
Pero además de cercenarle la despensa alimenticia a los habitantes de este Departamento que para entonces tenía una extensión de cerca de 350 mil kilómetros cuadrados de mar territorial y que le concedía a Colombia límites fronterizos con al menos seis países de Centro América y el Caribe, se puso en alto riesgo una gran extensión de la Reserva de Biosfera que con tanto ahínco trabajó por construir nuestra autoridad ambiental y reduciendo el número de vecinos internacionales que limitaban con el archipiélago a solo cuatro naciones.
Toda esta situación de la que buena parte de responsabilidad se le atribuye al Estado colombiano ha generado la quiebra de la industria pesquera del archipiélago, provocado las marchas de protestas, el desfile de todo el estamento político e institucional de la Nación por las islas, el fortalecimiento del aparato militar, los golpes de pecho y el oportunismo politiquero, las vestiduras rasgadas, las demandas de indemnización por el área perdida, las promesas, los anuncios oficiales para apaciguar los ánimos, los reclamos de ayuda oficial, la entrega de subsidios monetarios, de lanchas, motores, kits de pesca; los nuevos reclamos de más extensión marítima de Nicaragua, los sobrevuelos de naves militares rusas aliadas de Managua; la expedición de decretos, resoluciones, planes de emergencia, partidas presupuestales; el desacato al fallo etc.; todo para ajustar el funcionamiento del Estado frente a la nueva realidad del archipiélago.
La pesca, los raizales y la Reserva de Biosfera; los más afectados
Pero todas han sido “paños de agua tibia” y lo que debió ser la gran oportunidad para que el Estado promoviera una verdadera política de atención a una zona de frontera tan importante por su posición geoestratégica, por la cantidad de extensión marítima que le sigue aportando al país, por el número de países con los que hace fronteras, etc., no lo fue.
La industria pesquera quebró y las dos plantas que operaban en las islas y que disponían de flotas de barcos pesqueros colombianos, hondureños y nicaragüenses hoy día tienen permisos de las autoridades “nicas” y operan en ese país, pero pescan en las mismas aguas que antes lo hacían bajo bandera de Colombia. King Grab que exportaba productos al exterior cerró por completo su planta y hoy su negocio se reduce a un restaurante y expendio de comida y producto de mar, en tanto que Antillana que también exportaba sus productos cerró su planta y solo quedó como distribuidor del producto que procesan en Cartagena para los hoteles, supermercados y restaurantes de comida de mar en las islas.
Después de los pescadores los más descontentos son los líderes raizales, porque lo ocurrido en La Haya ilustra claramente lo que ha sido la política de abandono y desconfianza que el Estado colombiano ha tenido para con el Pueblo Raizal del Archipiélago. “Para ser sincera después del Fallo el Pueblo Raizal cada día está peor, el Presidente vino después del Fallo, prometió que el Pueblo Raizal estaría mucho mejor, pero al fin y al cabo eso se redujo a un millón ochocientos mil pesos a un puñado de pescadores, yo nunca estuve de acuerdo con eso la verdad, creo que haciendo un proyecto que se haga siembra de tortugas, de Caracol, de peces donde ellos pueden seguir trabajando, no les pareció buena la idea, el resultado hoy día es que ya no hay subsidio y no hay pesca, hay muchos pescadores a la orilla del mar sin nada que hacer, de modo que la situación ha sido peor, esperábamos que el gobierno tomara como en forma de reparación,” explicó Corinne Duffis, líder raizal.
Pero además de la pesca y el Pueblo Raizal, el otro gran afectado con la decisión de la Corte Internacional de Justicia es la Reserva de Biosfera Sea Flowers por el efecto que se pueda generar sobre un ecosistema al que la Unesco declaró en 2000 como patrimonio ambiental de la humanidad gracias a la gestión de la corporación Coralina.
La bióloga June Marie Mow, hoy directora de la fundación Providence, fue la “arquitecta” de la Reserva de Biósfera Sea Flower, desde la dirección de la Corporación Coralina, y como artífice del proceso ante la UNESCO logró tal declaratoria e incluso que el director de ese organismo viniera hasta San Andrés a entregar la certificación que reconocía al archipiélago como la Reserva de la Biosfera Seflower. “Yo creo que tenemos muchas lecciones aprendidas y aún tenemos muchas por aprender, es una manera de estar insertos en un mar que debería ser de una especial protección, yo por lo menos no quisiera ver un Mar Caribe convertido en un Golfo de México lleno de plataformas, de explotación de petróleo, de gas con mucho gasoducto en el fondo del mar, (…) me parece que es clave poder juntar todos los esfuerzos de todos los países porque de nada vale que yo proteja el recurso de langosta cuando este va a ser sobreexplotado en cualquier otro país, sea Nicaragua, Honduras o sea cualquier
Ahora las aguas subterráneas
Las protestas sociales por la falta de agua potable fueron el común denominador durante el mes de abril pasado.
La corrupción y la falta de planificación en San Andrés ha hecho que la población adolezca de suministro de agua potable, el poco agua que se produce para uso doméstico, mas no para con
sumo no llega ni a un tercio del total de su población y la frecuencia del suministro a estas alturas de la modernidad es un contrasentido.
Las soluciones a la problemática han pasado por proyectos errados y costosos que solo han servido para alimentar la venalidad de los funcionarios de turno a cargo de las mismas. Desde redes de poca cobertura y presión hasta fuentes de abastecimiento que lo que han hecho es presionar y recargar los acuíferos subterráneos cuando existe mucha agua alrededor que procesar para suministrar a la población para consumo humano y uso doméstico.
Estas escandalosas soluciones propuestas por los gobiernos de turno parece confirmarlas el ex gobernador Álvaro Archbold Núñez quien en su blog denunció recientemente como en contratos de Consultoría se han botado miles de millones de pesos para sobre diagnosticar el problema mediante estudios sobre el comportamiento hídrico, climático y de vertimientos para la isla de San Andrés como los de Ingeominas de los años 1989, 1993, 1994 y 1997; el documento CONPES 3350; el de Ángel & Rodríguez de 1998; el de Ingestudios de 1997 denominado Proyecto de Desarrollo Institucional en el Estudio de la Demanda de Agua de San Andrés; el de Osorio de 2007 sobre los resultados de análisis para la base de datos de las redes de monitoreo de calidad, niveles y concesiones de agua subterránea en la isla de San Andrés, y el mismo de Proactiva del 2008 denominado “ Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos para la Isla de San Andrés, entre otros. Todas estas inversiones sin contar con los miles de millones de pesos que se gastaron en la década de los noventa en el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado y en los Planes Departamental de Aguas que se han gastado en las primeras décadas del 2000.
En el año 2008 la Corporación Ambiental de San Andrés y Providencia, suscribió el contrato de consultoría N0. 081 con Conservación Internacional Colombia en su calidad de responsable de la ejecución administrativa y financiera del Proyecto Piloto Nacional de Adaptación al Cambio Climático. El estudio dio origen al “Informe Final de Modelación del Acuífero de San Andrés bajo escenarios de Cambio Climático y usos del Recurso”; a juicio de Archbold Núñez “uno de los estudios más completos, rigorosos e innovadores de los que se hayan hecho sobre el tema para la isla de San Andrés, porque hace un análisis económico minucioso del costo de desalinización de agua en diferentes escenarios, haciendo una comparación entre los costos de desalinizar agua y los costos de potabilizar agua del Cove, que hacen viable la desalinización como alternativa de uso.”
Advierte que no obstante lo anterior, a pesar de los diferentes estudios realizados la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. Findeter utilizando la modalidad contractual de la consultoría, suscribió el contrato N0. 008 de 2015 con el Consorcio Asociacion CDM Smith – Ingesam. “El contrato de prestación de servicios de consultoría asciende a la suma astronómica de tres mil ochocientos noventa millones de pesos y que tiene como fuente para su financiación los recursos provenientes de los 70 millones del crédito del BID – que dizque nos han sabido regalar para contentarnos por la pérdida de nuestro territorio con motivo del adverso fallo de La Haya – tiene como objeto la recopilación y análisis de la información existente. Pero para mayor suspicacia y desconfianza parece ser – sujeto a próxima verificación – que la interventoría del contrato de consultoría adjudicado a dedo por Findeter a la empresa estadounidense será ejercida por una firma cercana a Proactiva Aguas de San Andrés S.A. E.S.P. Lo que demuestra que las llamadas ayudas internacionales cuando llegan a sus destinatarios podrían estar contaminadas condicionando los proyectos y programas a la contratación con ciertas empresas en detrimento del patrimonio público de las comunidades”
La solución siempre ha estado frente a todos. Y bien lo dice la ex directora de Coralina, Elizabeth Taylor Jay: La reciente crisis del agua en San Andrés quizá ha tomado a muchos por sorpresa, principalmente a quienes no conocen la realidad de la isla y que podrían preguntarse: ¿por qué la escasez de agua en un lugar totalmente rodeado de agua? Lo cierto es que esta isla, como muchas en el mundo, depende en su mayoría del agua subterránea para suplir la necesidad de su población. El problema es que su desarrollo desmesurado ha dejado atrás la costumbre ancestral de la comunidad raizal de recolectar y almacenar el líquido del acueducto celestial: la lluvia.
Justamente Coralina desde 1999 aplicó un plan de manejo de aguas subterráneas con acciones milimétricamente contempladas para asegurar un manejo eficiente y efectivo del recurso, entre estos un sistema de monitoreo y seguimiento de más de una década y media de calidad, disponibilidad y nivel de explotación.
“En realidad, el tema del agua tenía que reventar tarde o temprano, y aunque hoy se le atribuye toda la culpa al fenómeno de El Niño, a mi parecer no es el principal determinante. Habría que analizar otras situaciones que tal vez están pasando desapercibidas. Qué más podría esperarse en una isla con limitados recursos hídricos, con más de 100.000 habitantes y recibiendo casi un millón de turistas al año, con deficientes servicios públicos, incluyendo una red de alcantarillado circunscrita solo a la zona urbana con una limitada cobertura en este sector de 41,3 por ciento, lo que equivale a tan solo el 8 por ciento de la isla y favorece la contaminación permanente del agua”, explica la ex funcionaria.
Taylor no es muy convencida que la solución sea la de construir plantas desalinizadoras para aprovechar el agua del mar y producir agua potable. “(…) es supremamente costosa, con altas demandas de consumo de energía y que requeriría la importación de más combustibles fósiles con altos costos económicos y riesgos ambientales. Adicionalmente, hay que prever otros impactos por la succión del agua del mar, si se pretende producir volúmenes considerables del recurso para suplir las demandas actuales, principalmente del sector turístico (un habitante consume en promedio 150 lt/día, incluso menos, mientras que un turista, 295 lt/día, según datos de Coralina)”, explicó Taylor en un escrito a la revista ambiental Catorce6.
Por más tecnología que le incorporemos, no vamos a lograr solucionar los problemas de San Andrés si no atacamos uno de los más profundos: la presión sobre el recurso hídrico y otros ecosistemas sensibles de la Reserva de Biosfera Seaflower.
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