La cadena cerró varios almacenes ‘duty free’ en los principales aeropuertos del país y desistió de la relación comercial con la firma española Mango. Estudian alternativas para evitar despidos masivos.
El presidente del Grupo Wisa, Abdul Waked, insiste en que La Riviera no está incluida en la Lista Clinton y que demostrará que las acusaciones en su contra son infundadas.
Desde que se conoció la noticia de la inclusión del grupo panameño Wisa (Waked Internacional S. A.) en la Lista Clinton por presunto lavado de dinero, muchos miraron hacia La Riviera, las archiconocidas tiendas de perfumería y cosméticos de su propiedad.
Aunque La Riviera en sí misma no quedó en esta temida lista, por asociación con su casa matriz sí ha recibido todo el impacto mediático y del mercado. La razón es más que evidente. Estar en esta base de datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos es como la muerte en vida de una compañía: el sistema financiero le cierra sus puertas y eso significa quedarse sin oxígeno.
En Colombia, La Riviera tiene 105 tiendas entre propias y arrendadas, y la representación de marcas de lujo como Jimmy Choo, entre otras. Además, se alistaba para manejar la franquicia de la española Mango. Pues bien, no ha pasado un mes desde el anuncio de las autoridades estadounidenses, y ya comenzó el drama para esta cadena. En los últimos días han cerrado tres duty free (tiendas libres de impuestos) en los aeropuertos de Bogotá, Cartagena y Barranquilla, con lo cual quedarán desempleadas alrededor de 200 personas de las cerca de 1.200 que laboran actualmente.
El duty free del aeropuerto El Dorado es uno de los mayores. Sin embargo, debió cerrar su atención al público pues Opaín, el consorcio que tiene la concesión del terminal aéreo, le terminó el arrendamiento. Y podrían venir más cierres. Como el anterior, La Riviera tiene el 40 por ciento de los locales a título de alquiler, y ya varios propietarios están pidiendo terminar los contratos. Los propios tampoco tienen despejado su futuro, porque los bancos y los proveedores cortaron su relación comercial.
Además, cuando se acaben los inventarios la situación se complicará porque la compañía no puede importar. De hecho, las mercancías que quedaron en los duty free no se pueden vender en el territorio nacional y tendrán que devolverlas a Panamá.
“Hay que tratar de evitar una masacre laboral, que afectaría a muchas madres cabeza de familia que laboran en estos establecimientos”, dice Jaime Granados, el representante de los intereses jurídicos de La Riviera en Colombia, quien sostiene que uno de los más afectados será el archipiélago de San Andrés, donde están en juego cerca de 300 empleos.
Según Granados, La Riviera sufrió un verdadero tsunami que está afectando a muchas personas. Por eso, afirma que emprenderá acciones para buscar mecanismos que den seguridad jurídica a los empleados y lograr un adecuado manejo de activos. Una de las alternativas es constituir un fideicomiso de los activos en Colombia, previa autorización del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Esto le permitiría a la cadena volver a tener relaciones con los bancos.
Colombia fue el primer país fuera de Panamá al que llegó La Riviera. En 1994 abrió bajo el nombre La Parfumerie y en mayo de 2009 pasó a tener su marca actual. Se posicionó de inmediato gracias a su amplio portafolio de productos y su atención personalizada. Con lo ocurrido, los planes de expansión se fueron al suelo. Además de cerrar los duty free, la empresa también debió desistir de representar a Mango y tuvo que finalizar las operaciones comerciales con las cadenas Falabella y Fedco, a las que les suministraban productos.
Abdul Waked, presidente del Grupo Wisa, dice que su prioridad es limpiar su imagen y la de la organización. Asegura que los señalamientos por presunto lavado de activos son infundados y que, aparte del parentesco, no tiene ninguna relación económica o comercial con su sobrino Nidal Waked, detenido recientemente en Colombia. De hecho, el embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feely, le dijo al canal TVN del istmo que sobre Abdul Waked hay una actuación administrativa y no de carácter judicial.
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