No es para menos. Razón tiene el pueblo colombiano de declararse indignado luego del anuncio del gobierno de asignar una prima de siete millones 800 mil pesos mensuales (7’800.000) al salario de los congresistas, por lo que las redes sociales han movilizado a los colombianos a expresar su categórico rechazo a este privilegio que le ha restituido el Gobierno de Juan Manuel Santos Calderón a los legisladores colombianos luego que el Consejo de Estado le eliminara tales beneficios a éstos.
Frente a esta actitud que contrasta con la lentitud para resolver las problemáticas sociales como las reformas a la salud, el paro agrario nacional, la reducción necesaria al alto costo de la gasolina, hubo una fuerte respuesta de rabia e indignación a través de las redes sociales. Por ello, varios grupos, entre ellos el partido del Tomate, convocaron a un cacerolazo Nacional.
A través de las redes sociales las críticas contra la decisión presidencial no se hicieron esperar. “Es lo peor, no se justifica semejante desigualdad ante los ciudadanos que sí se rompen el hombro a diario por un mísero salario”, escribió @fedinos. Así mismo, @oskrgc escribió: “Eso no entra en discusión para el aumento, pero el salario del pobre pueblo lo miden con la inflación y otras excusas”.
“En su afán reeleccionista el presidente Santos intenta mantener su ‘Unidad Nacional’ contenta”, señaló @illidge10,
En medio del cúmulo de críticas, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le salió al paso al debate y dijo que la decisión presidencial “demuestra la firmeza del Gobierno que no actúa con base en las tendencias de las redes sociales”.
“El problema no era el Congreso, el problema era la función pública y lo responsable era mantener los sueldos (…) lo más fácil habría sido ejecutar la sentencia y bajar los salarios”, afirmó Cárdenas haciendo alusión al fallo de este año del Consejo de Estado y que se empezó a aplicar en septiembre, en el que eliminó dos primas que recibían los congresistas: de localización y de salud.
Tratándose de unos servidores públicos que reciben sueldos millonarios, que tienen a du disposición un presupuesto mensual de casi 30 millones de pesos para contratar el personal de sus UTL (Unidades de Trabajo Legislativo), servicio de telefonía celular pagado por el Estado, tablets, residencia en la capital, vehículo, tiquetes disponibles todas las semanas, indignó más aún a los colombianos que Juan Manuel Santos decidiera revivir con un decreto las primas que les había suprimido el Consejo de Estado, máxime cuando el ausentismo y la poca productividad de éstos es flor de cada día en el Congreso..
Lo que la dirigencia política, encabezada por el propio Jefe de Estado, no pareciera estarse dando cuenta, es que los colombianos ya no están dispuestos a seguir “llevando del bulto” sin protestar. Peligrosamente los políticos que parecieran seguir creyendo que pueden meterles los “dedos a la boca” a los colombianos, están incubando un caldo de cultivo hacia un alzamiento o levantamiento popular contra el estamento oficial.
La miopía y la mezquindad de quienes gozan de todos los privilegios que les genera la condición de ser servidores públicos que llegan a sus cargos gracias al favor popular, pero que olvidan rápidamente quienes los llevaron allá, está generando un fenómeno social colectivo de rechazo que recorre rápidamente la indignación de todo el pueblo, virtud de las redes sociales que hoy día marcan el pulso de los acontecimientos y ponen la agenda de la institucionalidad y de los medios de comunicación, a quienes desbordan obligando en algunos casos a reversar decisiones tomadas.
La dirigencia política no debería jugar con esa indignación y esas herramientas tecnológicas de movilización social, porque una “Primavera Árabe” podría estallar en cualquier momento en nuestro país y ya la primera muestra de ello lo dieron los campesinos colombianos.
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