* El entrampamiento institucional
* La demolición que conlleva un decreto
Declararle la guerra a la Constitución, violando el régimen de las consultas populares, como pretende el Ejecutivo con la emisión de un decreto espurio al respecto, es un flagrante atentado contra la democracia y el pueblo colombiano.
En efecto, se trata del entrampamiento a las instituciones con el fin de derruidas a la sombra de pantomimas y leguleyadas. Nada menos que una usurpación golpista con el objeto de evadir los controles democráticos. Y con ello romper la separación y equilibrio de las ramas del poder público. Por consiguiente: un zarpazo autoritario. Es decir, la instauración de la tiranía.
Ciertamente, el solo anuncio presidencial de anteayer de emitir un acto administrativo con el fin de convocar a la tal consulta, pasándose por la faja la negativa del Senado, es ya de por sí temerario. Porque entraña el deslizamiento hacia una actitud antidemocrática. Implica el rupturismo como designio. Y hace ostensible la exasperación política llevada al límite. En ese sentido, ni más faltaba que el obligatorio concepto senatorial, llevado a cabo dentro de los cauces constitucionales y sin los truculentos fraudes aducidos, fuera motivo de la arrogancia que hoy avanza tóxica. Salvo que de una vez por todas se desnude, con cualquier justificación, el asco que se tiene por el sistema de orden y libertades vigente en nuestro país.
Si fuera del caso, bastaría con recordar que, como norma general, los tiranos obedecen a una misma tipología. Que nace precisamente de la obnubilación por el poder. Y qué, descrito el tema en infinidad de estudios, siempre resulta del complejo de inferioridad que padecen. Si se quiere, un vacío temperamental irredimible, puesto que solo logran definirse en aquel, sin el cual no se hallan. Lo que por su parte los hace particularmente reactivos a cualquier sujeción legal. Todavía más, si deviene de la democracia. Inclusive el tipo histórico indica que en no pocas ocasiones utilizan, en apariencias benignas y dóciles, los canales democráticos para obtener el mando. Pero una vez incorporados hacen hasta lo imposible para demoler cualquier obstáculo en sus anhelos hegemónicos. Al fin y al cabo, lo que es determinante en los tiranos es que su sistema son sus instintos. Lo demás importa un bledo. Mucho menos los pesos y contrapesos institucionales.
Por supuesto, caso palmario el de Hitler y los nazis. Pero también de tantos otros. No es más, sino mirar el vecindario. Y eso que parecía tan lejano, como en Venezuela, con las extravagancias seudobolivarianas de la dictadura chavista y su fiasco popular, hoy a nadie escapa que comienza a respirar en la nuca de la democracia colombiana. De hecho, con mayor ímpetu a medida que se acercan las elecciones. Y esto mientras el gobierno, acaso en un recuento sucinto, naufraga en un mar de corrupción; avanza en el país el asesinato y la inseguridad sin talanqueras; la economía todavía desfalleciente se atenaza con nuevas cargas tributarias; la carestía prevalece; el desempleo disparado se camufla en la informalidad y en los enormes y sospechosos índices del trabajo por cuenta propia; vuela la exportación de cocaína; la salud vive una hecatombe; se mantienen las amenazas de apagón eléctrico; Ecopetrol llega a sus mínimos; a los más necesitados se les rapan las posibilidades financieras de la educación; pululan las denuncias de adicción a las drogas al máximo nivel de la Casa de Nariño y las reformas sociales no encuentran norte, a excepción del salvamento que pueda desplegar el Congreso contra las trabas oficialistas.
Justamente, una de las cuales consiste en esa maniobra ilegítima de citar a una consulta popular por decreto, contraviniendo el dictamen del Senado y a pesar de que la corporación discute con diligencia la materia laboral motivo del supuesto llamado consultivo. Bien sea ello por distracción de las corruptelas, bien por anticipar una improvisada palanca electoral sacada del sombrero, bien por marear al pueblo con cantos de sirena contradictorios frente a la posibilidad de dar curso inmediato a sus requerimientos en el Congreso, bien por simple y llana codicia política, no importa. El punto es que con esta conducta se lleva a pique la democracia. Y pare de contar.
Pero, del mismo modo, una coyunda así es abiertamente atentatoria de la paz y una violación al derecho y deber de ella a que obliga la Constitución. No en vano la Carta se debatió y expidió como un tratado dirigido a asegurar la institucionalidad pacífica. Desde luego, en caso de consumar el desaguisado, las instituciones tienen mecanismos para su amparo y protección inmediata. Por más guerra que se le declare a la Constitución, ella sabrá prevalecer con la asistencia ineludible y persistente de todos los demócratas colombianos. No a la tiranía.
Por 