Se busca conocer qué pasó con cinco mil millones de pesos para la obra.
En Bogotá, Rafael Romero, delegado de defensa, justicia y seguridad, de la Contraloría, está abriendo proceso de responsabilidad fiscal, vinculando a los servidores públicos que no han dado una respuesta satisfactoria sobre porque no se entregó el Centro de Atención al Menor Infractor de San Andrés.
Los jóvenes menores de 18 años que han cometido actos delictivos que es responsabilidad del Estado resocializarlos, tenían en San Andrés la posibilidad de contar con un sitio digno para que de la mano con expertos regresaran al seno de la sociedad para estudiar y trabajar normalmente pero en realidad todo se quedó en planes y con la inquietud de no saber qué pasó con los recursos que se habían destinado para tal fin.
Aún no se ha entregado la lista de funcionarios que tienen que ver con ese proyecto, pero se adelantó que pertenecen a las dos últimas administraciones departamentales. Los dineros fueron girados y la idea de esta investigación que se abre es que los recursos aparezcan o se detecte en donde están, en la cuenta bancaria de que entidad o persona.
Lo cierto es que cuando se pasa por la obra la gente encuentra una edificación en obra negra, rodeada de montey con el agravante de que ya se pagaron los recursos,casi del ciento por ciento de los contratos. Entre los hallazgos de la Contraloría está, que la misma comunidad denuncia que ha habido sobre costo en la compra del predio y además también en la construcción.
Lo que debía ser el Centro del Menor Infractor es un lugar abandonado, ahí no hay nadie. Y este fenómeno provocó que la Contralora Sandra Morelly preguntara: ¿Dónde están los menores infractores?, ¿Cuántos son? Y tiene razón. No pasan de 30 o de 40, los que están identificados y la obra vale casi cinco mil millones de pesos y no está prestando el servicio. Eso lo denunció la comunidad.
Cuando se observa el problema se encuentran excusas jurídicas a todo nivel, que hubo una consulta previa, que fue que presentaron una tutela, que se inició sin los requisitos previos y que quien sucede en el poder de la gobernación dice que como eso tiene problemas no continúa y la ciudadanía en espera de que se les brinde una solución y los recursos están desembolsados, salieron de las arcas del Estado y no se reflejan en un producto, en un servicio o bienestar para la comunidad. El caso fue ventilado con motivo de la rendición de cuentas que hizo aquí la Contralora Morelly, quien agradeció a las veedurías que se conviertan en los ojos y oídos de la entidad para poder desarrollar mejor su trabajo. “Son los propios ciudadanos quienes han identificado la problemática y nos queda relativamente fácil verificar qué es lo que ocurre”, dijo.
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