Juan Carlos Echeverry
(El País América)
La salud de 50 millones de colombianos queda en manos equivocadas. ¿Cómo llegamos aquí?
1. El dinero empezó a faltar de tiempo atrás en el sistema de salud, porque los jueces y la Corte Constitucional, y algún ministro de salud más generoso que riguroso, decidieron que todos los tratamientos (o casi todos), y todos los medicamentos (o casi todos), debían ser cubiertos.
2. Además, no debía haber diferencia entre los que pagaban (sistema contributivo) y los que no (subsidiado).
3. El sistema fue víctima de su propio éxito, pues en los últimos 20 años la demanda de servicios por habitante aumentó casi 40%, esto es, la frecuencia de uso por cada colombiano. La gente confiaba en el sistema. El exceso de demanda disparó los costos versus lo planificado.
4. La población empezó a envejecer más rápido y a ser más longevos. Con menos jóvenes y más viejos, los costos crecientes sobrepasaron los aportes contemplados. El hueco fue cubierto con impuestos.
5. Luego surgió el problema de validación de facturas, retrasos en los reconocimientos de los tratamientos realizados, de los que se derivó buena parte de los problemas de caja de las aseguradoras (EPS) y las prestadoras (IPS).
6. En salud, a diferencia de otros sectores, el cambio tecnológico, en lugar de bajar costos, los aumentó. A raíz de la propiedad intelectual, los medicamentos nuevos han incrementado el costo de la salud en todo el mundo. Dado que los jueces decidieron dar todo a todo el mundo, esto repercutió en la insostenibilidad financiera.
En esas estaba el sistema de salud cuando llegó el actual gobierno. La animadversión con un sistema que combinaba agentes privados y públicos llevó a tomar una serie de decisiones desacertadas:
a) En 2022 y 2023 no aumentó el monto del pago por afiliado para las EPS.
b) No hizo los pagos de los llamados “Presupuestos Máximos” (PM, una cantidad adicional pequeña por afiliado a la EPS para cubrir servicios no cubiertos por el plan de beneficios); la Corte Constitucional ordenó hacerlo, pero el gobierno no pagó el monto total adeudado.
c) Retuvo dineros adeudados a las EPS, especialmente por pagos y servicios prestados durante la emergencia del COVID.
d) Reasignó muchos pacientes con enfermedades crónicas a las mejores EPS (Salud Total, Sanitas y Sura), aumentando sustancialmente su costo, sin subir los recursos.
e) Hizo un cese repentino de la atención a problemas sistémicos represados desde la pandemia, como cirugías y tratamientos de alto costo.
Con esta seguidilla de acciones se dio el puntillazo final al sistema de salud. Creer, como hace el gobierno, que remover las EPS resuelve los problemas de fondo es equivocado. Pero sin las EPS aparecen otros problemas:
Desaparece el doliente de los costos y se entra a un periodo de inflación de precios de tratamientos y medicamentos, sin que ningún agente ejerza control.
El control fiscal lo deberá hacer cada alcalde (hay 1.120, la mayoría sin capacidad para el efecto), el gobernador o vaya usted a saber quién.
En Colombia, a finales de 2023, se prestaban alrededor de 1,1 miles de millones de servicios de salud al año (alrededor de 3 millones por día). ¿Quién va a auditarlos y a comprobar que efectivamente fueron servicios prestados? Ahí surgirá una corrupción de proporciones bíblicas.
Desaparece el responsable real de la salud de los pacientes.
¿A quién le vamos a reclamar ahora?
Las obligaciones que recaían en las EPS se diluirán entre una telaraña de organismos y empleados públicos, sin que nadie responda, como sucede en la actualidad con la salud de los maestros; mientras la salud de la gente se deteriora, los medicamentos no aparecerán, cosa que ocurre, por primera vez en 30 años.
El riesgo fiscal para los contribuyentes en los próximos cinco a diez años puede ser descomunal.
Se llega al precipicio económico cuando se pide a un Estado algo que física y económicamente no puede dar de sí.
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