Este contrato junto a otro de 50 millones de pesos por una costosa oficina de prensa, hacen parte de los cientos de millones de pesos gastados por la administración de Arturo Robinson Dawkins en las pasadas fiestas folcloricas, culturales y deportivas de Providencia.
Desde los mismos días en los que se desarrollaban las festividades folclóricas, deportivas y culturales de Providencia, The Archipiélago Press ha intentado acceder al presupuesto invertido por la Alcaldía Municipal, como quiera que algunas versiones indicarían que esa administración habría invertido más de mil millones de pesos en la realización de cuatro días de carnaval.
Sin embargo el interés periodístico ha topado con la negativa de la administración a entregar la totalidad de contratos y convenios inter administrativos que ejecutó el gobierno de Arturo Robinson Dawkins para la realización del emblemático evento de los providéncianos que cada año se celebra en el mes de junio.
El 24 de junio esta redacción elevó un derecho de petición a la administración municipal para que entregue toda la información, pero ésta se ha negado de manera sistemática a entregar la documentación y solo hasta el 28 de julio, a instancias de un alcalde encargado, Crispín Newball Archbold, se respondió la petición, cuando ya por acción de tutela se le había obligado al Gobierno Municipal responder lo solicitado.
Entonces el funcionario remitió a esta redacción a consultar toda la documentación en la pagina del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, la información solicitada, y obligar al pago de un millón 200 mil pesos por el pago de las copias solicitadas alegando que se trata de cerca de 600 contratos ejecutados por el Gobierno Municipal en el presente año.
La respuesta dilatoria busca evitar el acceso a la documentación y a determinados contratos, como quiera que para ubicar información puntual en el Secop se necesitaría el numero de contrato, contratista, objeto y valor, como quiera que el sistema maneja toda la contratación del Estado incluyendo más de mil municipios, 32 departamentos, todos los entes del Gobierno Nacional, de los entes descentralizados de las tres ramas del poder público más los entes de control.
Los cientos de millones del Festival de Providencia
Y al consultársele sobre los gastos del Festival Folclórico, Cultural y Deportivo, el alcalde encargado aseguró que “se celebró convenio de asociación para la ejecución de los festivales de Providencia con la Asociación Casa de la Cultura, la cual cumplió con la traída de los artistas. (…) fueron contratados por la dicha entidad a través de contratos de prestación de servicios por el derecho privado, en consecuencia, este municipio no posee copia de dichos contratos, los cuales deberán ser solicitados de manera expresa a la asociación”.
Para ese evento se trajeron cuatro artistas internacionales, nueve artistas nacionales, tres disc jockey del Departamento y once grupos y solistas locales, todos contratados por la Asociación Casa de la Cultura, pero cuyo valor no ha querido revelar la Alcaldía ni entregar copias del convenio con que se ampararon estas contrataciones.
A lo que sí tuvo acceso The Archipiélago Press fue a un convenio que curiosamente parece haber olvidado mencionar Newball Archbold entre el Municipio de Providencia y la Cámara de Comercio de San Andrés por 348 millones 689 mil pesos, de los cuales la Cámara de Comercio aportó 15 millones 849 mil pesos y la Alcaldía aportó 332 millones 839 mil pesos. Se trata del Convenio 004 de 2014 para aunar esfuerzos para la cooperación y asociación para el apoyo y fortalecimiento de las expresiones artísticas y culturales para afianzar la identidad de la población del Municipio de Providencia y Santa Catalina. Con este convenio se financió parte de la logística del festival.
De ese convenio llama la atención que por orden de la Alcaldía Municipal, la Cámara de Comercio se gastó 332 millones de pesos en cuatro rubros: una costosa oficina de prensa de 50 millones de pesos y una escandalosa contratación en la compra de tiquetes aéreos por 200 millones de pesos.
Solo la logística (sonido, carpas, luces, producción musical, pantallas y video beam), más asesorías en bailes típicos, etiqueta, protocolo y pasarela parecen haber cobrado pagos razonables de esos 332 millones de pesos gastados. En la logística se destinaron 65 millones de pesos pero se le deben aún 15 millones de pesos al contratista, y al asesor de pasarela aún se le debe la totalidad de su trabajo, es decir 19 millones de pesos.
Lo que si resulta bastante escandalizante es que por orden de la Alcaldía Municipal de Providencia se le hayan pagado 200 millones de pesos a la agencia Viajes Caravana Limitada de la ciudad de Cartagena, los cuales se le transfirieron mediante transferencia bancaria electrónica, primero mediante un pago anticipado de 100 millones de pesos y luego dos pagos de 48 millones y 49 millones 055 mil 554 pesos, para el “servicio de transporte aéreo de los grupos musicales nacionales e internacionales que se presentaron en el 41 festival folclórico de Providencia”.
De este pago llama la atención que los valores pagados a la Agencia de Viajes Caravana Ltda. se hicieron en una forma generalizada que en las facturas de venta nunca se detalló la cantidad de tiquetes expedidos, y que con solo mediar una solicitud de anticipo de 100 millones de pesos, de inmediato se le hizo la primera transferencia.
Pero peor aún, en la factura de venta No. 31602, expedida el 2 de julio de 2014 por la tiqueteadora María Archbold de Viajes Caravana Ltda. de Cartagena, por un valor total de 197 millones 055.544 millones de pesos, no de detalla la cantidad de tiquetes cobrados si no que se cobra de manera general por la “expedición de tiquete para la realización de diferentes intercambios culturales a nivel nacional e internacional”.
Estos 200 millones de pesos además de ser una exagerada y escándalo contratación para un evento cultural, se constituye además en una fuga de capital local, como quiera que en Providencia existe una agencia de viajes cuyo propietario paga por ese y otros negocios en la isla sus impuestos a la administración y genera empleo doméstico, lo mismo que otras agencias que funcionan en San Andrés y que no fueron seleccionadas para suministrar tiquetes, si no que tales dineros beneficiaron a empresarios cartageneros.
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