
The Archipelago Movement for Ethnic Native Self-Determination AMEN-SD, reitera su total preocupación frente a la decisión tomada el día de hoy 25 de septiembre por el Magistrado del Tribunal Superior de Bogotá que actúa como Juez de Control de
Garantías en el caso que se sigue contra el Gobernador Raizal Everth Hawkins ante la Corte Suprema de Justicia, aceptando la solicitud de medida de aseguramiento de
detención preventiva consistente en detención domiciliaria iniciada por la Fiscalía General de la Nación.
Es de común conocimiento, que posterior a la detención domiciliaria el Gobernador
Everth Hawkins será apartado del cargo por el Presidente de la República, y en uso de
sus facultades deberá encargar su remplazo temporal.
La razón de nuestra
preocupación y por la que hemos puesto en conocimiento de estos hechos a la Honorable
Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, es la vulnerabilidad y riesgo inminente en el que se encuentran expuesto los derechos políticos a la
Autodeterminación y el Autogobierno del Pueblo Raizal del Archipiélago, al ser usurpados nuevamente por el Centro, como ha ocurrido en años anteriores, reiterando sus prácticas colonialistas que han venido aplicando sobre nuestro territorio desde hace doscientos años, en abierta contradicción a la Democracia y el derecho a elegir y ser elegidos para llevar las riendas de nuestro territorio ancestral, como los establece el Convenio 169 de la OIT y las Resoluciones 1514-XV, 1541-XV, 1654-XVI de las Naciones Unidas.
De igual manera, manifestamos enfáticamente, que esta decisión que consolida la materialización de la violación de los derechos del Gobernador Everth Hawkins, es tomada por las autoridades del Estado colombiano, en estos momentos cuando la crisis generada por la Pandemia del COVID-19 ataca a nuestro territorio sin discriminación,
exponiéndonos ante una crisis de gobernabilidad por cuenta de lo imprescindible y urgente la continuidad de la función administrativa, poniendo en riesgo la garantía de losderechos a la vida, a la salud, la dignidad humana y demás derechos económicos, sociales y culturales conexos del Pueblo Raizal, así como del resto de la población del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sobre todo adultos mayores
y personas con comorbilidades.
Por tal razón, exigimos al Presidente de la República, que la decisión de designar a una persona de manera temporal en el cargo de Gobernador, sea un miembro del pueblo
Raizal del Archipiélago, de las más altas calidades profesionales y a su vez goce de
respetabilidad y aceptación de nuestro Pueblo, y por el contrario se abstenga de nombrar
una persona ajena a nuestro territorio.
Reiteramos a la CIDH, la solicitud de medidas cautelares MC-899-2020 que se presentó en conjunto con el Movimiento MAPPA, para que se adopten las medidas idóneas,
necesarias y oportunas por parte del Estado colombiano, encaminadas a garantizar la plena vigencia los derechos de los miembros del Pueblo Raizal, incluyendo al
Gobernador Everth Hawkins, y a los demás residentes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el marco de la Crisis del COVID-19.
Imágen tomda de: Semana.com