Posted by The Archipielago Press on Monday, August 8, 2022
La Fiscalía detectó posibles anomalías en la contratación de un estudio técnico de rediseño administrativo de la alcaldía municipal.
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La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del alcalde de Balboa (Risaralda), Humberto Vásquez Vásquez; el jefe de Control Interno municipal, Diego Franco Barco; el secretario de Planeación de. Balboa, Víctor Yesith Sánchez. Lozano; y la contratista María Isabel Morales Hidalgo como presuntos responsables de varias inconsistencias en un proceso contractual.
El contrato investigado fue suscrito el 17 de septiembre de 2020, por valor de $50’800.000, y tenía por objeto realizar un estudio técnico de rediseño institucional para definir una nueva estructura organizacional y planta de personal para la Alcaldía de Balboa.
Al parecer, se realizaron informes previos sin tener en cuenta análisis de mercado y de precios, se aceptó un certificado de idoneidad del contratista, el cual contenía información falsa; y fue adjudicado el contrato sin que se realizara una selección objetiva con más oferentes.
La persona que habría sido favorecida con el contrato no contaba con capacidad jurídica, infraestructura o experiencia, por lo que acudió a un tercero para que ejecutara la labor; sin embargo, se constató que los funcionarios de la alcaldía terminaron por hacer el rediseño institucional.
Posted by The Archipielago Press on Monday, August 8, 2022
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El material de prueba indica que, con la firma del contrato, se entregó de manera anticipada el 50% del valor pactado, sin que la interventoría recibiera y aprobara el plan de inversión.
Todas las actividades ilícitas detectadas generaron un posible detrimento patrimonial superior a 50 millones de pesos.
En ese sentido, una fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Risaralda imputó a los funcionarios y al particular los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados, quienes deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia.
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