Los profesionales de la salud laboraban en una clínica particular y en el hospital de Saravena (Arauca).
Adicionalmente, fue judicializado un hombre señalado de trasladar personas que harían parte del grupo ilegal.
Bogotá D.C., 13 de abril de 2022. La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de un médico y una enfermera, como presuntos responsables de brindar asistencia a los integrantes de la estructura Ernesto ‘Che’ Guevara del ELN, así como de practicar abortos y otros procedimientos no consentidos a las mujeres que hacían parte del grupo ilegal.
Se trata de Carlos Antonio Valdés Zuluaga, quien sería el gerente de una clínica de Saravena (Arauca) y profesional adscrito al hospital municipal; y Bellany Castro Quintero, alias La Caballota, Bella o Gladys.
Adicionalmente, fue vinculado a la investigación William Efraín Higuera Chacón, señalado de comunicar las instrucciones de los cabecillas y de transportar a las personas que harían parte del grupo ilegal.
Actuar clandestino
Los dos profesionales de la salud, al parecer, facilitaban el ingreso a los centros asistenciales de integrantes del ELN heridos o con graves enfermedades tropicales; y, supuestamente, les daban un trato privilegiado.
Asimismo, hay evidencia de que también habrían viajado a los campamentos de la estructura criminal en Venezuela para realizar tratamientos, dar capacitaciones en diversos temas de salud y llevar dinero.
Una mujer que abandonó el grupo ilegal aseguró haber sido víctima de Valdés Zuluaga y la enfermera Castro Quintero, y los reconoció como las personas que le practicaron un aborto no consentido.
Asimismo, indicó que fue testigo y conoció de casi 40 embarazos
interrumpidos a la fuerza por los hoy procesados. De acuerdo con el relato, la mayoría de las mujeres afectadas serían menores de edad.
El material de prueba da cuenta de que estas conductas, presuntamente, ocurrieron desde
2014 a la fecha. En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó al médico y a la enfermera, según el posible nivel de
responsabilidad, los delitos de: aborto sin consentimiento, rebelión, y financiación del
terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
De otra parte, el señor Higuera Chacón fue imputado por el delito de rebelión.
Los procesados no aceptaron los cargos. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia, al considerar que no
registraban antecedentes judiciales y tenían arraigo.
La Fiscalía continuará las investigaciones para dar con otros presuntos responsables de los abortos realizados y ubicar a otras posibles víctimas de estos procedimientos.
Esta información se publica por razones de interés general.
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