El espacio genera grandes beneficios para la economía del país; además de ser el hábitat de cientos de especies.
Una nueva polémica territorial se disputa entre Colombia y Nicaragua luego de que se conociera la noticia de que el Gobierno nacional, encabezado por el presidente Iván Duque, y en vocería de la cancillería, había enviado, el pasado 16 de febrero, una misiva en la que mostraba su desacuerdo frente a la decisión del Gobierno de Nicaragua por la ley aprobada recientemente, por la Asamblea Nacional de ese país, mediante la cual se establece unilateralmente la llamada “Reserva de Biósfera del Caribe nicaragüense”. En dicho espacio, se incluye a la Reserva de Biósfera Seaflower, de la que Colombia sería dueña. ¿Qué sucede con la reserva? ¿Qué es? ¿Por qué es importante?
De acuerdo con información tomada del portal web de Seaflower, se trata de un espacio declarado como reserva de la Biosfera, en el año 2000, por el programa “Man and Biosphere”, de la UNESCO. Según el reporte, su ubicación se registra en el Caribe Occidental en Colombia, y abarca la totalidad del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El espacio que ocupa dicha reserva, según información oficial, es de de 180.000km2, de los que 57km2 son terrestres, e incluye 3 islas mayores (San Andrés, Providencia y Santa Catalina), 7 islas cayo (Serrana, Serranilla, Alburquerque, Roncador, Quitasueño, Bajo Nuevo y Cayo del Este y Sudeste) y varios bajos y bancos.
“Es una decisión unilateral de Nicaragua que desconoce la existencia y logros en términos de protección ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower, declarada como tal desde el año 2000 por la UNESCO”, explicó la Cancillería.
El 28 de enero pasado, según informaron medios de comunicación nacionales y nicaragüenses, la Asamblea Nacional de dicho país, aprobó la creación de la “Reserva de Biosfera del Caribe Nicaragüense”, que incluye a Seaflower, y que contemplaría un área de 44.157 kilómetros cuadrados. La iniciativa fue aprobada con 75 votos a favor y enviada, con carácter de urgencia, según reportes oficiales, al presidente, Daniel Ortega.
Según explicó el Ministerio de Ambiente de ese país centroamericano, la idea de la creación de este espacio, que según Colombia estaría invadiendo su territorio, es “proteger el patrimonio natural de la nación y garantizar el ambiente del pueblo a un ambiente saludable para enfrentar las consecuencias del cambio climático”, comentario al que se sumó la diputada Florence Levy Wilson, que aseguró que se tomaba la decisión, “en defensa de nuestros recursos naturales, de aquellas potencias neocoloniales que han estado acaparando y destruyendo”.
La revista Semana, en su espacio, Semana sostenible, hacia 2017, expuso un informe de la Comisión Colombiana del Océano (CCO), llamado ‘Aproximación a la valoración económica ambiental de la Reserva de Biósfera Seaflower’, en el que se concluía que el espacio, que ahora hace parte del nuevo espacio creado por Nicaragua, pero que sería propiedad de Colombia, generaba, en ese entonces aportes de entre los 267.000 y los 353.000 millones de dólares al año.
Así mismo, en su momento, el informe destacó que esa reserva es la Reserva de Biósfera más grande del mundo, y que 78% de las áreas coralinas colombianas estaban allí. Además de contar con 57 especies de coral, de las cuales el 90%, para ese año, estaban en la Lista Roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El informe resaltaba que, en dicho espacio natural, se encuentran 407 especies de peces, y es el hábitat de cerca de 157 especies de aves.
El Gobierno colombiano fue enfático en rechazar la decisión de Nicaragua y, en el documento de la cancillería se aseguró que, “la declaratoria representa un intento más por parte de Nicaragua de generar hechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el objetivo de aparentar cumplimiento y respeto por las normas sobre derechos humanos y medio ambiente, pese a que ya es de amplio conocimiento por la comunidad internacional que las autoridades nicaragüenses son infractoras sistemáticas en estas materias”.
Lo que espera a la situación, según explicó el comunicado del Estado colombiano, es un diálogo para resolver la situación que, según Colombia, “no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental”.
El gobierno nacional aseguró que se esforzaría, fervientemente, para defender los derechos de la población Raizal y de todos los habitantes del Archipiélago, y reiteró su interés de adelantar un diálogo abierto con los Estados del Caribe suroccidental. De acuerdo con el Gobierno nacional, lo ideal es encontrar soluciones que permitan la creación y ejecución de estrategias de protección y conservación de los espacios marítimos y los recursos de la Reserva de Biósfera Seaflower. Tomado de INFOBAE
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