Las posibles concesiones petroleras son el trasfondo de la “reserva de Biósfera” creada por Daniel Ortega en el Caribe y que enfrenta nuevamente a ambos países. Reportaje desde Managua.
El gobierno de Daniel Ortega ha querido ampliar sus dominios en el mes de febrero: primero apuntó al cosmos y creó la “Secretaría Nacional para asuntos del espacio ultraterrestre, la Luna y otros cuerpos celestes”, en una quimérica carrera por “explorar” más allá de la atmósfera de la Tierra.
Y en seguida declaró la “reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense”, una decisión de pretensiones más terrenales, que ha vuelto a enfrentar diplomáticamente a Colombia y Nicaragua.
El Parlamento nicaragüense, dominado por el partido de Gobierno, aprobó esta semana “con carácter de urgencia” la nueva “reserva de Biósfera” en un territorio que por años estuvo sumergido en un conflicto limítrofe entre Managua y Bogotá hasta 2012, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló y delimitó la plataforma continental entre ambos países.
El principal reclamo de la Cancillería de Colombia es que la “reserva de Biósfera del Caribe Nicaragüense” incluyó “porciones del mar Caribe colombiano como suyo”.
Sin embargo, en Managua, biólogos y ecólogos marinos independientes del Gobierno opinan que la declaratoria de Ortega no se apropia de territorio colombiano, pero sí la catalogan como “negligente”, sobre todo porque en su justificación legal ignora por completo la reserva Seaflower, ubicada al oeste de la zona en cuestión.
“No está en discusión el tema del límite y la soberanía en este momento. ¿Por qué?
Porque lo que está haciendo Nicaragua es establecer una categoría a un territorio que le pertenece.
Sin embargo, se desconoce de manera negligente la categoría internacional de Seaflower como Biósfera”, dijo a SEMANA Amaru Ruiz, biólogo y presidente de la Fundación del Río, una entidad especializada en zonas protegidas.
A lo que se refiere el biólogo es que el título de “reserva de Biósfera” no fue otorgado a Nicaragua por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como se debe, sino que se trata de una categoría acuñada por los diputados obedientes a Ortega. A partir de esa definición inicia la negligencia que critican los expertos, quienes señalan que Managua pudo haber creado soberanamente otra categoría, pero no usar el rango de biósfera, ya que “compite” con el estándar internacional de Unesco.
“La reserva de Biósfera, en principio, no debería ser una categoría nacional de área protegida. Este es un problema que existe en la legislación nicaragüense, porque la reserva de Biósfera es un reconocimiento que hace la Unesco en un área que tiene características especiales y que debe ser manejada de una forma particular”, dijo Fabio Buitrago, el ecólogo marino más reputado de Nicaragua.
“En este caso, la reserva de Biósfera Seaflower ya existía antes del fallo de La Haya, que reconoce la soberanía del territorio nicaragüense en parte del territorio que anteriormente era administrado por Colombia”.
Ortega no consultó a nadie
Tras el veredicto de La Haya en 2012, ambos países comparten la reserva de Biósfera Seaflower, es decir, que tiene carácter transfronterizo, porque los expertos argumentan que la naturaleza no tiene fronteras. “No le podés decir a una corriente marina ‘no te vayas a Nicaragua o quédate en Colombia’… como no le podés decir a un pez ‘mirá hasta aquí es el límite, quédate aquí’. Eso es irrelevante para la naturaleza, porque entonces toda esta relación ecológica es en todo ese territorio, sin importar las fronteras que la definen los Estados”, acota Ruiz.
Aunque no justifica la actuación de Managua.
El Gobierno de Ortega no consultó ni con la Unesco, ni mucho menos con Bogotá la creación de esta reserva de Biósfera. “Esta medida de Nicaragua no cumple con los requisitos y procedimientos internacionales para el reconocimiento de áreas y lugares de especial interés y protección ambiental”, reclama la Cancillería colombiana.
El ecólogo Buitrago considera que lo mejor “desde el punto de vista técnico” hubiese sido crear un área protegida como “un paisaje marino o reserva natural en el territorio” que corresponde a Nicaragua, para administrar como parte de la reserva de Biósfera Seaflower en conjunto con Colombia.
Lo peor para los expertos nicaragüenses es que Ortega declaró esta nueva “reserva de Biósfera” de forma relámpago, incumpliendo toda normativa al respecto. Es decir, no se conocen estudios, como sí los hizo Colombia, para argumentar que Seaflower poseía los atributos para ser considerada reserva de Biósfera.
“El Reglamento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Nicaragua establece una serie de requisitos: estudios en todo lo físico, químico, ambiental, social, etcétera, para determinar los límites, las actividades que se pueden establecer, las actividades que no se deben realizar… todo el andamiaje de la reserva.
Y además dedicar recursos para administrar esa área protegida. Yo dudo que haya estudios, porque los poquísimos expertos en términos marinos que existen en Nicaragua no nos enteramos”, sostuvo el director de la Fundación del Río.
Concesiones, la intencionalidad de Ortega
La nueva “reserva de Biósfera” creada por Ortega es la más grande ahora en territorio nicaragüense. Mide 44.157 kilómetros cuadrados, superando por más del doble a Bosawás y por mucho a Ometepe. Toda esta porción del mar Caribe, incluido lo que está bajo dominio colombiano, siempre ha sido deseada por sus recursos pesqueros y la exploración para hidrocarburos.
Aunque una reserva de Biósfera declarada por la Unesco está protegida para estos fines, el biólogo Ruiz cree que Ortega podría estar pensando en concesiones pesqueras y de exploraciones petrolíferas.
De hecho, la administración sandinista ha sido criticada por su modelo extractivista, y denunciada por pueblos indígenas y organismos internacionales por otorgar concesiones mineras en territorios protegidos. “
¿Cuál es la intencionalidad de Ortega? Las concesiones. Ya hay alrededor de esa área concesiones de exploración de hidrocarburos”, alertó Ruiz.
De hecho, un año después del fallo de La Haya, el caudillo sandinista dijo que otorgó una concesión de exploración de petróleo y gas en el territorio, pero no reveló el nombre de la concesionaria.
A mediados de 2013, según el acuerdo presidencial 140 de ese mismo año, Ortega autorizó al ministro de Energía, Emilio Rappaccioli, negociar con la petrolera española Repsol un contrato de exploración y explotación de yacimientos petrolíferos en el mar Caribe.
El principal argumento del mandatario sandinista fue que Colombia hizo lo mismo mientras gozó de la soberanía del territorio reasignado por La Haya a Managua.
“Uno puede ver los datos de gran explotación petrolera y obviamente han facilitado la legislación en términos de exploración de hidrocarburos. Es decir, quien encuentre recursos petroleros debe asociarse con el régimen de Ortega para la venta de esos recursos”, advirtió Ruiz.
Los cayos en disputa son claves porque cada uno puede significar miles de millas de mar territorial.
“¿Qué pensamos nosotros? Que omiten la categoría internacional de Seaflower y declaran una categoría nacional en el sistema de áreas protegidas de Nicaragua para ingresarlo al sistema legal.
Luego puede ser modificado para establecer concesiones dentro de sus áreas protegidas. Así omiten la declaración internacional y ya no tendrían inconvenientes”, sostuvo el director de la Fundación del Río.
Ruiz cree que “Colombia se está curado en salud” con esta enérgica nota de protesta.
Según él, Bogotá intuye posibles concesiones en el mar Caribe e invoca el “derecho de prevención”.
“Aunque no es una cuestión de límite, en el derecho internacional se conoce el principio de prevención, que dice que un Estado no puede desarrollar acciones que pongan en peligro los ecosistemas naturales de otro Estado.
Y aunque no haya certeza científica, es decir, no hay un estudio de investigación que determine que hay daño, esas actividades deben de cesar, si no estarían impactando sobre los recursos naturales del país vecino”, explicó el experto.
Dudan de capacidad de Nicaragua
Así como Nicaragua no tiene ni recursos ni suficientes expertos calificados para explorar el espacio, tampoco existe capacidad instalada para gestionar una “reserva de Biósfera” en el Caribe.
“Quien tiene más capacidad hoy para atender una reserva de Biósfera es Colombia. Es quien ha hecho los estudios pertinentes.
Aparte de todo el andamiaje que se debe establecer, también hay que dedicar recursos para administrar esa área protegida”, insistió Ruiz.
Por su parte, el ecólogo Buitrago cree que la declaración hecha por Ortega persigue réditos políticos.
“El Gobierno quiere hacer uso del instrumento de la reserva de Biósfera cuando está buscando cómo limpiarse las manos y lavarse la cara en relación con el mal manejo de los recursos naturales que ha tenido en el territorio nacional, y el hecho de que les ha dado la espalda al mar y al manejo y la conservación de los recursos marinos”, sostuvo el experto.
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