Por: Juan Alberto Hurtado
TW: @juanhs17
La constitución del 91 es la piedra angular en la cual se sostiene la democracia de nuestra amada República de Colombia. Gracias a esta, entes de control existen como parte fundamental de protección de nuestro patrimonio nacional y de nuestros valores democráticos, de justicia, económicos, sociales, entre otros. Uno de estos entes es la Contraloría General de la República y, para empezar, vale la pena preguntarse lo siguiente: ¿Es este un ente burocrático costoso o un ente de control eficaz? Qué tal si dejamos que la evidencia, los números, los hechos, los datos y que el contexto hable por sí solo. Pero antes de eso, es importante exponer, brevemente, cómo funciona esta entidad y qué es lo que se espera de ella.
Primero, cabe aclarar que, a partir de la constitución del 91, el control fiscal se divide en dos partes: el previo y el posterior. El primero lo ejerce la administración pública (control interno, artículo 209 de la Constitución), en otras palabras, la Veeduría ciudadana y, el segundo, está a cargo de la Contraloría General de la República (artículo 267). Entonces, según lo anterior, los mecanismos para vigilar todo proceso en contratación previo a la adjudicación, los ejerce la ciudadanía y, la función durante y posterior la realiza la Contraloría.
Es así entonces, que la Contraloría General, no puede ejercer un control previo a la contratación, lo que quiere decir, que, para otorgarle dicha facultad a este ente, sería necesario realizar una asamblea constituyente o reforma constitucional. No obstante, previo a la Constitución del 91, este órgano de control tenía la facultad de prevención que, en su momento, sirvió de engranaje al clientelismo político que derivó en más de 17 mil cargos de libre nombramiento y libre remoción. En pocas palabras, más corrupción, más gasto y más politiquería.
Lo anterior, no quiere decir que en la actualidad el ente esté libre del clientelismo y la politiquería, ya que todavía hay puestos claves en la entidad que son de libre nombramiento y libre remoción. Pero entonces, surge otra pregunta: ¿es buena idea devolverle esta facultad de control previo a la Contraloría General como lo plantea el actual Contralor Felipe Córdoba?
A continuación, la Contraloría en uno de sus más recientes informes afirma lo siguiente: entre 2014 y 2018 se abrieron procesos de responsabilidad fiscal por valor aproximado de 21,6 billones de pesos. De este monto, se logró hacer imputaciones por valor de 1,6 billones y tan solo se lograron recuperar 409 mil millones. Es decir, del total de los procesos de responsabilidad fiscal en un periodo de 4 años, la Contraloría apenas recuperó el 2%. Peor aún, el Contralor en el 2019 aseguró que el 0,22% del Presupuesto General de la Nación (PGN), que tenían asignado se quedaba corto, por lo tanto, el año pasado se solicitó el 0,28% más. Es válido aclarar que, en el PGN para el 2020 se le asignó a la Contraloría $570.000 millones de pesos, lo mismo que se destinó para el año en curso en ese entonces.
Quizás esos recursos adicionales se deberían destinar a la creación de un centro de inteligencia que pueda estudiar y diseñar políticas de lucha contra la corrupción de manera sistemática y permanente. Además, hay necesidad de contratar un sin número de investigadores que puedan lograr contrarrestar la corrupción que le cuesta a la nación entre 30 y 40 billones, según cifras de la propia Contraloría. Pero el problema de la corrupción va más allá del robo descarado de los recursos de la nación, pues según el anterior Contralor General, Maya “está probado que, si no hay sanción disciplinaria, si no hay sanción penal, es un rey de burlas.”, esto quiere decir, que aun cuando se logra identificar a los corruptos, la justicia no opera y estos siguen libres y disfrutando de su botín como si nada.
Ahora volvamos a las cifras, si la Contraloría le cuesta anualmente al Estado 570.000 millones y, en cuatro años logra recuperar 409.000 millones, eso quiere decir que, en un supuesto en el cual se recupere la misma cantidad por año:
409.000/4 = 102.250
(Se recupera por año 102.250 millones de pesos)
120.250/570.000 = .1794 ó 17.94%
El órgano de control se gasta anualmente 4.7 veces más en operar de lo que es capaz de recuperar, en otras palabras, del monto que invierte en control fiscal solo recupera 18%. Para hacer un símil, es como si un empresario se gastara 570.000 millones de pesos para terminar en su ciclo contable con pérdidas netas del 80%.
En conclusión, aparentemente el Estado tiene en la Contraloría General un ente burocrático plagado de ineficiencia y, en cierta forma clientelista, que le representa un gasto de 570.000 millones de pesos anuales, con capacidad de recuperar tan solo 18% de lo invertido en control fiscal para el mismo periodo. Simplemente absurdo.
Paula Orduña Toscano, editora.
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