Los habitantes de San Andrés rechazaron las nuevas pretensiones del gobierno de ese país. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) confirmó la demanda de Nicaragua a Colombia en la que reclama la delimitación marítima más allá de las 200 millas náuticas desde su costa del Caribe.
«Nicaragua inició una demanda contra Colombia para determinar la delimitación de las fronteras entre la plataforma continental de Nicaragua más allá de las 200 millas náuticas y la plataforma continental de Colombia», dijo la CIJ mediante un comunicado. En su nueva demanda, Managua solicita que el Tribunal determine «el curso preciso de la frontera marítima entre Nicaragua y Colombia en las áreas de la plataforma continental que pertenece a ambos países más allá de los bordes delimitados por la Corte en su fallo del pasado 19 de noviembre de 2012».
En el fallo del pasado noviembre, la CIJ definió los límites en el Caribe entre ambos países y dejó bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Colombia en 2007.
También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
Nicaragua basa su demanda en el artículo XXXI del Pacto de Bogotá, según el que ambos países aceptan la jurisdicción de la Corte y del que Colombia se plantea desligarse tras el fallo del pasado noviembre.
Sobre la nueva demanda, Colombia afirma que las pretensiones nicaragüenses son «infundadas» y ha advertido que «la desmedida ambición de Nicaragua» afecta no solo a áreas que le corresponden a Colombia, sino también de otros países como Panamá, Costa Rica y Jamaica. Además los ciudadanos del archipiélago también se pronunciaron. “Celebramos la determinación del presidente y lo reiteramos: no se puede aplicar un fallo injusto”, dijo la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero.
La decisión de Nicaragua se produce una semana después de que el presidente Juan Manuel Santos presentara una «estrategia integral» para defender la soberanía y derechos de Colombia frente a los «ánimos expansionistas de Nicaragua».
Colombia considera «inaplicable» el anterior fallo dictado por la CIJ hasta que no haya un tratado que respete los derechos de los colombianos explicó el presidente en su momento.
El Gobierno quiere que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la tesis de que el fallo de la CIJ no se ajusta a la Constitución.
El Pacto de Bogotá fue firmado en abril de 1948 en la capital del país, justo en la conferencia que dio origen a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a varios instrumentos de protección de los derechos humanos y de solución pacífica de controversias entre los Estados.
Posteriormente, mediante la Ley 37 de 1962, el Estado colombiano aprobó ese tratado.
Nicaragua presentó ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas una solicitud para extender hasta las 350 millas náuticas su plataforma continental en la parte suroccidental del Caribe de conformidad con la Convención del Derecho del Mar.
Ante la CIJ, Nicaragua aclaró que ambos países no tienen hasta el momento ningún acuerdo bilateral sobre esta cuestión, por lo que decidieron elevarla al máximo órgano judicial de la ONU. EFE
Por 