“Emocionante intervención de Raizales, juez pidió ampliación de la presentación. Nueve universidades de Colombia respaldaron la causa y Jueces calificaron como su mejor audiencia
El pasado miércoles 22 de marzo se dio cumplimiento por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la ciudad de Guatemala, a una Resolución de convocatoria a audiencia en virtud a una Solicitud de Opinión Consultiva OC-23 a la que concurrieron el Estado colombiano y la Etnia Raizal a través de sus líderes, donde se evaluaron las condiciones étnicas y ambientales en el continente americano y sus grupos poblacionales.
La Convocatoria de audiencia correspondió a una Resolución del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 10 de febrero de 2017.
The Archipiélago Press conoció de una fuente que estuvo al interior del salón de audiencias, experta en ciencias políticas de una de las universidades que intervinieron en la comparecencia, que la de los raizales fue una presentación emocionante, ya que el juez colombiano Humberto Sierra Porto pidió la ampliación de la presentación de los raizales que fue excelente. “No una, dos veces pudieron explicar con absoluta claridad, la realidad de las islas, sus luchas, lo que son como pueblo, pero lamentablemente no pudo ser transmitida por problemas técnicos, pero fue la presentación más importante de todo el día. Emocionante y brillante, como siempre.” También informó que nueve universidades colombianas sostuvieron la causa de los raizales y los jueces dijeron que fue la audiencia más importante a la que ellos han asistido, la cual terminó a las 6:30 de la tarde.
Previa a esta audiencia se registraron los comentarios adicionales presentados por el Estado de Colombia, Honduras, de Bolivia, Panamá, Argentina, observaciones escritas presentadas por órganos de la Organización de los Estados Americanos (OEA): Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por organismos estatales, organizaciones internacionales y nacionales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales e individuos de la sociedad civil.
Entre quienes presentaron observaciones se destacan la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, la Fundación Biosfera, la Oficina de Asuntos Étnicos Raizales del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, el Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, la Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Javeriana seccional Cali, el Grupo de Litigio e Interés Público de la Universidad del Norte, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, el Grupo de Estudiantes de la Escuela Libre de Derecho, Conservation Clinic and Costa Rica Program in Sustainable Development, Law and Policy & Professional Practice of the University of Florida Levin College of Law
Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, el Grupo de Trabajo de la organización Humanery International Maritime Organization European Center for Constitutional and Human Rights, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de México, Center for International Environmental Law and The Vermont Law School Center for Applied Human Rights, Environmetal Law Alliance, la excanciler de Colombia
Noemí Sanín Posada y el exviceministro de Justicia, Miguel Ceballos Arévalo
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán, el Centro Internacional de Derecho Ambiental Comparado, Georgetown Law Human Rights Institute, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, World Commission on Environmental Law of the International Union for the Conservation of Nature, la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT, el Grupo de Investigación en Derecho y Política Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, International Human Rights Clinic de University of Washington School of Law, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Expertos internacionalistas de las islas consideran que Colombia para afrontar estas audiencias sacó por estos días el Decreto de Reglamentación Ambiental del Archipielago como para quedar bien, y esas audiencias fueron muy duras para Colombia.
«A diferencia de lo ocurrió en La Haya cualquier persona o entidad puede presentar un concepto y la Corte de 7 jueces los escucha. La Haya no permite eso y por eso en parte nos fue tan mal. Claro que solo un grupo raizal presentó alegatos a las audiencias de Guatemala de 48 grupos y gente de toda las Américas», explicó Harold Bush Howard, experto internacionalista del archipiélago”.
Bush Howard calificó como “increíble presentación en Guatemala por Walt (Hayes), Ofelia (Livingston) y Endis (Livingston)”.
Aseguró que “por primera vez, nuestros problemas se han dicho en un tribunal internacional sin que Colombia trate de bloquearlo, como lo hicieron en la década de 1970 en la ONU con Marcos Archbold o en La Haya. Si sólo permiten a un isleño nativo contar la verdad a los jueces La Haya, de cómo nos tratan a nosotros como si no existiéramos. Deberían poner a Walt (Hayes), Ofelia (Livingston) y Endis (Livingston) como co-Agente para que puedan dar una presentación en La Haya. Por qué tienen miedo de hacer algo así? Lo extraño es que Colombia afirma estar defendiendo nuestros derechos mientras que al mismo tiempo nos está negando nuestro derecho a hablar, a decir la verdad sobre cómo se violan sistemáticamente estos derechos durante años en muchos aspectos por nuestro propio país. Queremos ver a Walt (Hayes), Ofelia (Livingston) y Endis (Livingston)” en La Haya, o alguno de nuestros líderes, no funcionarios del gobierno que no sólo siguen la línea oficial e ignoran los hechos, sino que dicen lo que se les pone a decir los argumentos del mismo abogado que el gobierno colombiano tiene desde 2001 y que no nos ha dado un buen resultado; Bundy, el estratega detrás de todas nuestras pérdidas en La Haya en 2007, 2012 y 2016 y en gran parte responsable de que perdimos nuestras aguas ancestrales . Si no tenemos la oportunidad de hablar con Colombia, no sólo nos negará los mismos derechos que defiende, sino que también omitirá hechos graves que son pertinentes para los casos de La Haya.
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