Oposición al Dragado del canal de acceso al Muelle no puede echar al traste su profundización. La reciente publicación de la Revista Dinero, reproducida por este rotativo, bajo el título de “Con licencia para frenar”, en el que reseña a dos lideresas raizales como “palos en la rueda” del progreso, junto a otros líderes de comunidades afros e indígenas que a través de procesos de consulta previa están frenando proyectos de inversión del Gobierno Nacional en sus respectivas regiones, puso en evidencia que intereses de raizales que en la actualidad trabajan en proyectos de desarrollo en la región, también se están viendo afectados por posiciones radicales que están echando al traste la posibilidad de que la Nación ejecute multimillonarias partidas en el archipiélago como es el caso del canal navegable del muelle departamental.
Y es que la situación del dragado al canal de acceso no tiene las mismas implicaciones ni los mismos beneficiarios que tiene la ampliación del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, donde se supone que habrá despojo de tierras y reubicación de personas que por décadas o generaciones enteras han vivido en los alrededores de la pista.
El dragado al canal de acceso tendrá como principal beneficiario a la Sociedad Portuaria, una compañía labrada, concesionada y administrada por raizales, donde sus principales accionistas que superan más del 65 por ciento de la participación accionaria es de empresarios raizales, cuyos hijos han ido a profesionalizarse en carreras afines a la actividad portuaria para seguir con una actividad heredada de su padres.
Pero además de ello, el dragado al canal navegable busca profundizar áreas críticas por encima de los 14 pies de profundidad que en cualquier momento podrían causar el encallamiento de alguna embarcación y con ello la parálisis de la actividad portuaria, afectando además el abastecimiento de las islas.
El otro beneficio será la inversión de miles de millones de pesos del Estado en la profundización de los canales navegables para permitir el recalado de naves turísticas, tipo cruceros que traigan divisas a las islas y dinamicen el turismo internacional que le deja ingresos a amplios sectores sociales de las islas que se benefician con la llegada de estos paquebotes turísticos.
Y como valor agregado, con la extracción de arena de los canales navegables, se puede reutilizar este recurso no renovable para la recuperación de playas que se han visto afectadas por el cambio climático, provocando una fuerte erosión en las mismas y la desaparición progresiva de éstas.
El único argumento válido que puede existir para la oposición ciudadana de los grupos étnicos al dragado de los canales de acceso es la posibilidad de un desplazamiento de arena de islotes como Haynes Cay, pero ya en el pasado se han hecho dragados en la zona de acceso al muelle departamental y tal evento no ha ocurrido, por cuanto los oportunos estudios de batimetría marítima permiten establecer los impactos ambientales que las obras de dragado pueden causar.
El debate a los procesos de consulta previa advierte que “los líos por las consultas previas y las licencias ambientales tienen en jaque a algunos de los más grandes proyectos de infraestructura. (…) Es paradójico que mientras el gobierno nacional hace todo lo que está a su alcance para entrar al club mundial de buenas prácticas de la Ocde, no haya sido capaz de resolver dos de los problemas más graves que tiene después de la paz: los líos por las consultas previas y las licencias ambientales.”
La revista Dinero aseguró que “algunos líderes no tienen otro propósito que servir a sus vecinos e intermediar ante Gobierno y empresas para alinear intereses. Sin embargo, otras personas se aprovechan de las circunstancias para sacar beneficio económico de los procesos.
La misma publicación señaló el caso de la Consulta Previa para la ampliación del aeropuerto de San Andrés como uno de los Casos emblemáticos del país por la férrea oposición que ha tenido el mismo, y atribuye tal oposición a las líderes del grupo étnico raizal Corinne Duffis y Ofelia Baker, de las que dijo que a pesar que “el Gobierno busca realizar algunas obras de ampliación y modernización del aeropuerto de San Andrés”, ha topado con el asunto de la Consulta Previa: el problema es que a raíz del fallo de la Haya, algunas comunidades raizales de la Isla están más sensibles y exigen que el Archipiélago sea declarado territorio raizal con lo que aumentaría la influencia de estas personas y dificultaría aún más la ejecución de las obras. El Min Interior sostiene diálogos muy complejos con Corinne Duffis y Ofelia Barker, dos líderes de la isla. En las tensas negociaciones se exigen costosos asesores y se evidencian conflictos internos entre las comunidades por asuntos religiosos.
La consulta para el dragado
Tanto en San Andrés como en Providencia se realizaron sendas audiencias de Consulta Previa por parte de funcionarios del ministerio del Interior, Carlos Barrera y Camilo Morales, y un representante de la empresa a la que se adjudicó el contrato llamada Consorcio ITI, teniendo en cuenta que ya los estudios y diseños están listos para adelantar el proyecto, en virtud del contrato 2262 de 2011 que corresponde a los estudios y diseños para la profundización de los canales de acceso de San Andrés y Providencia.
No obstante la Ley 70, artículo 49 establece que “el diseño, ejecución y coordinación de los planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social que adelante el gobierno y la Cooperación Técnica Internacional para beneficio de las comunidades negras de que trata esta ley, deberá hacerse con la participación de los representantes de tales comunidades, a fin de que respondan a sus necesidades particulares, a la preservación del medio ambiente, a la conservación y cualificación de sus prácticas tradicionales de producción, a la erradicación de la pobreza y al respeto y reconocimiento de su vida social y cultural. Estos planes, programas y proyectos deberán reflejar las aspiraciones de las comunidades negras en materia de desarrollo”, de manera que los estudios y decisiones ya tomadas por el Consorcio ITI debe ser materia de estudio del pueblo raizal, de las comunidades negras en general y de todos los habitantes de las islas para evitar lesiones ecológicas y asegurar la funcionalidad de la obra, lo que debe suponer se busca lograr con la profundización del canal que favorecerá una actividad donde ancestralmente la pobla
ción raizal es una de las más activas dada su vinculación con las actividades de navegación, la reubicación de recurso ambiental no renovable para recuperación de playas, el desarrollo de la actividad portuaria para garantizar el abastecimiento de las islas y el desarrollo empresarial de la actividad turística, de la que también se beneficiará esa población con la llegada de cruceros turísticos, que ameritan llevar a cabo este proyecto de ampliación del canal para favorecer además el capital de empresarios raizales que hoy operan y administran el puerto.
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