La Contraloría General de la República declaró el hallazgo fiscal que sumarian más de 15 mil millones de pesos en una serie de obras, programas y políticas públicas ejecutadas tanto por el Departamento como por Coralina, Fonade, la DNE, Teleislas, el Municipio de Providencia entre los años 2010 a 2014, comprometiendo entre ellos al gobierno del gobernador Pedro Gallardo Forbes en proyectos tan importantes como el Centro de Reclusión del Menor Infractor que aún hoy día no ha sido terminado.
Durante el cuatrienio en la Gerencia Departamental Colegiada de San Andrés, la Contraloría General de la Republica tramitó 157 derechos de petición, incluidas denuncias ciudadanas, las cuales arrojaron como resultado el inicio de tres Procesos de Responsabilidad Fiscal por valor de $2.862600.000.00, que se están tramitando actualmente.
Se destaca la denuncia de dos ciudadanos isleños, quienes señalaron, el primero haber sido excluido como beneficiario de la lista de pescadores artesanales y el segundo que nunca fue tenido en cuenta pese a encontrarse afiliado, desde hace muchos años, a la Cooperativa San Luis Fish And Farm Asociation.
El Gobierno Nacional, en Consejo de Ministros celebrado el 5 de diciembre de 2012, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, estudio y analizó la situación, que con ocasión al Fallo proferido por la Corte Internacional de Justicia, se causó a los habitantes y pescadores de la zona, buscando alternativas que permitieran superar esta problemática.
Resultado de esa reunión, se aprobó la implementación del Plan San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el cual implica acciones inmediatas para el alivio a 1.500 pescadores, mediante un programa de inversión social que otorgó un subsidio por $1.800.000, para cada uno, por un periodo de seis (6) meses, por un costo total del programa de $16.200 millones de pesos.
En ese sentido, la Gerencia Departamental Colegiada inició la actuación correspondiente frente a los hechos denunciados por los ciudadanos y se pudo evidenciar que se incurrió en violación a los parámetros legales establecidos en los actos administrativos de los años 2012 y 2013 por el director general del Departamento para la Prosperidad Social, al realizar pagos a personas reportadas en los listados de suspendidos y excluidos, según Banco Agrario de Colombia y el DPS, por $1.740’600.000,00, lo que originó un Proceso de Responsabilidad Fiscal por esta cuantía.
Obras inconclusas e inservibles
De igual forma la denuncia instaurada por el Comité Regional de Moralización (CRM) del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, respecto a los proyectos de mayor impacto departamental, por obras inconclusas, ni puestas al servicio de la población objetivo, durante el gobierno de Pedro Gallardo Forbes, entre las que se destacan las siguientes:
Contrato N° 399 de 2010, para la Adecuación y dotación del Centro Especializado del Menor infractor: El proyecto fue planeado por etapas, en cada una de ellas comprometía inversión de recursos considerables en diferentes periodos de tiempo (documento registrado en el banco de programas y proyectos de inversión departamental); se advierte que las inversiones en dichos años no se cumplieron en su totalidad, así como con la notoria diferencia de los costos reales, y la no contemplación de la necesidad de realizar la consulta previa ante las comunidades raizales vecinas del sector donde posteriormente se dio inicio a las obras. Por lo anterior, se sugiere un traslado a la procuraduría regional, con el fin de verificar posible falta disciplinaria, en lo concerniente con la elaboración y evaluación de proyectos de inversión departamental.
Posteriormente, la Gobernación departamental adelantó procesos contractuales para seleccionar los contratistas de obra e interventoría (2010), en donde se extraen varias apreciaciones como la contratación de mayor cantidad de recursos invertidos en el proyecto, cerca de $4.917 millones, integrados por $3.518 en el contrato N°.399 del 10 de diciembre de 2010 y una adición al mismo por un valor de $1.399 millones en el año 2011. Se precisa que de los $4.917 millones, se ejecutaron y liquidaron $4.605 millones, según consta en las actas.
A la fecha, la entidad no ha informado el motivo por el cual se dejó de ejecutar el 100 % de los recursos comprometidos en el contrato N°. 399 del 2010, ni la destinación dada a los mismos posterior a la liquidación del contrato.
Contrato de obra pública No. 391 de 2010, para la construcción estadio de béisbol infantil en San Andrés Isla. (Beneficio de la acción fiscal por la CGR): Por el aporte de los ciudadanos sanandresanos, mediante denuncia, la CGR impulsó actuación especial, realizando insistentes visitas de seguimiento al sitio de las instalaciones del estadio de béisbol infantil en San Andrés, y después de oficiar a FONADE, al fin se logró la terminación y puesta en funcionamiento de dicho proyecto.
Contrato de obra pública N° 387 de 2010, para la construcción, adecuación de la casa de la Cultura de la Loma de San Andrés Isla: El aporte de los ciudadanos sanandresanos, mediante denuncia a través de la CRM, la CGR impulsó actuación especial, realizando insistentes visitas de seguimiento al sitio de las instalaciones de la casa de la cultura, construida en el sector la Loma de San Andrés, se logró la terminación y puesta en funcionamiento de dicho proyecto con presencia de personal docente, alumnos, de seguridad y visitante, aunque existen deficiencias en material de dotación; sin embargo la CGR planteó una función de advertenciadirigida a la Gobernación, para que tomara las medidas pertinentes a fin de mitigar las situaciones de fisuras, humedades, deterioro acelerado de la fachada tanto posterior como la de un lateral, además sobre el funcionamiento del ascensor para discapacitados, el cual no fue posible probar.
Durante este periodo fueron desarrollados sendos certámenes en el marco de las estrategias del control fiscal participativo, se realizaron 57 actividades de formación, capacitación y sensibilización; en los cuales, recibieron capacitación 1.240 ciudadanos y se promovieron tres (3) veedurías.
Así mismo, se dispuso de espacios de discusión que propiciaron la participación ciudadana en la formulación de un diagnóstico del control social en San Andrés Islas, afianzando la alianza estratégica que debe existir entre la ciudadanía y el control fiscal.
De igual manera a través del Grupo de Vigilancia Fiscal se realizaron 22 auditorías que arrojaron un total de cuarenta y tres (43) hallazgos con incidencia fiscal, en una
cuantía de $ 12.794’420.940.00. Es importante resaltar la auditoría realizada en el primer semestre del 2014, donde se auditó a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, vigencia 2013 y en la cual se detectaron tres (3) hallazgos fiscales por valor de $3.935’340.095, uno de los cuales lo constituye la Construcción de la nueva sede de la corporación; la construcción y adecuación de la casa de la Cultura de la Loma de San Andrés Isla la construcción de esta suscribió dos (2) convenios interadministrativos con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo — FONADE, quien a su vez suscribió cuatro (4) contratos para efectos del cumplimiento de los convenios; y en desarrollo de estos contratos se presentaron numerosas suspensiones, prorrogas y adiciones, debido a la falta de planeación y supervisión en estos, además del incumplimiento en la ejecución de la primera y segunda etapa, así como deficiencias estructurales y mala calidad en los materiales de obra, de tal forma que según informe de patología de septiembre-2013 y marzo-2014, en el cual se concluyó que se debe adelantar la demolición y reconstrucción de la obra.
La CGR efectuó inspección física en el punto del sector de Morris Lading, en el cual se realizan las descargas de los carros tanques sépticos, cuya situación de focos de contaminación, generación de malos olores, etc., no ha mejorado a pesar de existir un fallo de una acción popular emitido por el Consejo de Estado en agosto de 2013, tampoco se evidenciaron los mecanismos sancionatorios interpuestos por Coralina, en cumplimiento a lo ordenado en la mencionada providencia. Por lo anterior, se estableció hallazgo con incidencia disciplinaria.
En agua potable y residuos sólidos también hay detrimento
Para este caso, en estos territorios, se invirtieron prioritariamente en contratación para la ampliación de redes de alcantarillado sanitario, operación del relleno sanitario Magic Garden en San Andrés Isla, cumplimiento de metas de calidad y cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado; situación similar que se presenta en el municipio de Providencia Islas, donde los recursos fueron invertidos en Consultoría para el Relleno Sanitario Blue Lizard y Mantenimiento de la PTAR (Plan de Tratamiento de Aguas Residuales) de Santa Catalina, sin embargo, aunque el municipio no ejecutó la totalidad de sus recursos, dejó por fuera la inversión en obras convenidas en el Plan Departamental de Aguas, al no priorizar los proyectos para satisfacer las necesidades del municipio de Providencia en acueducto y alcantarillado.
Con todo lo relacionado a los residuos sólidos, es preocupante la situación ambiental que se presenta en la isla, toda vez que no se está cumpliendo con los programas y metas establecidos dentro de los Planes de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS, ocasionando que se sigan dando malas prácticas en el manejo de los mismos, en todas sus etapas, es decir que desde la generación hasta su disposición final, ocasionan contaminación a los ecosistemas aledaños de la zona donde funcionan los relleno sanitarios.
De otro lado,gran interés despertó para la CGR la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) en liquidación, por el objeto mismo que desarrollaba en la administración de bienes incautados por actividades del narcotráfico, y más aún por cuanto su existencia terminó el 31 de julio de 2014; entendiendo la importancia que éstos tienen para el Departamento insular, la CGR adelantó una actuación especial sobre aquellos que se encuentran ubicados en este Departamento, cuyo resultado se proyecta tener para conocimiento de la ciudadanía, en la primera semana del mes de agosto de 2014: dos funciones de Advertencia y Beneficios del Control Fiscal Micro.
Advertencia al Municipio de Providencia y Teleislas
Se emitió una función de advertencia dentro de este periodo al municipio de Providencia por valor de $561.377.678, la cual corresponde a deudas de alumbrado público a la Empresa de Energía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (EDDAS) por valor de $185.881.654; y a la Sociedad Productora de Energía de San Andrés y Providencia (SOPESA S.A. E.S.P.), por valor de $471.211.900; es de señalar que la primera deuda anotada, ya fue cancelada, generando un beneficio en ejercicio del control fiscal realizado por la CGR.
En alumbrado Público se obtuvieron dieciséis (16) hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) con incidencia fiscal, cuantía aproximada de $218.4 y $ 326,3 millones; ocho (8) con alcance disciplinaria y uno (1) con incidencia penal; hubo una actuación especial (ACES) frente al manejo de los recursos provenientes del impuesto de Alumbrado Público. Valga resaltar que por competencia fiscal, se trasladaron los hallazgos a la Contraloría Territorial, por sentencia de la Corte Constitucional.
En octubre de 2013 se emitió función de advertencia por valor de $734. 000.000, a la Sociedad de Televisión de las Islas, por la deuda contraída con la Autoridad Nacional de Televisión, en aras de que llegue a un acuerdo de pago y se eviten eventuales valores por intereses moratorios, lo cual generaría un detrimento al Estado.
Durante el cuatrienio 2010-2014, la CGR ha adelantado veintiséis (26) procesos de responsabilidad fiscal, por una cuantía de $ 3.648.244.811.Se han fallado con responsabilidad fiscal en cuatro (4) procesos, por valor de $236.244.139.Se dictaron tres (3) autos de archivo con resarcimiento del daño, por valor de $7.320.792,81.Se obtuvo la recuperación del daño, dentro de dos (2) procesos de responsabilidad fiscal, por valor de $ 43.444.720.Actualmente se adelantan dos (2) procesos de responsabilidad fiscal, a través del Procedimiento verbal, por cuantía de $1.772.950.598.
Se adelantaron nueve Procesos de Jurisdicción Coactiva, PJC, por una cuantía de $1.714.286.796. En tres se obtuvo recuperación, en la etapa de cobro persuasivo, por valor de $30.554.040. En un PJC se obtuvo recuperación, en la etapa coactiva, por valor de $ 7.723.000.
Se está en estudio la apertura de cinco (5) Procesos de Responsabilidad Fiscal, por una cuantía de $3.997’104.039.30, con ocasión de la auditoría realizada a la CAR Coralina arriba anotada.
También en Regalías
En el año 2013, se adelantó la actuación especial a los cinco (5) proyectos del Fondo Nacional de Regalías: FNR 30848, FNR 31689, FNR 32611, FNR 32940, FNR 32643, de los cuales, se detectó un hallazgo con alcance fiscal por $2.381.362. 629,00, en el primer caso, así:
El Proyecto FNR-30848, aplicado al Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, se desarrolló mediante Convenio de Cooperación Técnica, Administrativa y Financiera con la Organización Panamericana para la Salud (OPS) adscrita a la Organización Mundial de la Salud, lo cual se esperaba que generaría en principio confianza, dado el «nivel» del cooperante, pero ocurrió lo contrario, debido a que el objeto se incumplió en el 100% y la esperanza de impactar el índice NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) no se dio y las 300 familias que se esperaba se beneficiaran con el proyecto, quedaron frustradas, lo cual se puede calificar de gra
ve, dado el litigio de nuestro país con Nicaragua, con la subsiguiente tendencia separatista de algunos sectores del Archipiélago por la inasistencia de dicha política pública.
En el año 2014, se adelantó la actuación especial a los recursos de regalías vigencias 2011, 2012 y 2013, a la Gobernación del departamento, cuyos proyectos a largo plazo (2 y 3 años) se encuentran aún etapa de ejecución.
Comisión a Providencia y Santa Catalina
Se socializaron al Personero municipal de Providencia y Santa Catalina Randy Ward Marín a líderes comunitarios como Roque Archbold, Presidente de Asopescadores a Josefina Huffington, Movimiento de Veeduría Cívica; Crescencia Gómez, JAC Casabaja; líderes de veeduría ciudadana y/o Juntas de Acción Comunal, sobre la importancia de la participación de los líderes comunitarios beneficiarios del recurso público en la satisfacción de los mismos, para la acción de la CGR pueda ser más inmediata.
Asimismo, al Personero municipal que en atención al seguimiento y monitoreo en tiempo real a estos mecanismos de participación ciudadana, le solicitamos de sus buenos oficios como Veedor del Tesoro Público l, para que cooperemos en el adecuado cumplimiento de estos fines del Estado, en atención a lo ordenado por los principios constitucionales de la función administrativa al servicio de los intereses generales «Por un Control Fiscal oportuno y efectivo, Función de Advertencia a los alcalde municipales, por beneficiarios en Más Familias en Acción», que adopta herramientas y actuaciones especiales de Control Fiscal, con miras a maximizar su eficiencia – oportunidad y efectividad, así como la evaluación de la información estratégica resultante del ejercicio del seguimiento y monitoreo en tiempo real solicitado por su ascendencia e impulso como veedor del tesoro público de esta territorialidad’, para incorporar también a las comunidades respectivas en el control social de su jurisdicción, en temas como sobre la gestión ante los OCADs respectivos.