CONTRALORÍA IDENTIFICÓ PRESUNTO DETRIMENTO POR MÁS DE 690 MILLONES DE PESOS EN CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE LA GOBERNACIÓN.
El presunto detrimento se generó a través de los contratos que celebra la gobernación con particulares a quien el gobierno alquila bienes inmuebles de su propiedad.
San Andrés Islas, 22 de octubre de 2020: Tras una auditoria especial realizada a los contratos de arrendamiento que celebró la Gobernación Departamental de sus bienes inmuebles durante 2019, la Contraloría General del Departamento logró identificar dieciocho (18) hallazgos administrativos, de los cuales once (11) tienen presunta connotación fiscal y tres (3) sancionatorios, hallazgos los cuales generaron presuntamente un detrimento al patrimonio de los isleños por unos $ 669 millones 633 mil 400 pesos, así lo dio a conocer el Contralor General del Departamento Justiniano Brown Bryan.“Efectivamente auditamos 35 contratos que celebró el gobierno departamental a través de los cuales arrendó algunas de sus propiedades como los son Quioscos, vitrinas turísticas y otros bienes inmuebles, en esta auditoría especial encontramos que hay un presunto detrimento fiscal por el orden de los 699 millones de pesos y vamos a continuar este proceso auditor para salvaguardar los recursos que son de la comunidad” aseguró Brown Bryan
Entre los hallazgos administrativos que resultaron de la presente auditoría, el ente de control fiscal pudo establecer que la Gobernación del Departamento no tiene formalizados los procedimientos mediante los cuales entregó en arriendo los bienes inmuebles de la entidad, también pudo conocer que en los expedientes de los contratos de arrendamiento de estos bienes no se anexan los respectivos estudios previos necesarios para la entrega en arriendo de los mismos, ni las actas de liquidación de los contratos; y como hallazgos fiscales, el ente de control fiscal identificó que la administración departamental no anexó los certificados del avalúo catastral en las carpetas, por lo tanto, se desconoce la forma en que se determinan los valores de los cánones de arrendamiento de los bienes pertenecientes al gobierno y que fueron entregados a particulares.
Por