(Foto de Nary Wats) Hace 10 meses le entregaron contrato N°1065 del 2015 por $5.858.377.605 y 40% de anticipo. El empresario Hernando Castellanos llegó a San Andrés de la mano de la contratación de Fonade y Coldeportes con motivo de los Juegos Deportivos Nacionales del 2008 para la construcción de varias de las obras deportivas de ese magno certamen deportivo, y desde entonces ha hecho de esas obras el gran negocio que aún hoy le sigue produciendo rentabilidad.
Rápidamente se emparentó con el poder y se hizo miembro de una de las familias tradicionales y adineradas de la región, quizás para seguir estando cerca de quienes manejan las relaciones políticas del Departamento para seguir haciéndose a la contratación pública, pero luego se “abrió del rancho”.
Se ganó un derecho residencial en la isla corrompiendo los controles migratorios, lo que generó consecuencias legales y disciplinarias contra los responsables de la Oficina de la Occre que de manera irregular le concedieron tales derechos. Derechos que podrían ser revocados si la misma Occre le tramita una nulidad de los ilegales actos administrativos que le expidió la sancionada directora Bielka Hudgson, mediante una demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés.
Apenas lleva ocho años en la isla y su crecimiento económico es notorio, el cual contrasta con la interminable construcción de los estadios que por lo visto quedaron hechos no a la medida de las exigencias deportivas de los isleños, si no de las necesidades contractuales de Castellanos, a quien, cada cuanto la Gobernación o la Nación le dan un nuevo contrato para terminar los escenarios, que por esta misma situación casi nunca están disponibles para la práctica del deporte.
El semanario The Archipiélago Press le viene haciendo seguimiento desde los Juegos Deportivos Nacionales del año 2008 al tema de las inversiones que se le vienen realizando a estos escenarios deportivos, en donde el Gobierno Nacional le ha invertido más de 30 mil millones de pesos y donde ha sido poco el rol de vigilancia de las autoridades de control tales como la Contraloría, la Procuraduría y mucho peor la Fiscalía y las Veedurías Ciudadanos que han sido usadas para que el Gobierno le haga entrega de nuevos contratos a estas empresas constructoras que son constituidas a manera de consorcios temporales para hacerse a la contratación, varias de ellas constituidas por o alrededor de un contratista que incluso alcanzó a identificarse como ingeniero, no siéndolo. HCI (Hernando Castellanos Ingenieros); consorcios que no han cumplido a cabalidad, en tanto que los interventores han sido permisivos en el mal gasto de los dineros públicos que lejos de favorecer a toda la comunidad deportiva de la región terminan convertidos en elefantes blancos que nuestros deportistas no han podido disfrutar como corresponde en la práctica de diferentes disciplinas deportivas.
A una de estas empresas con vínculos con el señor Castellanos para arreglos y mantenimiento de los escenarios deportivos apenas transcurridos seis años después de su construcción, cuando se supone que se debieron hacer valer las pólizas de cumplimiento para garantizar la calidad de las obras, la Gobernación del Departamento le ha vuelto a adjudicar obras que debieron haberse ejecutado con el contrato inicial o por vía de tales garantías, por la suma de $9.136.145 millones entre finales del 2014 y 2015.
La modalidad para acceder a tales contratos, es por vía de consorcios de un mismo contratista que se organiza para ganarse los contratos con diferentes nombres de empresa y de esta manera evitarse inhabilidades contractuales por incumplimientos de obras anteriores o no obstante las demoras -denunciadas por este rotativo- en los trabajos de adecuación de los escenarios que también sirvieron para la realización de los primero Juegos del Caribe desarrollados en el año 2015, parte de los cuales debieron ser trasladados a la ciudad de Cartagena por demora en éstas.
Varias veces esta redacción ha denunciado la contratación de estas obras y la inocua interventoría realizada a las mismas.
Por ejemplo la interventoría financiera, técnica, ambiental y administrativa de las obras de mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos en la isla de San Andrés: estadio de softbol, estadio de fútbol, coliseo de baloncesto y estadio de béisbol del departamento se hizo a través de la licitación 010 de 2014, por valor de 373 millones de pesos, correspondiente a la contratación de obras con la firma Consorcio Deportes SAI correspondiente al contrato # 646 del 2014 para la recuperación de los campos deportivos de béisbol y softbol en grama natural y el mantenimiento del campo deportivo en grama sintética de la cancha de futbol del municipio de San Andrés por la suma de $2.650.438.579, para que iniciara la obra el pasado 8 de septiembre del 2014.
El plazo de esa obra era de 2 meses y quince días, pero la interventoría y el Gobierno Departamental le dieron un plazo de 30 días hasta el 18 de noviembre del 2014, a renglón seguido se presentó la suspensión No.001 del 26 de noviembre 2014(15 días) y el 9 de diciembre del 2014 le dan 9 días de prorrogas a la suspensión No 001, entonces le dan para terminación la nueva fecha del 15 de enero del 2015 a esta fecha de acuerdo con la información de la interventoría, la firma contratista había ejecutado el 54 % de ejecución de este contrato.
No obstante los reiterados aplazamientos, el 22 de diciembre del año 2014 de “aguinaldo navideño” el Gobierno Departamental le entregó o le adicionó a esta firma contratista la suma de 627.330.443 ( millones de pesos) por virtud de un acta de justificación adicional #2 en el valor y plazo al contrato N°646 de 2014 en la que intervinieron la ingeniera Daisy Lin Manuel Cantero, entonces secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, German Pacheco Hawking, secretario de Deportes y recreaciones para la época, el arquitecto Hartley Abraham Chow, representante legal de la firma Consorcio Deportes SAI y el ingeniero Carlos Bryan Uribe representante legal de la firma consorcio Genny Bay 2014 interventor contratista.
En esta acta hay varios puntos que llaman mucho la atención y que sería bueno que las autoridades de control le echen mano a esta adición y al incumplimiento del contratista y la laxitud de la administración.
Puntos como el condicionamiento a una adición que hay que realizar en el valor del contrato con el fin de lograr el alcance físico final del proyecto para poder cumplir con la eficiente prestación del servicio para el que fue estipulado el contrato, además de dejar en óptimas condiciones de funcionamiento los escenarios deportivos.
Tal como lo había revelado el semanario The Archipiélago Press en enero pasado del 2015 el Gobierno Departamental de Aury Guerrero acogió varias de las denuncias que publicó este rotativo sobre el favorecimiento que implicaba para la firma Hernando Castellanos Ingeniería el proceso de licitación pública por 7.330 millones de pesos para el mantenimiento de los estadios de futbol, béisbol, baloncesto y softbol, porque de acuerdo a los pliegos de condiciones establecidos en esa licitación, solo lo dejaba a él habilitado para participar, no obstante que fue justamente este contratista el responsable del fracaso de los Juegos Nacionales del 2008 en las islas.
Ya este rotativo había advertido el incumplimiento sistemático de este contratist
a en esas obras y la entrega a esa empresa desde un principio se daba “por descontado que la contratación se le adjudicaría a Castellanos, porque el perfil de la licitación se ajustaba a la talla y medida de HIC, empresa representada por el arquitecto Harley Edward Abraham, hasta el punto que a última hora, (19 de enero de 2015), el entonces secretario de deportes Germán Pacheco Hawkins incorporó una adenda nueva, la adenda 05 a la licitación 010 de 2015, en la que se “adiciona un requisito para que los proponentes presenten como mínimo una certificación de un contrato ejecutado en escenarios deportivos en el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que su cuantía sea igual o superior del presupuesto oficial expresado en salarios mínimos legales.
Con esta adenda de última hora la empresa de Castellanos quedaba como único habilitado con la experiencia de haber ejecutado las obras referidas, y con la capacidad y el músculo financiero del 50 por ciento que equivaldría a unos 3.114 millones de pesos, que sólo él y ningún otro contratista local o foráneo, fácilmente podía acreditar con las obras de los Juegos Nacionales del 2008 que éste había ejecutado. Y debido a estas circunstancias, los demás proponentes que participaron en el proceso, consideraban que HCI tendría una gran ventaja frente a los demás por lo que decidieron invitar al veedor nacional David López Romero, para que acompañara el proceso licitatorio.
“Exigir a los oferentes el 50 por ciento de la experiencia que hayan sido obtenidas en obras ejecutadas en la isla de San Andrés más que ayudar a la participación local por lo contrario lo que hace es filtrar la participación, si se tiene en cuenta que en los últimos 25 años, solo tres contratistas cumplen con esta exigencia y dos de ellos terminaron demandando a Fonade por lo tanto solo una persona cumple (HCI) esta exigencia constituyendo un direccionamiento y reduciendo la pluralidad de ofertas”, denunció oportunamente uno de los proponentes.
Fue por esta razón que teniendo en cuenta que el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que los actos administrativos serán revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o sus inmediatos superiores de oficio o a petición de parte, la entonces gobernadora del Departamento, Aury Guerrero Bowie como superior inmediata de los funcionarios que habían desarrollado todo este proceso licitatorio, procedió a revocar directamente los actos administrativos contractuales expedidos en el proceso licitatorio 010 de 2014 cuyo objeto era el mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos.
Nueva licitación con los mismos que incumplieron por valor de $5.858.377.605
El 10 de junio el Gobierno Departamental otorgó la Resolución #002605 del 2015 por medio del cual se adjudica el contrato correspondiente al proceso de Licitación Pública No. 010 del 2014 que el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a través de la Secretaria de Deportes y Recreación donde resuelve entregar al consorcio HIC con representación legal del arquitecto Harley Edward Abraham el mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos en la isla de San Andrés, los estadios de futbol, béisbol, softbol, coliseo de baloncesto, en el Departamento Archipiélago por valor de (5.858.377.605)
Curiosamente el mismo ejecutor de obras anteriores tuvo de interventor al mismo encargado de los trabajos que previamente había ejecutado esta firma, ya que el Gobierno Departamental le adjudica el contrato N:1088 de 2015 al Consorcio Deportes San Andrés del Ingeniero Carlos Bryan Uribe, mediante concurso de méritos para ejecutar la interventoría financiera, técnica, ambiental y administrativa de las obras, por valor de $296.030.475 , con plazo hasta el 31 de diciembre del año 2015
Esta redacción le solicito a través de derecho de petición al señor gobernador Ronald Housni Jaller el pasado 4 de marzo información sobre el estado del contrato N°1065 del 2015 por valor de $5.858.377.605 parael mantenimiento y adecuación de escenarios deportivos en la isla de San Andrés, para los estadios de futbol, béisbol, softbol, coliseo de baloncesto, como quiera que desde el pasado 10 de junio del año 2015 la firma Consorcio Adecuaciones HIC tiene en su poder el 40% de anticipo que equivale a $2.343.351, es decir por más de 10 meses ha dispuesto de tales recursos y apenas por estos días se empezaron a ejecutar tales obras, con lo cual estos anticipos le han generado intereses financieros.
Ahora ha trascendido que el contratista estaría interesado en nuevas adiciones presupuestales que el gobierno de Ronald Housni Jaller no tendría ningún inconveniente en concedérselo, y que equivaldría a cerca de 2 mil millones de pesos a un contratista cuyas obras han resultado cuestionadas por la deficiencia de éstas, nunca se han ejecutado completas y que en poco tiempo de vida útil han requerido de nuevos presupuestos para su mantenimiento sin haber aplicado las policías que deberían cubrir su garantía.
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