Una de las propiedades vendidas está alquilada a la Procuraduría General de la Nación. De no ser porque el empresario de la construcción Héctor Hernando Castellanos Zuluaga es un contratista que ha ejecutado obras públicas que han presentado falencias, y algunas han quedado a medias, no tendría por qué interesarnos los movimientos inmobiliarios que ha hecho en los últimos años, al traspasar algunas propiedades que ha adquirido en San Andrés en tan corto tiempo de estar residenciado en la isla, a personas que al parecer son familiares suyos.
Castellanos Zuluaga llegó a San Andrés a construir algunos de los estadios contratados por Fonade y Coldeportes para la realización de los Juegos Deportivos Nacionales que se realizaron de manera parcial y con muchas deficiencias en las islas en el año 2008, en cuya ejecución no solo se desataron escándalos y polémicas, si no también algunas investigaciones de los entes de control que aún esperan resultados.
Pero no solo ha sido polémico por la deficiente ejecución que hoy tiene tirados a varios estadios como el de Softbol y beisbol, sino que también existen dudas de la legalidad de su tarjeta de residencia en la isla, debido a que se comprobó corrupción en el trámite de su expedición y aprobación y por cuenta de ello, la directora de la Occre Bielka Isidora Hudgson Livingston fue destituida del cargo e inhabilitada para ejercer funciones públicas durante doce años, pero sin que Castellanos Zuluaga haya pagado las consecuencias de ello.
De lo que podría tratarse este inusitado movimiento migratorio es de una forma de insolventarse a efectos de no tener que responder con su patrimonio por sanciones fiscales que puedan imponer entes de control como la Contraloría que aun indaga por algunas de las obras incompletas que tiene este contratista; una maniobra similar a la que hizo el exgobernador Pedro Gallardo Forbes que hoy mantiene cinco sanciones por 350 millones de pesos con la Contraloría General de la República por no haber cancelado cinco sanciones por detrimento al patrimonio del Departamento en sus actuaciones como mandatario de las islas, y decidió traspasar sus propiedades a una sociedad familiar en el año 2011.
De hecho, Castellanos Zuluaga está vinculado a un Proceso Responsabilidad Fiscal número 290 del 2013 por detrimento de 515 millones de pesos por las obras del Estadio de futbol nuevo y Proceso de Responsabilidad Fiscal número 360 de 2014 por detrimento de 1.711 millones de pesos del coliseo de San Luis por que hicieron menos cantidad de obra de la que se había contratado.
Procuraduría es arrendataria del lote vendido
The Archipiélago Press conoció que Castellanos Zuluaga mediante escritura pública 513 del 3 de mayo de 2013 transfirió a título de compraventa un predio urbano, identificado con matricula inmobiliaria 450-9793 ubicado en el sector Joe Wood Point (Primer lote o Cotton Tree, K 5ª No. 10-14), por un valor de 425 millones de pesos. La depositaria de esa compra fue la señora Nathali Castellanos Solarte, identificada con cédula de ciudadanía 1.130.608.218, y quien a pesar de no residir en la isla de San Andrés, a donde solo ha venido en dos ocasiones en los últimos años, hoy día es contratista de la Procuraduría General de la Nación que recién le acaba de arrendar por siete meses, una oficina de su propiedad para el funcionamiento de la Procuraduría Regional de San Andrés, en la avenida 20 de Julio frente al antiguo Tránsito.
El mencionado predio que le vendió Castellanos Zuluaga a la señorita Castellanos Solarte, es uno de los tantos que se adquirieron por prescripción adquisitiva (declaración judicial de pertenencia) y que salieron del patrimonio de la Nación en el año 1977, entonces adquirido por la Sociedad Barbur Hermanos.
The Archipielago Press ofició a la procuradora regional de San Andrés Edith Carreño Corpus para conocer la persona con la que el Ministerio Público arrendó su nueva sede en San Andrés y ésta trasladó la petición a la Oficina Juridica de la Procuraduría en Bogotá, encontrando que “con fecha 25 de mayo de 2016 la Procuraduría General de la Nación, en calidad de arrendataria y la señora Nathali Castellanos Solarte, como arrendadora, suscribieron el contrato No. 179-030-2016 que tiene por objeto el arriendo del inmueble situado en la K 5ª No. 10-14, Sector Joe Wood Point, Primer Lote o Cotton Tree de San Andrés isla, para el funcionamiento de las dependencias de la Procuraduría que despachan en dicho lugar. (…) El valor del canon mensual por el arriendo del inmueble es la suma de once millones de pesos y el plazo de ejecución es de siete meses contados a partir del 1 de junio de 2016”.
Pero llama la atención las fechas en que la señora Castellanos Solarte ejecutó estos actos en San Andrés porque la misma solo ha ingresado a la islas en los años 2014 y 2015, como turista que se hospedó en los hoteles Royal Decamerón Isleño y Sunrise Beach, y las actuaciones ante Notaria o Ministerio Público corresponden a los años 2013 y 2016.
Esta situación deja en una posición incómoda a la Procuraduría General de la Nación, porque de todos modos hay funcionarios públicos que están siendo investigados en los mismos procesos que se investiga a Castellanos y en caso de dar traslado de hallazgo disciplinario, también debe asumir tales procesos que enredan a quien a través de terceras personas, y en una posible venta simulada, se deshizo de sus propiedades.
Segundo lote vendido el mismo día
En ese mismo sector de K 5ª No. 10-14, Sector Joe Wood Point, Primer Lote o Cotton Tree de San Andrés isla, el mismo día Castellanos Zuluaga transfirió mediante Escritura Pública No. 512 del 3 de mayo, un segundo predio de ese mismo englobe, identificado con Matricula Inmobiliaria No. 450-2715, por valor de 60 millones de pesos a Luz Dary Mateus Casañas, identificada con cédula 31.930.301, de quien se sabe es contadora pública de una empresa en la ciudad de Cali.
Venta de apartamento en Bahía Fragata
La otra propiedad transferida mediante Escritura Pública 0504 del 13 de mayo de 2014 (un año después de la anterior venta) por Castellanos Zuluaga es un inmueble urbano, identificado con matricula inmobiliaria No. 450-14881, ubicado en el sector de Hell Gate, avenida Francisco Newball y Providencia, K 2 48-05, apartamento 411 del Edificio Bahía Fragata (propiedad horizontal), mediante la figura de compra venta por valor de 75 millones de pesos, a la firma Ingeniería Colombia S.A.S.
De acuerdo con lo que conboció The Archipiélago Press, el gerente y representante legal de Ingenieria Colombia S.A.S es el señor Diego Fernando Castellano Solarte, identificado con cédula de ciudadanía 14.465.444, por lo visto hermano de Nathali Castellanos Solarte. La compañía compradora de ese inmueble es una empresa con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle, constituida en esa ciudad en octubre 5 de 2006 como Ingenieria Colombia Ltda, la cual se cambió a Sociedad por Acciones Simplificadas S.A.S en noviembre 16 de 2010. De esta sociedad hace parte como subgerente la señora Nelfi Solarte Santillana, identificada con cédula de ciudadanía 31242996.
Aun así, Castellanos Zuluaga es poseedor de la referida propiedad vendida, y ejerce ánimo de señor y dueño sobre el mismo, ya que lo habita y además ejerce ante la comunidad de esa propiedad horizontal
Las investigaciones de la Contraloria contra Castellanos
No solo Castellanos, dos exgobernadores y directivos y funcionarios de Coldeportes y Fonade están siendo investigados por la ejecución del contrato 2080366 del 27 de febrero de 2008 para la construcción del nuevo coliseo de baloncesto de San Luis, por valor de 5.126 millones de pesos.
En ese proceso se detectaron irregularidades derivadas de la diferencia (cantidad) de la obra contratada con la ejecutada en el estadio; diferencia tasada en unos 226 millones de pesos; diferencia ésta que trajo como consecuencia daños causados por la mala calidad de la obra, la cual fue calculada por la Contraloría en 1.484 millones de pesos; no se tuvo en cuenta la salinidad de la isla; la cubierta que fue instalada con cuadrantes de láminas y tornillos de hierro y que por su cercanía a menos de 100 metros del mar causó un alto grado de oxidación; instalación de ventanas en aluminio con diferencias respecto de lo contratado, puntualmente en el ángulo de inclinación, sin tener en cuenta que por la cercanía al mar y la velocidad de la brisa en la isa, permitió que ingresara el agua lluvia al coliseo deportivo. Estos daños patrimoniales están calculados por el órgano fiscalizador en 1.711 millones de pesos.
Y el proceso de Responsabilidad Fiscal por el contrato 208036 del 27 de febrero de 2008, con el consorcio Orbita Futbol, del que Castellanos hacía parte para la construcción de la tribuna occidental del Estadio de Fútbol de San Andrés, contratada por 5.332 millones de pesos, donde se hallaron también diferencias en la obra contratada con la ejecutada (cantidad) en la construcción del escenario deportivo por la suma de 129 millones de pesos; diferencias en la calidad de la obra por la suma de 386 millones de pesos.
Adicional a ello el contratista no entregó la obra en el tiempo establecido, incumpliendo con el objeto contractual el cual estaba encaminado al uso del escenario deportivo en los Juegos Nacionales, además que las dilaciones en la ejecución de las obras afectaron sustancialmente los cálculos financieros del proyecto que implicó asumir compromisos adicionales para la culminación de la misma con los consecuentes costos por las variaciones del tiempo, de los insumos, la mano de obra, además de los esfuerzos adicionales del ente contratante para recuperar recursos en pleito para que al final no haya sido entregado en el tiempo estipulado y su mantenimiento no haya resultado el adecuado, lo que derivó en un rápido deterioro del escenario deportivo, incrementándose el daño patrimonial para el Estado.
Consecuencia de esto, al momento en que se realizaron las inspecciones del caso se encontró que 1.118 sillas de las graderías estaban descoloridas y a ello se suma que la interventoría no fue la adecuada por cuanto no se tomaron en cuenta las medidas necesarias para el suministro e instalación de la silletería; el sistema hidráulico presenta problemas; existen espacios sin ventilación ni iluminación natural, lo que evidencia la falta de conocimiento del contratista y las barandas y puertas presentaron alto grado de desgaste. Por ello el ente de control tasó en 515 millones de pesos el daño patrimonial causado.
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