Colombia comenzó a definir la estrategia que seguirá para enfrentar los “efectos nocivos” del fallo de La Haya en el litigio con Nicaragua, la cual incluye una serie de decretos que establecen mecanismos de atención y protección del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El texto más reciente, el 1870 del 2013 publicado en el Diario Oficial el pasado 2 de septiembre, en el cual se establecen, entre otras, medidas concretas para afrontar esa sentencia, que el propio Gobierno Nacional calificó de “inaplicable”.
Lo resuelto hasta ahora es que habrá una “actualización cartográfica” que definirá los límites del archipiélago; se levantará un registro poblacional para identificar plenamente a sus habitantes, y se implementarán planes ambientales para proteger la biosfera del Seaflower, declarada reserva natural por la Unesco.
La intención de la primera medida es hacer una actualización del mapa del Archipiélago. Según el decreto, esto se basará en la “evaluación de especificaciones técnicas de las fotografías aéreas” realizadas entre 2011 y 2012, previos al fallo, a lo que se suma que está pendiente la identificación de la extensión real de la plataforma continental. La decisión busca además detectar “zonas susceptibles de desastres”.
La otra medida es el “levantamiento del registro de población”, que busca realizar una caracterización socioeconómica y demográfica de los habitantes del archipiélago. Esta decisión va ligada de una identificación de los pueblos raizales, con el fin de garantizarles la conservación de sus culturas y de sus derechos ancestrales.
Este punto es vital para la defensa jurídica de Colombia, ya que el Gobierno considera que el fallo de La Haya violó los derechos humanos de los raizales.
“Lo anterior tiene como propósito garantizar la pervivencia del pueblo raizal y su proyección como grupo étnico en contexto insular y fronterizo”, señala el decreto.
En materia ambiental, un aspecto neurálgico para la defensa de la soberanía, el Gobierno detectó que hay “indicios de sobrecarga” sobre el “sistema ambiental”, lo que desembocaría en efectos contraproducentes para la misma población.
Esto llevó a que, según el decreto, se comenzaran a diseñar propuestas de manejo e integración “hacia el desarrollo sostenible” del archipiélago y de la unidad ambiental costera insular.
Con el decreto, que es el cuarto de una estrategia de protección y conservación del archipiélago que se adoptó tras el fallo adverso del 19 de noviembre de 2012, la Casa de Nariño quiere ratificarle al país que no está de brazos cruzados en la defensa de la soberanía del país frente a los intereses “expansionistas” de Nicaragua.
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