La experiencia de la reconstrucción de Providencia, en donde las viviendas costaron $600 millones, plantea un reto para la construcción de viviendas de interés social (VIS), cuyos precios no pueden superar los $150 millones. Raizales, exministros y expertos plantean los retos y puntos a tener en cuenta para instaurar una política habitacional en las islas.
María Camila Ramírez Cañóny Camilo Vega Barbosa
Periodista Economía
El Consorcio Providencia espera terminar de reconstruir las 330 viviendas en octubre de 2022. / Terumoto Fukuda
Desde que pasó el huracán Iota en noviembre de 2020 el país ha seguido de cerca la reconstrucción en Providencia. Pero en las últimas semanas se desató una polémica luego de que el presidente Gustavo Petro criticara los costos que manejó la anterior administración (Duque): “¿Por qué un valor tan sorprendente? ¿Cómo puede valer en Providencia una casa de concreto $600 millones?”, dijo el jefe de Estado.
Pero más allá de la pelea política, la revelación de los costos plantea un problema ahora que el nuevo gobierno está definiendo la hoja de ruta para los próximos cuatro años: la política de vivienda social en el archipiélago podría ser inviable.
Uno de los principales retos es que las viviendas de interés social, que han sido el foco de la política habitacional desde hace más de 10 años, pueden valer máximo 150 salarios mínimos ($150 millones en 2022). Es decir, las viviendas de Providencia valen cuatro veces más que el límite VIS.
Y este problema es solo la punta del iceberg. El Espectador habló con raizales, exministros de Vivienda y expertos para analizar los retos y puntos a tener en cuenta para instaurar una política habitacional en las islas.
La experiencia de la reconstrucción de Providencia
Iota golpeó un archipiélago en donde, según el DANE, viven 61.280 habitantes, de los cuales el 56,1 % viven en casas, el 34,8 % en apartamentos y el 9,1 % restante en habitaciones. El huracán destruyó el 98 % de la infraestructura de Providencia, lo que hizo que los habitantes tuvieran que habitar en carpas por casi dos años. Además, en la isla de San Andrés quedaron afectadas 2.542 casas, a algunas se les voló el techo y otras quedaron con grandes humedades y filtraciones.
La escala de la destrucción llevó al gobierno Duque a prometer la completa reconstrucción de Providencia, de las 330 viviendas destruidas y del hospital. Se señaló inicialmente que se terminaría en 100 días, pero a las pocas semanas quedó claro que era una meta inviable por una serie de problemas que se han conocido en las últimas semanas.
“El costo de $600 millones por vivienda es un reflejo de todos los retos y problemas que implica construir en el archipiélago. Para empezar, en Providencia no hay puerto: literal tocaba descargar 14 contenedores (por vivienda) con fuerza humana, a lomo. Frente a la mano de obra, contratamos a todos los trabajadores disponibles en la isla, había como 200, pero se necesitaban 2.000 para todos los frentes de obra de las 330 viviendas. Entonces tuvimos que traer personal calificado del continente, lo que genera una serie de costos de transporte, hospedaje, alimentación y salarios con una prima que compensara el trabajo lejos de su familia y hogar”, explicó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda entre agosto de 2018 y marzo de 2022, quien lideró inicialmente el proceso de reconstrucción de la isla.
Los cuellos de botella en los puertos (no solo en Providencia), la pandemia, la escasez de acero a nivel mundial, la falta de contenedores para transporte marítimo y hasta el paro nacional son otros factores que encarecieron las viviendas, según el Consorcio Providencia, grupo de empresas que ejecutan la reconstrucción de la isla. Sin embargo, a pesar de las dificultades hay sectores que aseguran que el proceso tuvo problemas desde el comienzo.
Por ejemplo, Diego Velandia, director del Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes, criticó que “al final terminaron haciendo muchas cosas por el afán de una respuesta más política que pensando en la gente, en las comunidades y en la isla. Además, la gestión se dio desde Bogotá, con ideas muy generalizadas y genéricas que llevaron a la fuerza y se trataron de imponer. Son tecnologías que no son de la zona y que tienen muchos problemas, como el transporte de materiales, e igual se hace necesario llevar mano de obra calificada”.
El Consorcio Providencia ha defendido el diseño de las viviendas indicando que las especificaciones técnicas y los diseños estructurales y arquitectónicos de las casas nuevas fueron concertados entre Findeter y la comunidad raizal de la isla. Asimismo, indica que el trabajo en la isla se ha realizado “sin recibir dinero por concepto de honorarios y sin orientar la gestión a obtener retribución económica ni utilidad dineraria alguna”.
No obstante, los raizales que viven en la islas expresan que muchos de sus conocimientos del territorio y tradiciones no fueron tenidas en cuenta. Pese a que los diseños sí son acordes a los que tenían, los materiales con los que los construyeron no eran los más apropiados, según Zully Archbold, damnificada del Iota e integrante de la Veeduría Ciudadana.
Providencia listo, ¿sigue San Andrés?
Para Malagón, cuando “se terminen las 330 casas de Providencia, esta isla tendrá solucionado casi todo el déficit de vivienda. Por eso no habrá mucho por hacer en términos de política habitacional. Sin embargo, en San Andrés sí se puede hacer algo, de hecho, hay todavía muchas familias que viven bajo arriendo y se presentan otros problemas que el Gobierno puede llegar a intervenir”.
Pero en Providencia difieren de esta opinión, puesto que la reconstrucción solo tuvo en cuenta las casas ya existentes y hay personas que no la tenían antes del huracán y tienen derecho a ella. “No consideraron a la gente que vivía en arriendo, y durante la reconstrucción no tienen dónde quedarse. Tampoco tienen la oportunidad de alquilar. Y aunque pudieran hacerlo, es muy costoso. Por ejemplo, un alquiler que valía $400.000 lo subieron a $1’000.000 hasta $3’000.000. Entonces esa gente se quedó sin dónde vivir”, detalló Archbold.
Por otro lado, “hay más o menos 20 personas a las que les han dicho que no tenían derecho a la casa, aunque hay testigos en la comunidad que dan fe de que sí. Incluso no estaba registrada al principio y me tocó pelear, mostrar las fotos de mi casa”, agregó la residente de la isla.
Desde el Observatorio de Vivienda de la Universidad de los Andes también difieren de la opinión de Malagón frente a Providencia y consideran que es similar a “asumir que cuando se dijo que en 100 días se iba a reconstruir la isla. No hay nada más alejado de la realidad”, comentó Velandia.
Actualmente “hay una iniciativa puntual para generar unas viviendas, pero no es suficiente porque la casa no es solo un espacio para resguardarse, todas esas familias tenían actividades productivas allí. Entonces el acompañamiento y la evaluación son claves”, asegura el director del Observatorio.
¿Qué se puede hacer en San Andrés?
Si bien es debatible que Providencia ya no requiere políticas de vivienda, es claro que San Andrés merece atención estatal. Allí hay 16.405 viviendas, de las que el 70,9 % son residenciales, el 28 % no y el 1,1 % son mixtas, según el censo de 2018 del DANE.
Malagón destacó que “los costos de construir en San Andrés, si bien son más altos que los de proyectos en el continente, sí serían más bajos que los de la reconstrucción de Providencia. Si allí costaron $600 millones, en San Andrés pueden valer la mitad ($300 millones). Todavía siguen siendo más altos que el tope VIS, pero pueden ser razonables para ciertos proyectos de construcción”.
Aunque el exfuncionario advirtió que allí “el principal problema es conseguir el suelo para construir. Es una labor que depende del gobierno municipal de la isla. Este debe ser el primer punto de partida de cualquier política que se llegue a considerar. De todas formas hay una escasez importante”.
Es un punto en el que coincide otro exjefe de cartera: Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda entre 2013 y 2016, quien asegura que “en las islas hay regulación muy compleja sobre el suelo, o son territorios colectivos o pertenecen a la comunidad raizal que tiene un tratamiento especial. Por eso es necesario estudiar y revisar oportunidades de flexibilizar la regulación, y así liberar suelo construible que pueda brindar soluciones habitacionales”.
Frente a esa escasez de tierra disponible para la construcción de viviendas “hay una gran cantidad de terrenos decomisados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), y hay una ley que dice que los recursos decomisados por la entidad deben ser utilizados para el grupo étnico raizal en el territorio. A partir de estos dominios, que son grandísimos, se pueden hacer viviendas de interés social para distribuirlas entre los que no tienen su terreno”, aseveró Augusto Francis, pastor y líder de la comunidad en San Andrés.
Otra solución que propone Malagón a la poca disponibilidad de tierras es “construir edificios en vez de casas para optimizar el metro cuadrado utilizado. Fue una posibilidad que se ha llegado a considerar, pero siempre surgen problemas, como que los edificios no están alineados con el paisaje natural y cultural de la isla”.
En efecto, Henao comentó que no es solo cuestión de suelos, también es un fenómeno cultural. “Los raizales no quieren vivir en edificios, pues siempre lo han hecho en casas. De hecho, nos hemos dado cuenta de que para los raizales es fundamental tener un patio trasero, pues muchas veces ese será el espacio donde construirán las siguientes generaciones de la familia. Así fue como nacieron varios de los barrios de San Andrés y Providencia”.
Tanto Archbold como Francis coinciden en que construir edificios es complicado por el Plan de Ordenamiento Territorial y porque la tradición de las casas pesa en los habitantes, y eso es lo que les gusta.
“Nosotros estamos en contra de que construyan edificios, porque no son parte de nuestra cultura. Tenemos un esquema de ordenamiento que dice que se puede construir hasta un segundo piso, pero no se puede estar haciendo edificios porque Providencia perdería todo el encanto, ya no sería Providencia”, resalta la habitante de dicha isla.
Repensar la política de vivienda en el Archipielago
Los exministros de Vivienda Malagón y Henao coinciden en que si desea implementar una política de viviendas de interés social (VIS) en el archipiélago es necesario elevar los topes fijados por ley: 150 salarios mínimos en centros urbanos poblados ($150 millones para 2022). El límite actual hace inviable construir VIS en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Y, por ende, estas zonas del país son marginadas de los subsidios estatales para comprar vivienda (como Mi Casa Ya).
El cambio en el tope de precios de las viviendas de interés social debe aprobarse por medio del Plan Nacional de Desarrollo, lo cual representa una oportunidad, porque el nuevo gobierno se encuentra redactando este documento en este momento. De hecho, en este proyecto de ley se pueden establecer límites diferenciados por departamento, para que de esta manera el precio de las VIS de los archipiélagos sea superior al del resto del país. Sin embargo, los analistas advierten que el precio no debe ser el único factor a tener en cuenta.
“Una política de vivienda en el archipiélago debe partir de la comunidad. La experiencia mostró que es inviable llevar a trabajadores a las islas e implementar un proceso industrializado, lo que implica que el proceso constructivo se debe realizar de manera interna, con la comunidad. Se deben crear procesos de capacitación, llevando expertos y apoyándose en el Sena, para que la misma comunidad raizal sea la que lidere y ejecute los proyectos. La autoconstrucción es fundamental, pues solo así se incorporan ciertos elementos culturales y sociales importantes”, dijo Henao.
No obstante, algunos se preguntan si construir es la política de vivienda ideal para esta zona. “Se debe organizar un programa de reparación, rehabilitación y adquisición de vivienda propia”, enfatiza Francis.
Es decir, otra de las soluciones en materia de vivienda para el archipiélago podría estar más inclinada hacia las reparaciones de los inmuebles ya existentes.
De hecho, el gobierno anterior lanzó un programa que apunta a este objetivo: Casa Digna, Vida Digna, que da recursos para mejorar la calidad de las viviendas. Entonces, ya hay experiencia y recursos en este frente.
El Espectador buscó a la nueva ministra de Vivienda, Catalina Velasco, para consultar sobre cuál será la política de vivienda para los archipiélagos (diferente a seguir con la reconstrucción) en el gobierno Petro, pero al cierre de esta edición no se recibió respuesta de la funcionaria.
Para implementar una política de vivienda social en el archipiélago se requiere superar varios retos, que van desde los costos y la escasez del suelo hasta los factores culturales que no pueden ser ignorados. Es claro que esta zona del país necesita con urgencia una política de vivienda.
Fuente: elespectador.com
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