Los colombianos hoy califican como pésima la gestión del gobierno de Gustavo Petro tal y como lo ha denunciado el Centro Democrático. En estos dos años el Gobierno sale mal calificado en aspectos como la economía, la seguridad y el bienestar social en medio de los más graves escándalos de corrupción que haya conocido el país.
Estos han sido dos años en los que, además, el Gobierno ha atacado sistemáticamente a las instituciones, las libertades, la democracia y a la oposición, ambientando ante la opinión pública temas como una constituyente, amparado en un acuerdo ilegítimo como el de La Habana rechazado ampliamente por el NO en el plebiscito.
Es una realidad, los colombianos según la más reciente encuesta de Guarumo y EcoAnalítica, rajan al Gobierno.
El 32.6% de los consultados califica como pésima la gestión del presidente Gustavo Petro y el 33.3% como mala.
La misma encuesta revela que los problemas que más preocupan a los colombianos son el de acceso a la salud con un 21.9% de los entrevistados, la corrupción con el 18%, la seguridad con el 16.3%, el costo de la vida con el 16.1% y la falta de empleo con el 15%.
Todas las preocupaciones que hoy agobian a los ciudadanos están directamente relacionadas con temas en los que las políticas y desaciertos de este Gobierno presentan graves grietas y problemas en su ejecución.
Este Gobierno quiebra la economía
Los dos años del gobierno Petro han significado un freno para el crecimiento económico del país. Mientras en 2022, Colombia experimentó un crecimiento del 7.3%, en 2023 el PIB cayó a 0.6% el más bajo en 25 años. En 2024 el comportamiento de la economía será igual de mediocre, las estimaciones de los analistas oscilan entre 1% y 1.5% de crecimiento.
En el primer trimestre de 2024, de 12 sectores económicos, seis presentaron crecimientos negativos, siendo el de las manufacturas el que mayor caída registró con un -5.9%, mientras que la construcción experimentó una contracción del -2.5%. La crisis en este último sector ha sido tal, que la vivienda de interés social (VIS) cerró 2023 con una caída del 49.7%, golpeando a las familias más desfavorecidas del país que no encuentran el camino para poder adquirir casa propia.
El pésimo comportamiento en las cifras es el resultado de políticas encaminadas a quebrar la economía de Colombia y un agresivo discurso contra el sector privado que ha desestimulado la inversión tanto nacional como extranjera, prueba de ello es el cambio de reglas para sectores como el minero energético que hoy tiene a Colombia ad portas de importar gas natural del régimen de Maduro y en alerta los bolsillos de la ciudadanía, que tendría que pagar el próximo año incrementos cercanos al 28% en sus facturas de servicios públicos.
La asfixia por los altos precios de la canasta básica familiar, alentados por la reforma tributaria ha afectado a las tiendas del país, deprimidas por el impuesto a los alimentos básicos, cuando el Gobierno debió dar un mayor tiempo de transición. La inflación lleva tres meses estancada y, en lugar de contribuir con políticas que permitan su descenso, el Gobierno incrementa el precio del diesel, la gasolina y aumenta el valor de los peajes en 4.64%.
¡No hay derecho!
Más grave, que hoy ante el país se ventile la posibilidad de una nueva reforma tributaria con un Gobierno que en dos años solo ha dejado constancia del derroche en sus gastos.
En medio de las penosas condiciones económicas de millones de colombianos, el gasto del Gobierno Central pasó del 21.5% del PIB en 2022 a 22.8% en este año.
En los últimos dos años lo gastos de funcionamiento han crecido un 52%, creando ministerios como el de la Igualdad (tumbado gracias a las demandas de nuestros congresistas del Centro Democrático); y pagando millonarios salarios en embajadas como la recientemente abierta de la FAO en Italia.
A la par que crece el derroche, millones de colombianos padecen el fenómeno del desempleo que no cede.
Mientras que para junio de 2024 fue del 10.3%, el país no regresa a las cifras prepandemia cuando se ubicaba en el 9.7% en junio de 2019. Preocupa la tragedia del desempleo juvenil, uno de cada cinco jóvenes en el país ni estudia ni trabaja y de acuerdo con un informe de la OIT el desempleo en 2023 entre los hombres jóvenes fue del 13.4% y en las mujeres del 20%. Todo un drama social sin resolver por parte de este gobierno que cabalgó en campaña sobre las expectativas de algunos sectores juveniles del país y a los cuales hoy defrauda.
Con sus políticas este Gobierno condena a 12 millones de colombianos a la informalidad. Hoy cerca de un 55% de la población ocupada, se encuentra trabajando bajo modalidades de empleo precarias sin acceso al sistema de seguridad social del Estado, condiciones que se agravarán con reformas como la pensional y si llega a ser aprobada la laboral.
La seguridad se fue de Colombia
La política de “Paz Total” ha significado una tragedia humanitaria para miles de colombianos asfixiados por la presión y el crecimiento desmesurado de diferentes organizaciones criminales a lo largo del país. Hoy el Clan del Golfo intimida a los habitantes del 75% del territorio nacional donde 24 de los 32 departamentos ya reportan la grave presencia de ese grupo armado, según la Defensoría del Pueblo. Las demás organizaciones terroristas también se multiplican bajo el amparo de este Gobierno.
El ELN ya está en 232 municipios, las disidencias de las FARC hacen presencia en 299 localidades y otros grupos de crimen organizado en 184 poblaciones.
Preocupa el auge de las organizaciones terroristas, con unas Fuerzas Armadas debilitadas, maniatadas y una inexistente política de erradicación de cultivos ilícitos, combustible de la violencia. El país hoy cuenta con 250 mil hectáreas de coca que se constituyen en una grave amenaza y, a la vez, en un problema social para el país.
La política del actual Gobierno parece estimular la violencia. Durante dos años las masacres suman más de 150. En el primer trimestre de este año la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU reveló que el desplazamiento forzado masivo aumentó en un 37%. En total, durante ese periodo, 18.887 personas y unas 7.400 familias se vieron forzadas a abandonar sus hogares.
La violencia golpea a los líderes sociales, más de 330 han sido asesinados durante este Gobierno. En aumento va también el secuestro que ha crecido un 45% y la extorsión en un 52%. Hoy el país está extorsionado, la industria, el comercio, el campo colombiano.
Corrupción desbordada
Desde el Centro Democrático llamamos la atención sobre los graves escándalos de corrupción que han sacudido este Gobierno en dos años. La corrupción es un flagelo que limita la confianza de la ciudadanía en el
sector público pero que, además, le quita recursos de forma fraudulenta y criminal al Estado que deberían estar dirigidos al bienestar de los colombianos, en especial a las comunidades más vulnerables.
Por eso, no nos cansaremos de denunciar cómo en este Gobierno los escándalos de corrupción se han convertido en el pan de cada día. El país no puede olvidar todos los frentes abiertos en materia de corrupción
que tiene este Gobierno, así como a sus protagonistas en hechos que enlodan a altos funcionarios y, que de manera evidente, les han robado bienestar a comunidades desfavorecidas como las de la Guajira y otras regiones del país.
Estos son 14 escándalos de corrupción de este Gobierno que el país debe recordar:
1) En mayo 2023, Marelbys Meza, niñera de Laura Sarabia, denunció que fue sometida al polígrafo por el robo de una maleta con dinero de la casa de la entonces directora del Dapre. Señaló que la hicieron pasar por integrante del Clan del Golfo.
2) Los audios de Armando Benedetti con Laura Sarabia, revelados por revista Semana, donde se habla sobre 15.000 millones de pesos que el hoy embajador ante la FAO consiguió para la campaña de Petro presidente. La Fiscalía le abrió indagación por delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas.
3) El caso de Nicolás Petro, por presunto enriquecimiento ilícito. Day Vásquez, testigo principal del escándalo de corrupción, señaló que Nicolás habría recibido millonarias sumas de dinero de personajes altamente cuestionados, para financiar la campaña de su padre y con las que también se habría
enriquecido.
4) Los 500 millones de pesos que habría donado Fecode a la campaña presidencial.
5) El escándalo de corrupción de la UNGRD. Incluye la compra por 46.800 millones de pesos, de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira que nunca fueron usados. Están salpicados funcionarios y congresistas, como Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes dijeron que parte de ese
dinero se usó para asegurar en el Congreso el avance de los proyectos del Gobierno. Mencionan al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a Carlos Ramón González, exdirector de Inteligencia y a nueve congresistas. El 15 de diciembre, según investigación de la ‘Silla Vacía’, hubo reunión con el ministro Bonilla, quien habría ordenado a Olmedo López gestionar rápido contratos por 92.000 millones de pesos para cumplirle a los congresistas. Según Olmedo, este soborno también beneficiaría al grupo criminal ELN, supuestamente para garantizar su financiación. Según López, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le contó cómo estaba negociando con los congresistas los votos para las reformas a
cambio de contratos.6) Un informe de la unidad investigativa de Noticias Caracol reveló audios sobre las supuestas colaboraciones para eventos políticos de la campaña Petro presidente que aportó Sandra Navarro, esposa de Juan Carlos López, alias Sobrino, señalado narco de Casanare.
7) La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, por la celebración irregular de 95 contratos de prestación de servicios.
Señalan a la primera dama, Verónica Alcocer, de usar su poder para tener un séquito que le ha costado al Estado más de mil millones de pesos en lo que va corrido del Gobierno. Según investigación de la ‘Silla Vacía’ se contrataron maquillador personal y vestuarista, fotógrafo profesional, compañía de amigos personales, etc.
9) La Revista Semana revela el derroche de recursos y la burocracia desbordada en ProColombia, presidida por íntima amiga de Verónica Alcocer, quien además estaría recibiendo sueldo millonario
10) Un informe periodístico de la Silla Vacía deja en evidencia que el clan Torres, señalado de financiar la campaña presidencial de Petro en 2022, ha. recibido 180.000 millones de pesos en contratos con el Gobierno.
11) Se evidencian en medios la nueva vida de lujos del hermano de Laura Sarabia y la revista ‘Cambio’ habla sobre supuestas reuniones que lo vinculan con una red de contratación ilegal con congresistas y
funcionarios públicos
12) La Contraloría denuncia posibles irregulares en contratos en RTVC para propaganda del Gobierno
13) Periodistas denuncian que a Daniela Andrade Valencia, cercana a Laura Sarabia y, quien dio visto bueno para el pago de varios contratos corruptos de la UNGRD desde la Fiduprevisora, le dieron una notaría.
14) El ex superintendente de Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, quien fuera interventor de cajas de compensación, entre estas Comfenalco, fue sancionado por la Procuraduría por 12 años para ejercer cargos públicos por valerse de su cargo para pedir dinero, actuación calificada como gravísima.
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