Por: Ethel Bent La Mala Hierba
El reciente fallo del Consejo de Estado que anuló la elección del gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Nicolás Gallardo Vásquez destapó una vez más las heridas abiertas del sistema político en el archipiélago. Más allá del caso jurídico, la verdadera pregunta es: ¿hasta cuándo seguiremos normalizando las dinámicas del poder político envueltas en corrupción, clientelismo y delito electoral, como si fueran parte del paisaje?
Hace apenas unos días, el Consejo de Estado declaró nula la elección de Gallardo Vásquez por doble militancia en modalidad de apoyo. El gobernador, inscrito por el Partido Liberal, apoyó públicamente a un candidato del Nuevo Liberalismo, alineado con fuerzas del Partido Conservador y Colombia Justa Libres, violando lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1475 de 2011. La sentencia, respaldada por pruebas irrefutables, ha generado una avalancha de rechazo cuidadano, reacciones jurídicas y mediáticas en respaldo al gobernador quien ha defendido su inocencia y dicho en rueda de prensa «No haber hecho nada malo».
Pero, lo más impactante no ha sido su respuesta o el fallo, sino el actuar de una multitud, quienes lo recibieron en el aeropuerto el viernes 4 de abril con aplausos, canciones, oraciones y vítores, como si fuera una víctima del sistema, y no alguien que transgredió la ley electoral, según la sentencia.
Esta escena muestra con crudeza una realidad dolorosa: la gente del archipiélago sigue atrapada en un sistema político corrupto y tan profundamente normalizado que no se cuestionan y se tragan la película entera.
Nuestra historia política está marcada por una larga lista de exgobernadores investigados o condenados como: Antonio Manuel, Leslie Bent, Aury Guerrero y Ronald Housni, del mismo partido, aunque se repite en otras colectividades. Los cargos públicos se han convertido en negocios personales, redes de favores, y existe una élite politica que se recicla una y otra vez bajo nuevos lemas, pero con las mismas prácticas.
Gallardo llegó al poder con cerca de 20 mil votos, impulsado por cuestionadas figuras electorales como los congresistas Elizabeth Jay-Pang, Jorge Méndez y con un grupo mayoritario de diputados que, en la práctica, ejercen poco control político. Entre tanto, el departamento se consume en la violencia, crisis de la salud, sanitaria y ambiental, sobrepoblación, abandono de obras vitales entre otras desgracias.
En este escenario, quienes se atreven a denunciar o a pensar diferente, son victimas de señalamientos, matoneos, son censurados, excluidos y marginados de la vida pública, de la economía y el derecho al trabajo.
El gobernador anunció ya su intención de postularse nuevamente en las elecciones atípicas, convencido de que sus 20 mil votos volverán a respaldarlo. Y aquí surge la siguiente pregunta:
¿Seguiremos premiando a quienes nos han traído hasta aqui?
El presidente Gustavo Petro deberá designar un gobernador encargado. La gran incógnita es si apostará por alguien independiente de estas redes políticas, o si caerá en la misma lógica de siempre. Pero más allá de nombres, el debate de fondo es otro. Necesitamos abrirnos a la conversación seria, ética y valiente sobre el futuro institucional del archipiélago desde la conciencia y el despertar ciudadano. No podemos seguir siendo cómplices de un sistema podrido.
El delito electoral también es corrupción.
Y la corrupción mata los derechos colectivos y con ello el futuro de todos.
Sino despertamos como pueblo, seguiremos girando en el mismo círculo vicioso con un territorio saqueado y gobernado por la politiquería de siempre.
Es necesaria una movilización cívica de gremios, población raizal y residente, líderes comunales, empresarios y ciudadanos que exijan de una vez por todas a la dirigencia política seriedad en el manejo de los asuntos del Departamento, sin exclusión de ningún habitante por razones políticas, etnicas o económicas.
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