No hay derecho a tanto abandono y tanto olvido de un Estado que es el culpable de la pérdida del mar que los raizales heredaron de sus ancestros y que los gobiernos capitalinos no pudieron cuidar para las presentes y futuras generaciones de las islas.
No hay derecho a tanta ignominia de un Gobierno pusilánime que vino a las islas a comprar la conciencia de los directamente perjudicados con el fallo a punta de subsidios temporales que no le llegaron a todos los pescadores, ni todos los que lo recibieron se dedicaban a esa actividad.
No hay derecho a que se haya desaprovechado esta oportunidad por parte del Estado y del Gobierno de reivindicarse con un territorio al que ha mantenido relegado a las políticas colonialistas y a la desconfianza que siempre le tuvo a los nativos, no haya aprovechado para trazar una verdadera política de Estado que más allá del pernicioso asistencialismo, y que estableciera una nueva línea de desarrollo económico en la restante porción marina donde muchos proyectos piscícolas pudieron desarrollarse, con flotas adecuadas, con técnicas acertadas que permitieran a quienes perdieron los bancos de riqueza ictiológica, continuar con su actividad sin los contratiempos de la amenaza «Nica», o la lejanía de su distante ubicación.
Tres años después del fallo de la CIJ los pescadores de las islas se sienten a la deriva, su economía está en crisis total, ya no tienen grandes y buenas faenas como antes pues temen salir a altamar por que Nicaragua intensificó la presencia de la guardia costera en la zona limítrofe, particularmente en el banco Luna Verde, y sus lanchas permanecen la mayoría del tiempo ancladas en la orilla del mar; sienten que su tradición por años se ha perdido por cuenta de la decisión de la Corte Internacional.
Y es que regresar al mar hoy día no les da para juntar 200 libras de pescado diarios cuando años atrás pescaban mil libras por día, lo que además afecta la dispensa para los consumidores de las islas por que incluso los distribuidores de pescado en la isla bajaron su producción en un 80%, y lo que resulta más insólito para un territorio rodeado de mar por sus cuatro puntos cardinales es que hoy día están comercializando el producto importado de Nicaragua, Buenaventura y Cartagena, ya que San Andrés dejó de ser productor para convertirse en importador de pescado.
Así lo confirman distribuidores de productos del mar que aseguran que “el pescado lo estamos comprando en Buenaventura, aquí en el Archipiélago ya no se levanta ninguna clase de pescado, este lo está exportando hasta los mismos nicaragüense. Las ventas han disminuidos bastante, hoy están trayendo el pescado exportado de Nicaragua mucho más costoso”.
La industria pesquera quebró y las dos plantas que operaban en las islas y que disponían de flotas de barcos pesqueros colombianos, hondureños y nicaragüenses ya no operan y la actividad se trasladó al otro lado de la frontera por que hoy día tienen permisos de las autoridades “nicas” y operan en ese país, pero pescan en las mismas aguas que antes lo hacían bajo bandera de Colombia.
Empresas exportadoras de productos al exterior que cerraron por completo sus plantas y hoy sus negocios se reducen a restaurantes y expendios de comida y producto de mar o distribuidor del producto que procesan en otros sitios para los hoteles, supermercados y restaurantes de comida de mar en las islas.
Incluso los habitantes de las islas han tenido que cambiar sus hábitos de comida, ya que sus platos tradicionales que siempre han sido a base de mariscos, están siendo remplazados por otros alimentos debido a la escasez del producto y el doble del precio que se vendía hace tres años atrás.
El Estado no puede seguir haciéndose el de la vista gorda, y debe dejar su estado de confort frente a la crisis del sector pesquero del archipiélago. No son subsidios los que necesitamos, son verdaderas políticas de Estado que desarrollen el sector en la amplia extensión de mar que aún nos queda. Que cree con técnicas científicas los bancos de riquezas ictiológicas, que desarrolle la maricultura, la piscicultura, que financie y cree las foltas de pesqueros y que ponga las naves de la Armada y los aviones de la Fuerza Aérea a vigilar y escoltar nuestros pescadores para que regresen a los sitios donde históricamente éstos han faenado.
No es solo que se anuncie que se hace presencia en el Meridiano 82, es que de la misma forma como en algún tiempo el Ejército escoltaba las caravanas de vehículos por las carreteras de Colombia para impedir los ataques de la guerrilla, ponga las lanchas de guardacostas, las corbetas y las patrulleras oceánicas a acompañar, a escoltar y a proteger en la zona de riqueza pesquera, a todos nuestros pescadores en un mar que ahora compartimos con otros vecinos, para que asegure no solo sus embarcaciones, sus faenas, si no la libertad e integridad misma de todos nuestros pescadores.
Esa es una alta deuda no saldada con esta comunidad y que por costosa debe empezar a cancelar el Estado colombiano.
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