El año 2019 ha sido un año dramático para la economía doméstica que ha afectado por igual a empresas públicas y privadas, hogares, profesionales y actividades tanto comerciales como turísticas.
Y esta compleja situación económica del Archipiélago no es propiamente producto del contagio de una mala situación económica del país. Por el contrario es una situación causada en cierta forma por el principal motor del desarrollo económico del Archipiélago: la Gobernación de San Andrés y Providencia; la primera llamada a producir prosperidad económica y social en las islas. Los principales motores de la economía son el turismo y el gasto público a través de la Gobernación.
Varios profesionales que siempre han ejecutado obras y contratos con la Gobernación han estado parados casi todo lo corrido del año, algunas de sus obras ya culminadas hace mucho rato, no se las han pagado a tiempo y enfrentan procesos de embargo por la mora en el pago de deudas a las que se hicieron para financiar sus contratos ante los bancos.
Una jefe de crédito y cartera de un banco en San Andrés dijo a THE ARCHIPIELAGO PRESS que han atendido muchos casos de clientes a los que les han tenido que castigar la cartera y otros que han optado por la refinanciación de la deuda; muchos de estos eran contratistas del Departamento.
Tras la crisis política desatada en septiembre de 2018 cuando fueron capturados entre otros el gobernador Ronald Housni Jaller, la economía insular no se paralizó y siguió su marcha normal durante el lapso en que estuvieron Alain Manjarrez Flórez y Sandra Howard Taylor, pero con la llegada del almirante Juan Francisco Herrera Leal la afectación económica empezó a sentirse desde diciembre, y fueron muchos hogares que alguna dependencia económica tenían de la Gobernación del Departamento, quienes vivieron una «navidad triste» que se vio reflejada en el ambiente colectivo de una ciudad opaca en la época más iluminada, colorida y alegre del año.
La excesiva cautela y desconfianza del nuevo gobernante, en virtud del relajo, desorden y corrupción que habían evidenciado los ocho años de gobierno en el Coral Palace tras el descubrimiento de la trama de coimas y contratos en la sede de gobierno provocó un temor en la entrante administración que frenó y paralizó casi que por completo todo tipo de contratación, incluso aquella que suplía labores misionales al ente territorial, por parte de personas que prestan un servicio profesional e idóneo a la administración y que no son propiamente parte en una nómina paralela.
Pero además esta excesiva prudencia gubernamental que más parecía una desconfianza absoluta por todo el que estuviera cerca al Gobierno, también frenó proceso de obras públicas necesarias para el bienestar social de los habitantes del territorio. Vías, escenarios deportivos, etc. cuyos procesos ya estaban andando, fueron interrumpidos indeterminadamente y algunos de estos proyectos han quedado en el limbo o incluso lo que se teme es que en algunos programas por falta de ejecución, el Departamento podría recibir castigo fiscal en las siguientes vigencias.
A esto se suma que el nuevo gobierno decidió continuar con la misma ruta de la fuga de capitales. Las anteriores administraciones para favorecer amigos políticos o cumplir compromisos electorales, y con lo cual se promovió corrupción, entregaron multimillonarios contratos a empresarios de afuera; primero de Medellín y el Eje Cafetero y luego de Barranquilla.
El nuevo gobierno repitió la misma ruta que ha venido teniendo la fuga de capitales del Departamento. Para ello decidió hacerlo con Bogotá, aunque con la convicción de que no se está promoviendo corrupción ni se están pagando favores políticos, pero contratar a Findeter para que administre un paquete de obras por 45 mil millones de pesos que le cuesta al Departamento casi el 10 por ciento del valor contratado, tampoco es lo más transparente con los dineros de los isleños, tanto por el costo de la intermediación de esa ejecutoria, como por el hecho de que los dineros que se contraten con foráneos, son recursos que dejan de circular en la economía insular y además los antecedentes del Departamento con obras ejecutadas por Fonade, Findeter y otras entidades del Estado no ha sido los mejores, y muchas obras han terminado cuestionadas o inservibles.
Otra consecuencia de esto es que mucha mano de obra local, tanto de nivel profesional como operario está quedando fuera de circulación, y son actores productivos que le aportan a la economía insular y en cambio la contratación en manos de esas entidades termina por importar hacia la isla a profesionales del sector de la construcción venidos de fuera.
Pero también se afecta al sector privado. Empresas turísticas y del comercio han hecho recortes en personal, en servicios e incluso en compra de insumos, dijo en días pasados el presidente de Cotelco Juan Carlos Osorio, refiriéndose a la crisis que este año ha tenido el turismo. Muchas empresas hoy acumulan varios meses sin pagar a sus proveedores algunos servicios contratados.
Si en San Andrés no circula el dinero todo se ve afectado por que es una cadena, que no solo depende del turismo, sino en gran medida del residente que consume en restaurantes, en Discotecas, o compra en el comercio o en los supermercados, y todo ello se ha visto afectado.
Pero el mismo giro ordinario que el Departamento debe hacer también se ha frenado por nuevos procedimientos introducidos por la actual administración, afectando el funcionamiento de otras entidades como el caso de Providencia con los retrasos en las transferencias del 20 por ciento de las rentas departamentales en su condición de único municipio, y de Emdesai, la empresa de alumbrado y semaforización que en cuatro meses no ha recibido sus trasferencias y no ha podido pagar proveedores y empleados, debido a que se introdujo una nueva forma de vinculación contractual que ha dilatado en las manos de la tramitología burocrática, una solución oportuna.
Acaso creen que el tema de la inseguridad no tiene una relación directamente proporcional con la crisis económica que afrontan las islas por la fuga de capitales, el freno y parálisis de la contratación, y las restricciones al funcionamiento del comercio nocturno y el expendio de licores en barrios populares donde las tiendas son las que mueven dicha economía?
Además de la crisis social de hogares disfuncionales donde no hay autoridad de padres, de la ascensión de una generación que venía incubando todos los problemas sociales como falta de oportunidades, mal ambiente, déficit de saneamiento ambiental, de educación y salud etc., habitamos una sociedad consumista en virtud del Puerto Libre, y en esa cultura hay muchos adolescentes y jóvenes acostumbrados a vivir la buena vida, a vestir bien, con ropa de marca de tiendas exclusivas, y “conseguirse una “lea bonita”. Y es en ese caldo de cultivos, donde la falta del dinero que no está circulando, que no llega desde el Departamento a contratistas que pagan obreros, trabajadores, madres cabeza de hogar o personas humildes dedicadas a oficios varios, que tienen hijos adolescentes y con un mundo de problemas en el hogar, muchas veces sin la figura o la autoridad paterna, de donde están saliendo jovencitos dispuesto a todo; hasta a ingresar a una casa de noche, golpear a su ocupante con un revólver y llevarse todo lo de valor que encuentren, como ocurrió en estos días cuando se reportaba que chicos de entre 15 y 16 años eran los autores del atraco a una residencia en Little Hill. Son puros muchachitos los que están atracando y se están metiendo a hurtar a comercios y residencias, dijo una fuente policial para desmentir fake news que circulaban, señalando a supuestos disidentes de las Farc llegados a la isla.
Realmente que es lo que le pasa a la economía insular?. Una recesión es la caída significativa de la actividad económica que acontece en el conjunto de la economía y para un número suficiente de meses, y que se resulta visible en términos de producción, empleo, renta real, y otros indicadores. La recesión comienza cuando la economía alcanza su máximo y termina cuando alcanza su mínimo. Entre el mínimo y el máximo, la economía se halla en expansión.
Solo los expertos en el tema pueden indicar que fenómeno es el que la afecta. Pero si presenta síntomas de una recesión: disminución del consumo por menos dinero, aumento en la cartera vencida de los créditos, provocada por la falta de capacidad de pago de los deudores.
Lo peor es que toda esta situación se presenta durante un año electoral que puede agudizar más la compleja crisis socio económica de la región por que la Ley de Garantías Electorales ordena una veda contractual de cinco meses, que agrega más parálisis al gasto público, que es uno de los grandes dinamizadores de ese motor económico que mueve el Departamento, y aunque la cautela y prudencia de meses atrás se alteró un poco en la víspera de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías con una explosión de contratistas recomendados por políticos a última hora, supone un leve aumento de ese gasto público, tampoco se cree que anime mucho la economía ya maltratada por la crisis política y la inseguridad que reciente el destino turístico.
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