Según informó Blu Radio, las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación revelaron que el proceso de contratación estuvo marcado por graves irregularidades.
En 2017, la Gobernación de San Andrés firmó un contrato por 2.112 millones de pesos con un consorcio conformado por varias empresas para el mantenimiento y rehabilitación de vías en el archipiélago. Sin embargo, ocho años después, las obras nunca se ejecutaron, y los recursos destinados al proyecto fueron desviados.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación revelaron que el proceso de contratación estuvo marcado por graves irregularidades. Desde la fase inicial, no se realizaron estudios técnicos previos para determinar las condiciones de las vías, los costos de los materiales ni la viabilidad del proyecto. A pesar de estas falencias, la Gobernación adjudicó el contrato a un oferente que no cumplía con los requisitos exigidos, pues no presentó la documentación completa ni acreditó la experiencia suficiente.
El entonces secretario de Infraestructura de San Andrés, Alejandro Lozano Bowie, fue una de las piezas clave en el proceso. Según la Fiscalía, él habría autorizado el desembolso de un anticipo de 1.000 millones de pesos a los contratistas Carlos Julio Ramírez James, Marco Tulio Solano Glenn y Ricardo José Cogollo Ponce, sin la debida justificación. Estos recursos, en lugar de ser utilizados en la ejecución del contrato, fueron desviados para cubrir otros asuntos no previstos.
Además de la falta de estudios y la selección irregular del contratista, el caso también vulneró principios esenciales de la contratación pública, como la transparencia, planeación, responsabilidad y economía. La ausencia de controles permitió que se realizara un pago millonario sin que existiera una garantía real de cumplimiento del contrato.
Ante estos hechos, la Fiscalía presentó a los implicados ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ninguno aceptó los cargos.
Este escándalo dejó al archipiélago sin las mejoras viales prometidas y con una millonaria pérdida de recursos públicos. Ahora, las autoridades buscan esclarecer quiénes más pudieron estar involucrados en este entramado de corrupción y si es posible recuperar parte del dinero. Entretanto, la comunidad de San Andrés sigue esperando las obras que nunca fueron ejecutadas.
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