El desplome de la candidatura de la exgobernadora Susanie Davis Bryan a la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, no es un ‘Feminicidio’, ni una maquinación de fuerzas oscuras que no quieren que la candidata llegue de nuevo a la Gobernación de las islas.
El desplome de esa candidatura es el precio de la arrogancia de la Casa Gallardo y su prepotente directivo, el parlamentario Julio Eugenio Gallardo Archbold, quien con el afán de demostrar su poder y de enrostrarle a las demás fuerzas políticas de la región que él es dueño de un Partido, condenó a la doctora Susanie Davis Bryan de perder la oportunidad de llegar nuevamente al Coral Palace, despreciando los avales que podían darle a ésta los partidos que si tienen personería jurídica y que respaldan su candidatura como son el Partido Conservador y Verde.
Y es justamente en esa demostración de arrogancia donde terminó siendo un absoluto ingenuo e inexperto político al que incluso le ganó “la malicia indígena” del legendario ex diputado Leroy Bent, quien también, a pesar de inscribir a su hijo Lidonel Bent Llerena con firmas, tenía “bajo la manga” un as con el que se jugaría su plan B para blindar la candidatura de su heredero y que ésta no sucumbiera en la revisión dactiloscopia de los formatos de inscripción por firmas.
Tan arrogante Gallardo que incluso en procura de neutralizar el aval para el candidato rival de su pupilo a la Alcaldía de Providencia, amenazó con inscribir a Davis Bryan con el aval del Partido Conservador, pero no tuvo la precaución de efectivamente hacerlo en la práctica, seguro de que las firmas no le representarían problema alguno por que ya se creía “dueño” de 25 mil electores que votarían por su candidatura.
Gallardo, único culpable del desplome de la candidatura de Davis Bryan ha venido engañando a las autoridades electorales y a la comunidad del Departamento con la existencia de un Partido político que realmente no existe, que existió, ciertamente, pero que perdió su personería jurídica en el año 2006 y que desde entonces en todas las elecciones ha usurpado la estructura de un movimiento que ya debería estar disuelto, y que el Consejo Nacional Electoral se lo ha permitido con leguleyadas de unos magistrados que son tan políticos como quienes los nombran; los congresistas.
Tanto así que el Estatuto de Partidos Políticos en su artículo 15 advierte que se reputarán ilegales todas las actividades posteriores a la disolución de un movimiento político. Incluso en el artículo 5º de la Ley 130 de 1994 se advierte que los partidos y los movimientos políticos son propietarios de su nombre y del símbolo que hayan registrado en el Consejo Nacional Electoral. Estos no podrán ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida o no. La denominación de un partido o movimiento deberá distinguirse claramente de la de cualquier otro ya existente. Los organismos que se escindan del partido o movimiento perderán el derecho a utilizar total o parcialmente la denominación y el símbolo registrado y las sedes correspondientes. Y todo ello lo ha venido haciendo Integración Regional en abierta contradicción a la Resolución por medio de la cual se canceló su personería jurídica por no cumplir con el umbral de votos necesarios para mantener la personería jurídica.
Hay sectores que creen que además de arrogancia es cuestión de mezquindad y avaricia de los dueños de Integración Regional, por que aceptar un aval de un Partido con personería, le representaría a Gallardo perder el dinero que le paga el Consejo Nacional Electoral al momento de reponer los votos que obtenga su candidato por cuanto éste monto se trasfiere al partido o movimiento que haya inscrito la candidatura.
Y en cuanto a la recolección de firmas parece que hubo ligerezas y por creer que se las saben todas, no hizo como otras campañas que pagaron asesores para que capacitara a su personal de “recolectores de firmas” a efectos que se les impartieran precisas instrucciones de lo que no se debía hacer en el diligenciamiento de las rubricas para evitar que se las invalidaran como en efecto ha ocurrido.
En todo caso tendrá que aprender la lección, más allá de si prospera o no el recurso de apelación que el ordenamiento jurídico concede para toda actuación administrativa o judicial a la que se le concede el derecho a la segunda instancia y a la defensa.
La Casa Gallardo debería dejar de lado su cinismo de pretender culpar de lo que les ha ocurrido a los demás y de argumentar persecuciones que lejos de padecerla ellos la han cometido con los demás. Y que ahora salgan a hablar de feminicidio cuando justamente con Pedro Gallardo le arrebataron el triunfo a Aury Guerrero por una mesa espuria de 28 votos en Providencia, es simplemente un ataque de repentina y conveniente pérdida de memoria, porque hasta la misma doctora Davis Bryan termina siendo víctima de los tradicionales procederes de la Casa Gallardo.
Por