Por JUAN PABLO PÉREZ B. | ADELAIDA ÁVILA CABRERA | MANUELA GALVIS ·
28 DE ABRIL DE 2020
El billón de pesos que los políticos y empresarios corruptos le roban al sector de la salud al año, según cálculos de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, hace falta hoy para, por ejemplo, comprar las camas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que tanto se necesitan para atender a los pacientes críticos de coronavirus.
Es la factura que la corrupción pasa en tiempos de pandemia y cuyo peso se está sintiendo con fuerza en las regiones.
Históricamente, la salud ha sido considerada un botín porque su presupuesto es uno de los más grandes de la Nación y porque, como se trata de un derecho constitucional, el Estado debe estar invirtiendo constantemente millonarios recursos.
“Es un banco que siempre tiene plata”, como nos dijo una persona que conoce el sistema en las regiones.
Para este año, antes de la emergencia sanitaria, el presupuesto del Gobierno para todo el sistema era de 31,8 billones de pesos, el segundo más grande del 2020.
En las regiones, la administración de los hospitales públicos está, principalmente, a cargo de la gobernaciones y sus secretarías de Salud (manejan los hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel). Muchos de ellos se convierten en fortines de políticos que nombran en estos cargos a fichas suyas y se roban parte de su presupuesto.
Así, de acuerdo a lo que nos dijo el contralor Carlos Felipe Córdoba, 60 por ciento de los hospitales públicos hoy tienen problemas económicos.
Para detallar las consecuencias del tumbe a la salud, revisamos seis de los casos más sonados de corrupción regional de los últimos años y cómo el billete perdido podría servir hoy en cada una de esas zonas para atender la emergencia sanitaria.
Nota: promediamos el valor de una cama en UCI con ventilador entre 93 y 124 millones de pesos: una cama en UCI cuesta aproximadamente 12 millones de pesos y cada ventilador de los que ha comprado el Gobierno ha costado entre 81 y 112 millones de pesos.
SAN ANDRÉS: CON CINCO CAMAS EN UCI PERO PUDIENDO TENER PARA 19 (Esta información no toma en cuenta las 25 nuevas unidades que acaba de adquirir el Gobierno Departamental)
¿QUÉ PASÓ?
En 2018, el entonces gobernador del Archipiélago Ronald Housni (hoy condenado por corrupción), fue suspendido por la Procuraduría por haberle renovado el contrato de administración del único hospital de la isla: el Clarence Lynd Newball Memorial, a una IPS -Universitaria de Antioquia- que subcontrató el trabajo con otras instituciones que luego abadonaron el negocio y dejaron el ente de salud en manos de una IPS que lo llevó a la crisis.
En su momento, en La Silla Vacía contamos cómo, para entonces, las condiciones del hospital eran tan malas que no tenía sábanas limpias y los restos de procedimientos quirúrgicos, como biopsias, quedaban a la intemperie.
Según las investigaciones de la Contraloría, de los 2.205 millones de pesos que la IPS Universitaria debió haber invertido en el mantenimiento del hospital sólo puso poco menos de 438 millones. Para el ente de control, hubo, entonces, un detrimento de poco más de 1.767 millones de pesos.
Aunque actualmente lo maneja otra IPS, el personal del hospital ha denunciado que trabaja en precarias condiciones con falta de insumos e, incluso, en medio de apagones.
El costo de hoy.
San Andrés tiene hasta el momento seis casos confirmados de coronavirus, ninguno de los cuales ha fallecido.
Para atender la pandemia el departamento cuenta con 73 camas (15,11 por cada diez mil habitantes), según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, cinco de cuidados intensivos y tres de cuidados intermedios. Para afrontar el peor escenario, tendría que tener 36 en UCI.
Con los 1.767 millones de pesos que dice la Contraloría que no se invirtieron no sólo se habrían podido mejorar las condiciones del hospital, sino comprado ahora entre 14 y 19 camas UCI con ventilador.
Por 