Viajar fuera de San Andrés por al menos una semana y regresar le permite a cualquier espontáneo descubrir que en San Andrés el tiempo no avanza, que parece haberse detenido para siempre; peor aún que hubiéramos regresado a una etapa de la vida insular que ya se creía superada.
Esto último porque cuando ya creíamos superadas esas etapas vergonzosas del Departamento entre mediados y finales de los noventa cuando tres gobernadores fueron suspendidos, destituidos e inhabilitados por abusar del poder, por feriar los presupuestos, por incurrir en prácticas venales, etc., las decisiones de la Procuraduría de separar al actual mandatario elegido de su cargo, nos devuelve de nuevo a esa época de ignominiosa de las islas.
En otras ciudades de Colombia o del mundo, hacer un puente, un aeropuerto nuevo, estadios, sistemas de transporte público o incluso edificios o negocios privados, es el común denominador todos los días, todas las semanas y todos los años; pero en San Andrés que cualquier contratista foráneo o lugareño ejecute un contratos de 150 metros de pavimento o menos, o de bordillo, o peor aún de una tubería de alcantarillado, es una odisea en la que se pueden demorar no menos de cuatro meses, causar todas las incomodidades del mundo, e incurrir en sobrecostos por cuenta de las demoras o de la espera por materiales de construcción traídos del interior de Colombia o Costa Rica o Panamá.
Construir en San Andrés es una tortura para el pueblo, y si se trata de obras públicas pareciera que se depositara dinero en saco roto. Peor aún si de por medio está atravesada la coima, la corrupción, el CVY que tiene esquilmado el Erario del Departamento, o incluso el de la Nación que trae contratada la corrupción desde Bogotá.
La corrupción está instalada no solamente en la mente de los funcionarios venales, también lo está en la mente del colectivo social que ha asumido como premisa valida que el funcionario puede robar pero que muestre algo que haya hecho. Y eso es lo primero que hay que sacar del imaginario colectivo. No es cierto que puede robar pero que muestre algo, es que tienen que dejar su robadera, y los entes de control todos deben producir resultados frente a tanta atracadera a los presupuestos, a tanta obra inútil e inoficiosa como gastarse miles de millones en forrar de baldosas de colores y mobiliarios innecesarios pero costosos, un paseo peatonal al lado de la playa, que por muy exótico que resulte nunca podrá competir con el paisaje del mar; o terminar colegios con sobrecostos de casi el triple de lo inicialmente diseñado, o entregar obras con materiales de mala calidad, y lo peor aún que los gobernantes dejen de seguir trayendo contratistas de afuera con los que se “parten la marrana”, porque les resulta fácil negociar sus coimas, generando una fuga de capitales como en el efecto se produce la sacada de la isla de miles de millones de nuestro presupuesto que dejan de circular en la economía insular.
Ya está bueno de tanta siverguenzura de quienes ostentan el poder en la región; cada mandatario que llega no puede tener por propósito su enriquecimiento y provecho propio de los suyos, mientras el atraso social, la inequidad, la intolerancia, la violencia, la falta de planificación, el desgreño administrativo, el arrasamiento del medio ambiente, avanzan a pasos agigantados, mientras las soluciones del Estado caminan a pasos de tortugas.
Ni el Gobierno Nacional, ni el departamental, ni ninguna de las instancias de poder político de la región están produciendo soluciones a ningún problema de las islas, las inversiones que se ejecutan no son las necesarias, dineros despilfarrados, obras inútiles, maquillaje, puro maquillaje, infraestructura que no termina usándose para nada a pesar de los miles de millones de pesos gastados como el caso del muelle del Cove, o los 2.8 billones de pesos que dice haber invertido Santos en las islas durante su mandato, pero que poco se ve en una ciudad sucia, llena de basureros, con vías en estado deplorable a lo largo de decenas de kilómetros, playas erosionadas, edificios públicos en ruinas o cayéndose, zonas históricamente inundables que se siguen anegando con un mínimo aguacero, un sistema de alcantarillado que en cada temporada colapsa, una comunidad que aún no recibe agua potable de consumo, ni de calidad, ni en cantidad, ni mucho menos en cobertura universal o en frecuencia regular; y una ciudad que desterró hace una década la paz y la tranquilidad de la que siempre se preciaba en el contexto nacional, para dar paso a la violencia, el crimen y el sicariato, que ya no resiste cien días sin producir un nuevo homicidio, por que las autoridades han sido incapaces de desarmar a miles de jóvenes que con tanta facilidad resuelven a balazos una discusión, de la misma forma como consiguen y portan un arma sin que siquiera sean neutralizados por ello.
En San Andrés, los gobiernos nacionales y regionales, su dirigencia política y un colectivo producto de la amalgama propia de la migración descontrolada, inmersa en una falta de cultura ciudadana y alta dosis de intolerancia, parecen haber condenado a la isla a detenerse en el tiempo, a no progresar, a no avanzar, a la mediocridad, al desgreño, la miseria y el atraso social en todo. A ello se suma la mentalidad de “mineros” de muchos que vienen a la isla en busca del oro, abren los socavones, sacan la riqueza y dejan los huecos abiertos. Un poco más de amor por las islas, de sentido de pertenencia, de cultura ciudadana y de decencia, hace falta para sacar de la postración a este territorio y garantizarle una vida más digna a todas sus gentes.
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