Tenían 15, 15 y 16 años. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó sus edades tras identificar los cuerpos. La respuesta oficial no fue pedir perdón ni cuestionar el operativo: fue insistir en que, pese a su edad, estaban armados y en combate activo.
El general Erick Rodríguez, comandante general de las Fuerzas Militares, defendió la Operación Amón contra el Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de «Calarcá» en El Retorno, Guaviare: «Todos ellos eran combatientes», declaró, sosteniendo que los tres menores identificados se encontraban en «función continua de combate» cuando ocurrió el ataque.
El ministro de Defensa, Jorge Mora, fue más específico y trasladó toda la responsabilidad hacia los grupos armados: «Se estableció que tres de los 10 combatientes ilegales en función continua de combate muertos son menores de edad, dos de 15 años y uno de 16 años», precisando que «la operación militar observó todos los estándares legales para los ataques aéreos estratégicos durante el planeamiento y la ejecución».
El propio De la Espriella respaldó por completo el operativo: «Los bandidos que durante décadas han reclutado menores para convertirlos en combatientes o en escudos humanos deben pagar por esos crímenes que violan el Derecho Internacional Humanitario», declaró, mientras el gobierno anunció una mesa de trabajo entre los ministerios de Defensa y Justicia contra el reclutamiento infantil.
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