Lo que está pasando en San Andrés es de una gravedad tal que el primer comprometido con los hechos de inseguridad que afectan por igual a turistas y residentes es nadie menos que el presidente de la República Ivan Duque Márquez. Y lo es por partida triple:
1. Por configuración funcional constitucional que le traslada a los gobernadores la responsabilidad de mantener la seguridad y el orden público en el territorio, la facultad que está en cabeza del Jefe de Estado.
2. por que el gobernador Juan Francisco Herrera Leal es un alto oficial del Estado que fue trasladado a San Andrés por decisión política del Ministerio de Defensa en marco de los nombramientos que cada cierto período hacen las diferentes armas del Estado a sus guarniciones y comandos militares y policiales, para que dirijan las diferentes acciones orientadas a garantizar la paz, el orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad nacional, para el caso del Archipiélago el Comando Específico de San Andrés y Providencia que es quien lidera esos propósitos en la región.
3. Por qué el actual gobernador encargado Juan Francisco Herrera Leal no es un mandatario elegido por los habitantes del Archipiélago, sino que fue designado en el cargo desde finales de octubre pasado por Iván Duque Márquez tras la renuncia de Alain Manjarrez Florez, y ratificado posteriormente en enero de 2019, quien ante el bloqueo que ejerció la Asamblea Departamental para no posesionarlo, apeló a un juez con la presencia de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez de Rincón como testigo de excepción.
Pero no es sólo la presencia de un gobernador militar lo que compromete la responsabilidad del Presidente en la inseguridad que vive San Andrés y que tiene al borde del colapso el turismo internacional.
Hay otros hombres con armas del Estado responsables de la seguridad ciudadana en las islas. Se trata del secretario de Gobierno que en su estructura funcional es quien debe liderar políticamente las acciones policivas que aseguren el orden público y seguridad en la ciudad, y en esa cartera el gobernador designó a un ex militar, el Capitán de Navío en uso de buen retiro, Romulo Areiza Taylor, un funcionario con toda la mística y disciplina militar.
Y finalmente el comandante de Policía, coronel Jorge Urquijo Lezcano, a quien le ha tocado sortear una crítica situación de inseguridad ciudadana que en cualquier momento podría pasarle factura a su carrera policial.
Hay otras armas que aunque no están llamadas al control de seguridad ciudadana, apoyan en este propósito a las otras autoridades, como son la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y El Ejército, que juntas son una importante presencia de fuerza apostada en los 27 kilómetros de territorio, y los miles de kilómetros de mar y cielo del Archipiélago, pero del que la comunidad demanda mayor eficacia en el deber de garantizar la paz de la que sielpre se preciaron los isleños en un país que vivia en conflicto en todo el resto del territorio nacional.
Al tiempo que la comunidad espera también de los despachos judiciales encargados de la judicialización de los delincuentes que son capturados por el accionar de las autoridades en virtud de la comisión de delitos de gran impacto y afectación de la población.
Aunque muchos residentes han sido afectados por los delincuentes que ingresan a sus domicilios a golpearlos y despojarlos de sus pertenencias, o bajarlos de una motocicleta en marcha y hurtarsela, o raponearlos en la calle con un revolver en la cabeza, se constituye en un hecho grave para la tranquilidad ciudadana y la paz insular, mucho peor es lo que ha venido ocurriendo con los turistas y sobre todo extranjeros. Dos argentinas, dos israelíes y un francés en una sola semana fueron asaltados y una de ellas enviada a un centro hospitalario con grave trauma craneoencefalico. El año pasado una pareja chilena y en 2016 una pareja argentina, que también terminó en cirugía en el hospital, que amenazan con acabar el turismo del cono Sur hacia las islas.
Pero no son los únicos, también los turistas nacionales. Un caso emblemático de este año el de una pareja de caleños que tras ser asaltada y despojada de todas su pertenencias lo único que reclamo recuperar fueron sus trajes de matrimonio, para no manchar un evento muy importante de la vida de las personas.
De modo que la Carta Politica le impone al Presidente de la República, la obligación de velar por el mantenimiento del orden público y la de restablecerlo inmediatamente después de que fuera perturbado y en dónde lo fuera, y es quien debe tomar medidas para recuperar la tranquilidad ciudadana, y ello implicaría incluso un drástico cambio en los responsables de atender esas funciones delegadas por el jefe de Estado a éstos
Por