Investigación y redacción Cesar Pizarro B
Edición digital Dylan Pizarro Torregrosa.
Transcurridos cuatro años después que la Fiscalía General de la Nación compulsara copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue al exrepresentante a la Cámara por las Islas, Jack Housni Jaller, el proceso se mantuvo paralizado hasta hace días cuando este rotativo logró desempolvar el expediente a través de un derecho de petición a ese alto tribunal, mientras en paralelo el exlegislador intenta reencaucharse en la vida política a través de un eventual gobierno de Gustavo Petro Urrego, a cuyo movimiento se vinculó desde el 1 de mayo de 2022.
Hasta ahora ese proceso que hace parte de las investigaciones por el esquema de corrupción que operó en la Gobernación de San Andrés durante la administración de su hermano Ronald Housni, no ha tenido mayores desarrollos, por lo que a partir de un derecho de petición formulado por este rotativo, la magistrada Cristina Lombana Velásquez, -la misma que investiga a la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba- informó que tiene a su cargo una investigación formal contra el exrepresentante a la Cámara de las Islas, Jack Housni Jaller, a quien le atribuye cuatro delitos de corrupción.
En oficio remitido en exclusiva a la redacción de The Archipiélago Press, la Secretaría General de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Adriana Hernández Aguilar, informó que el despacho de la magistrada Lombana adelanta formal instrucción por los delitos de tráfico de influencias de servidor público, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado y concierto para delinquir agravado, en hechos que tienen que ver con el esquema de corrupción que se perpetró en el Coral Palace donde se malversaron cientos de miles de millones de pesos y por cuyo affaire de corrupción su hermano Ronald Housni Jaller cumple seis años de condena en la cárcel La Picota de Bogotá.
Un cambio de aires en busca de poder
En la actualidad Jack Housni Jaller hace parte del Pacto Histórico que inscribió la campaña presidencial de Gustavo Petro Urrego, quien no solo se ha reunido en las comitivas y visitas del propio candidato que se anuncia como el adalid en la lucha contra la corrupción, sino que además firmó un manifiesto de apoyo a esa candidatura junto a otros dirigentes políticos y deportivos de la isla, y le hace publicidad y apoyo en sus redes sociales a esa candidatura, en un intento por reencaucharse en la vida política de donde fue desterrado tras el escándalo de prácticas venales, al descubrirse que el legislador negociaba coimas millonarias a cambio de contratos de la Gobernación Departamental, causando un gran desgreño administrativo y convirrtiendo en elefante blanco, proyectos tales como el llamado Tropical Park, Hipódromo y el colegio Cemed, el cual hoy es una autentica ruina.
Los delitos que le atribuye la investigación de la magistrada Lombana Velásquez en su instrucción formal son las contenidas en los artículos 340, 397, 409 y 411 del Código Penal colombiano, algunos de los cuales obedecen a la conducta de varias personas que se concierten con el fin de cometer delitos, entre los que se identifican a su hermano, otra exgobernadora de las islas, un grupo de empresarios de la construcción y otro legislador de su partido perteneciente al Departamento de Antioquia, quienes se asociaron para manipular la contratación estatal del Departamento, de acuerdo a la confesión que hizo el propio secretario general del Departamento, César James Bryan, que era el enlace entre los políticos y la gobernación con los contratistas y era mano derecha de Housni Jaller. James Bryan logró un principio de oportunidad y delató a los involucrados y develó el esquema de corrupción.
Tras el reencauche político a través de senador Benedetti y el mismo candidato, Jack Housni Jaller aprovechó la visita en campaña durante la primera vuelta presidencial, quien arribó a la isla el 1 de marzo pasado, para enrolarse en la campaña del candidato Gustavo Petro del Pacto Histórico. Miembros de esa colectividad en San Andrés confirmaron a esta redacción que la presencia entre la comitiva de Petro en San Andrés, del excongresista Jack Housni Jaller, presunto determinador del esquema de corrupción en la Gobernación de las islas durante el gobierno de su encarcelado hermano, fue por intervención del senador barranquillero Armando Benedetti Villaneda. Incluso, en mayo pasado se destapó un escandalo de visitas del hermano de Gustavo Petro a la cárcel la Picota a ofrecer “perdón social” a reclusos, y uno de los visitados fue el hermano de Jack, el exgobernador de San Andrés, Ronald Housni Jaller, lo que hizo presumir que esa era una de las razones del apoyo político del excongresista al candidato presidencial.
Tanto Housni Jaller como Benedetti Villaneda tienen investigaciones penales en la Corte Suprema de Justicia, debido a casos de presunta corrupción, lo cual ha servido para que amplios sectores de la comunidad cuestionen los verdaderos propósitos de combatir las prácticas venales por parte del candidato Gustavo Petro Urrego en caso de llegar a la Presidencia, cuando ha aceptado en su movimiento a dirigentes políticos que han estado involucrados en delitos contra la administración pública o acciones de politiquería tradicional que ha contribuido al aprovechamiento del erario y los bienes públicos.
El cerebro del esquema de corrupción
Cerebro en la trama de corrupción, desde septiembre de 2018 cuando fue capturado su hermano Ronald Housni Jaller junto a la ex gobernadora Aury Guerrero Bowie y casi una docena de funcionarios, ex funcionarios, y contratistas implicados en una multimillonaria actividad venal en el Coral Palace, el nombre del exrepresentante a la Cámara liberal por las islas, Jack Housni Jaller había aparecido por los laditos, lo cual no guardaba proporción con lo que verdaderamente ocurrió y el rol preponderante que éste jugó en los hechos.
The Archipiélago Press tuvo acceso y copias del expediente y conoció que el rol del ex representante a la Cámara liberal en esta trama fue bastante determinante, habría sido el cerebro de la misma, estuvo desde el principio en ella y vinculó a su hermano posteriormente cuando lo hizo elegir gobernador de las islas por el Partido Liberal del que terminó apoderándose tras arrebatarle la curul al pastor Alberto Gordon May.
Todo este dossier contra Jack Housni Jaller estaba recogido en la Resolución de 70 páginas, con Radicado 110016099068 2018 00371 E.D que la Dirección Especializada de Extinción de Dominio, Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal, le notificó el pasado 25 de febrero de 2019 al propio Jack Housni Jaller en su residencia de Sarie Bay cuando le fue ocupada su vivienda, por orden de la fiscal Liliana Patricia Donado Sierra. Aun cuando esta trama de corrupción quedó al descubierto en el año 2018, fue a la llegada al Congreso en 2010 de Housni Jaller y su colega y copartidario de Antioquia, el ingeniero John Jairo Roldan Avendaño, -quien hizo su carrera política en Bello Antioquia, y a través del cual parece haber conocido al empresario paisa, Hernán Moreno Pérez, también ingeniero (eléctrico) – cuando empezó a idearse la estrategia de financiación de campañas a cambio de contratación pública, utilizando para ello al Coral Palace. En ese mismo 2010 cuando llegaron al Capitolio los dos congresistas liberales, Jack Housni y John Jairo Roldan, la Cámara de Representantes le confirió la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz de Gran Caballero al empresario Hernán Moreno Pérez; hecho éste que parece haber determinado que hacia futuro quedaría ligado a éstos en sus empresas contratistas, financista de campañas y de líos judiciales.
La génesis y los precursores de esta trama de corrupción de acuerdo con los testimonios claves que la Fiscalía recabó fueron el legislador Housni Jaller que fue elegido en marzo del 2010, Aury Guerrero Bowie que es elegida en octubre de 2011, quien al parecer quedó comprometida a entregarle los mega colegios a su financista, y John Jairo Roldan Avendaño que coincidió con Housni Jaller en el primer periodo como representante a la Cámara, siendo el gobernador Ronald Housni Jaller el último en llegar a la trama, quien se unió en el año 2015. Fue en el año 2011 cuando el empresario Hernán Moreno Pérez, dueño de Furel, le entrega a la entonces candidata a la Gobernación Aury Guerrero Bowie y al ya representante a la Cámara de las islas Jack Housni Jaller, la suma de 400 millones de pesos para la campaña y luego en el año 2014 otros 700 millones de pesos para ser repartidos entre los representantes a la Cámara Jack Housni Jaller y John Jairo Roldan (liberal de Antioquia) para sus respectivas campañas electorales para ser reelegidos.
Para los investigadores es claro que el señor Hernán Moreno Pérez, interesado en la contratación de San Andrés le entregó los valores antes mencionados a los dirigentes políticos de las islas y al de Antioquia, pero además para continuar beneficiándose de la contratación administrativa del Departamento de San Andrés, entregaron 1.200 millones de pesos a Ronald Housni Jaller, como aportes que hacían además del dueño de Furel, el contratista Fernando León Diez Cardona y el empresario Mauricio Botero Restrepo en 2015. El primer aporte de campaña por 400 millones de pesos fue “gestión realizada por el entonces congresista Jack Housni Jaller con el compromiso que una vez elegida la señora Guerrero le adjudicaría la mayor cantidad de contratos de obra e interventoría del Archipiélago a Hernán Moreno Pérez”, declaró el exsecretario General César James Bryan.
Ese primer aporte lo acordaron Moreno Pérez y Jack Housni Jaller en el año 2011 en una reunión en el hotel Casablanca a la que James Bryan asistió por invitación del legislador, donde el empresario categóricamente exigió que “espero toda la colaboración luego de ganar las elecciones”. James Bryan confirmó que el dinero llegó e ingresó a la campaña, en efectivo, y del mismo a su cuenta le depositaron 20 millones de pesos para pagar un gasto de Jack Housni Jaller, por petición del legislador, quien le confirmó que la totalidad del dinero ofrecido por Moreno Pérez había llegado a la campaña. Aury Guerrero Bowie resultó electa en octubre de 2011, tomó posesión el 1 de enero de 2012 y transcurrido todo ese año no se le adjudicó ningún contrato a Hernán Moreno Pérez como había sido el compromiso de financiación de campaña, por lo que en el año 2013 tanto su financista como el parlamentario Housni Jaller empezaron a realizar presiones para que se les adjudicaran las obras de los colegios Flowers Hill, Bolivariano y mega colegio Cemed y sus respectivas interventorías.
En un principio el proceso de contratación se empezó a hacer de manera transparente a través del SECOP pero al contratista no le gustó y a través de sus abogados ‘torpedearon’ el proceso para que fuera declarado desierto como en efecto ocurrió y posteriormente en una nueva licitación les adjudicaron todos los contratos a Moreno Pérez y sus aliados, “con el conocimiento y bajo las directrices de la gobernadora Aury Guerrero, quien cedió a las presiones tanto de Jack (Housni) como de los contratistas e impartió órdenes a las Secretarias de la Gobernación involucradas en los procesos de contratación”, declaró en agosto de 2018, el exsecretario general César James Bryan a la Fiscalía.
“Los contratos de interventoría siempre iban amarraditos al de las obras, obra e interventoría, para tal efecto se constituyó una Unión Temporal” reconoció Fernando León Diez Cardona, socio de Hernán Moreno Pérez.
Financiación de campañas
“De esos contratos obtendría las utilidades como contraprestación al aporte de los 400 millones de pesos a la campaña a la gobernación de Aury, pues no iba a invertir 400 millones de pesos para recibir 400 millones de pesos, eso es de lógica. Además esas utilidades las reinvertiría en la financiación de la campaña al Congreso de la República de Jack Housni con 500 millones de pesos y 200 millones de para la campaña del otro Representante a la Cámara John Jairo Roldan”, dejo oír luego de adjudicadas las obras el empresario Hernán Moreno Pérez. Como los colegios Bolivariano y Flowers Hill fueron adjudicados en 2013, generaron los recursos necesarios para financiarles las campañas del 2014. Pero en ese mismo 2013 el Gobierno de Aury Guerrero le adjudicó al grupo de Moreno Pérez otras obras públicas, las casitas turísticas, remodelaciones de edificios públicos, etc., donde incluso se le adicionaba hasta en un 50 % del valor del contrato inicial, así como los respectivos contratos de interventoría. Al igual que contratos de seguridad a través de una Empresa de Seguridad Urbana de Medellín. La financiación de la campaña de Ronald Housni Jaller en el 2015 la amarraron con adiciones futuras a los contratos que había celebrado el Gobierno de Aury Guerrero Bowie para las obras de los colegios Bolivariano y Megacolegio Cemed, lo cual cumplió a cabalidad el nuevo mandatario que les autorizó varias adiciones presupuestales a dichos contratos. Además de esas adiciones exigieron la firma del convenio de EDUA de Armenia a la que se le adjudicaron más de nueve mil millones de pesos para obras de un hipódromo que aún no se ve por ningún lado y el parque tropical en el antiguo hospital Timothy Britton donde se ha construido hasta ahora una caseta en materiales y unos senderos peatonales que no suman ni 500 millones en inversión.
A cambio de ello, los empresarios Hernán Moreno Pérez, Fernando León Diez Cardona y Mauricio Botero (empresario de licores en Antioquia) le aportaron 1.200 millones de pesos a la campaña de Ronald Housni Jaller a Gobernación; 400 millones de pesos cada uno. “Ellos vinieron a la isla en noviembre de 2016 para averiguar por unos contratos y se reunieron con el gobernador Ronald Housni y con su hermano Jack Housni para exigir la adjudicación de contratos como contraprestación del apoyo a la campaña de Ronald, especialmente del convenio de EDUA, pero además se conversó de las adiciones de los contratos de los colegios”.
Las coimas
Pero además de la financiación de campaña los funcionarios presuntamente recibieron pago de coimas en efectivo en las propias instalaciones de la Gobernación del Departamento, y en algunas ocasiones en una camioneta blanca de platón de la Gobernación. “El dinero era para Aury Guerrero y para Jack Housni, esas entregas de dinero siempre eran en efectivo. La primera vez llamó la gobernadora y le dijo que el señor Fernando Diez le iba a entregar un paquete y Herman Moreno y Fernando Diez fueron a la Gobernación y le entregaron el dinero en efectivo en un paquete y después él se lo entregó a la gobernadora en su despacho, a finales de 2013 luego de adjudicado el Bolivariano y el Flowers Hill”, confesó el exsecretario General Cesar James Bryan. La entrega de dinero al emisario de la gobernadora y del parlamentario se repitió cuatro veces cada año entre 2013 y 2015 y una vez en 2016, luego de cada adjudicación de contratos a Moreno Pérez, quien siempre que entregaba el dinero, indicaba que debía entregar el paquete a Aury y a Jack. “Aury Guerrero y Jack Housni conocían la procedencia del dinero que él les entregaba, pues ellos comentaban que esos dineros procedían de los recursos de los contratos que les habían adjudicado a esos contratistas y que esas eran ayudas sociales y políticas”, y su gestión era “en contraprestación de su trabajo” de Secretario General “y el de su esposa Mahalath como asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo de Jack Housni Jaller”, declaró César James Bryan. Esto también lo confirmó Diez Cardona: “Tanto Aury Guerrero como Jack Housni conocían de la procedencia de los dineros que se les entregaba por cuanto ellos llamaban para acosar por la plata y él respondía que debían pagarles primero.”
Fernando León Diez Cardona confesó que en los años 2014 y 2015 cada mes y medio se entregaban dineros con destino a la gobernadora Aury Guerrero y que luego de haber recibido el primer anticipo de contrato, se entregaron mil millones de pesos para la gobernadora y 200 millones para Jack Housni Jaller, por indicación de Hernán Moreno Pérez. En los meses siguientes se giraban cheques de 300, 200 y 100 que eran cambiados para entregarles dinero en efectivo a los funcionarios. (…) Es decir, que se debían entregar alrededor de 7.900 millones de pesos para la Gobernadora y el Representante Jack Housni; 7.600 millones de las obras y 300 millones de las interventorías. De ese total Fernando León Diez Cardona asegura haber entregado personalmente unos tres mil millones, de los cuales 1.200 millones de pesos salieron de Furel.
El 21 de noviembre de 2016 los empresarios viajaron en un avión privado desde el aeropuerto Olaya Herrera a San Andrés a una reunión con Ronald y Jack Housni Jaller con el objetivo de solicitar la agilización de unos pagos de actas presentadas a la Gobernación que estaban estancadas, la reunión demoró cerca de dos horas y ese mismo día regresaron a Medellín; y aterrizaron en el José María Córdova de Ríonegro. La reunión se llevó a cabo en la casa de Jack Housni, una casa de dos pisos que tiene piscina y está ubicada en Sarie Bay.
Es la misma casa que acaba de ocupar la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal al valorar los medios de prueba que acreditan la actividad ilícita que vicia el origen o destino de los bienes del señor Jack Housni Jaller, a quien se le atribuye una participación fundamental en la organización criminal por él conformada junto a su hermano y la exgobernadora, para la comisión de delitos que atentaron contra la administración pública, razón por la cual la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, compulsó copias a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que investigara la presunta comisión de actividades delictivas a cargo del entonces Representante a la Cámara Jack Housni Jaller, quien ahora deberá comparecer ante su juez natural, y probablemente correrá la misma suerte que su hermano hoy detenido en La Picota en Bogotá.
Para los investigadores es claro que como contraprestación de los dineros entregados para la financiación de campañas políticas, el señor Moreno y sus socios fueron beneficiados con la adjudicación espuria de contratos de obras públicas e interventorías, y de esa contratación debían pagar el 10 por ciento tanto a los exgobernadores como al señor Jack Housni Jaller, dineros que fueron entregados en la casa del parlamentario, además que en su casa se hicieron las reuniones con los contratistas para tratar los temas de la contratación y cuadrar las cuentas de las comisiones a los servidores públicos. Jack Housni estuvo presente en las reuniones en las que se hacían exigencias por parte de los contratistas para el cumplimiento de los compromisos pactados a cambio de la financiación de campaña de su hermano Ronald Housni Jaller. Y era Jack Housni Jaller quien realizaba las llamadas para que se agilizaran los procesos de contratación para que se cumplieran los compromisos adquiridos con el contratista de los mega colegios. Y las actuaciones ilegales le reportaron utilidades espurias al exrepresentante, de quien se predica que sus acciones ilegales defraudaron la confianza depositada por sus electores, pues en lugar de realizar acciones en beneficio de la comunidad, se dedicó a realizar acuerdos marginales con contratistas para derivar provecho económico ilegal de la contratación de las obras públicas en las islas. La incautación de sus bienes Las razones por las cuales los bienes del exparlamentario, su hermano y sus socios de actividad fueron incautados, obedece a que de acuerdo con las causales reguladas en el artículo 16 del Código de Extinción de Dominio, se trataría de bienes que “hayan sido utilizados como medio o instrumento para la ejecución de su actividad ilícita” o que sean “producto directo o indirecto de una actividad ilícita”. Igualmente advierte la norma que se entiende por “actividad ilícita, toda aquella tipificada como delictiva, independiente de cualquier declaración de responsabilidad penal, así como toda aquella actividad que el legislador considere susceptible de la aplicación de esta ley por deteriorar la moral social”.
Entre los bienes que están incautados por la Fiscalía de propiedad del exrepresentante a la Cámara se encuentra un Lote de Sarie Bay, Carrera 20 No. 4- 112 que en diciembre de 2013 el exparlamentario y su esposa lo traspasaron como aporte a la sociedad NIMA SAI SAS, de la que son socios con su núcleo familiar; el apartamento 204 y el uso de tres parqueaderos, un depósito y una cava del edificio Parque de los Rosales de Bogotá; el derecho de cuota del 50% de los apartamentos 106, 109, 112 y 302 del edificio La Playa en San Andrés junto con su hermano; el derecho de cuota del 25% sobre un lote de terreno en el sector de Hell Gate y el 100 por ciento de la sociedad NIMA SAI SAS, constituida en mayo del 2018 cuyo representante legal es Jack Housni Jaller, con domicilio en la oficina 204 del Centro Comercial New Point Plaza.
El retorno a su vivienda incautada que la SAE encubre.
Lo cierto es que varios meses después de haber abandonado su vivienda tras ser ocupada por la Fiscalía para la extinción del derecho de dominio y entregado a un depositario para que se encargara de su vivienda, la misma regreso a sus manos, y hoy la Sociedad de Activos Especiales, SAE SAS, se ha negado a revelar las razones por las que nuevamente Hosuni Jaller volvió a ocupar la residencia, si persisten procesos penales en su contra que aun no han determinado un final jurídico. Para ello, la SAE SAS, se ampara en artículos e incisos legales para omitir una respuesta clara frente a solicitudes que por vía de derecho de petición elevó esta redacción:
“(…) en caso de que se encuentre el inmueble involucrado en un proceso de extinción de dominio en curso, la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., se encuentra sujeta a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1708 de 2014 modificado por el artículo 2 de la ley 1849 de 2017, el cual establece: Durante la fase inicial la actuación será reservada, incluso para los sujetos procesales e intervinientes. El juicio de extinción de dominio será público. Cuando la Procuraduría General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura o quien haga sus veces, o alguna autoridad judicial no penal requiera información acerca de un trámite de extinción de dominio sometido a reserva, o trasladar medios de prueba, así lo solicitará al Fiscal que tenga asignado el conocimiento de la actuación”, respondió lvonne Alexandra Moreno Valderrama, Coordinadora del Grupo Interno de Información, Gestión y Saneamiento Legal de Bienes, Gerencia Asuntos Legales de la SAE SAS.
Ocupación irregular de propiedad incautada
En virtud a que en la actualidad el exrepresentante a la Cámara volvió a habitar su vivienda principal, la cual le fue ocupada y desalojado de la misma en el año 2019, The Archipiélago Press elevó derecho de petición a la Sociedad de Activos Especiales, SAE SAS, consultando el estado del inmueble, como quiera que su proceso aún no ha avanzado y no se ha decidido sobre la extinción del derecho de dominio.
En principio la entidad trató de justificar en los incisos y parágrafos de la legislación colombiana, su negativa para entregar dicha información, amparándose en una supuesta reserva, por lo que esta redacción debió oficiar por segunda vez exigiendo la información del inmueble con la advertencia de solicitar una investigación disciplinaria o proceder por vía de la tutela para la entrega de lo solicitado.
Fue así como mediante oficio de junio de 2022 con Radicado No, CS 202012874, el gerente Regional de Occidente de la Sociedad de Activos Especiales SAE SAS, Alejandro Henao Barrera informó a The Archipiélago Press, que “actualmente el inmueble se encuentra bajo una ocupación irregular, a través de gestiones adelantadas sobre este inmueble, éste se encuentra hoy en proceso de suscripción de contrato de transacción sobre el cual se hará reconocimiento de usufructo del inmueble a esta sociedad, y posterior a esto, una vez se cuente con estimado de renta establecido, se procederá a realizar la legalización de la ocupación”-
Este inmueble fue entregado por la SAE SAS mediante Resolución No. 0258 de febrero de 2020, a la depositaria Etilsa Hernández de León como administradora del inmueble y quien deberá responder por la situación irregular, pero la SAE SAS se negó a revelar quien es el arrendatario, y por que nuevamente Housni Jaller sigue ocupándolo.
Frente a los temas de ocupación ilegal de inmuebles el sitio Web oficial de la SAE SAS responde lo siguiente: la SAE S.A.S., previo a efectuar el desalojo del bien inmueble, invita al ocupante a que manifieste su interés mediante la suscripción de un contrato de arrendamiento y así legalice la ocupación. No obstante, no podrá ser arrendatario si se encuentra vinculado a procesos penales por extinción de dominio, narcotráfico y delitos conexos o posea parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil con persona vinculada ha dicho tipo de procesos.
Todo parece indicar que el inmueble se le habría entregado a un tercero, amigo de Housni, copartidario en su antigua colectividad política y ahora signatario en el apoyo brindado a la campaña de Gustavo Petro, y éste se lo habría traspasado a Housni Jaller, para hacerle “conejo” a la SAE SAS y a la Ley y poderlo ocupar como antes de su incautación; hecho que no se ha podido establecer por la negativa de la SAE SAS a revelar el nombre del arrendatario.
Las sútiles censuras
El pasado 2 de junio y tras enterarse de la investigación que ha venido haciendo The Archipiélago Press sobre su proceso, Jack Housni Jaller dio un paso en su defensa y se comunicó con esta redacción para pedir “una charla conmigo, nada comprometedora, yo también tengo mi verdad que deberías conocer. No uso intermediarios porque quiero la mayor franqueza, con calma y sin prevención.” Housni ofreció entregar “detalles que te darán una visión más amplia y diferente” The Archipiélago Press ofreció la disposición para publicarle un documento o un video, sin límite de extensión o tiempo, pero sin incluir ninguna reunión entre ambos.
Housni Jaller insistió en que “esperaba un encuentro por lo menos, ya que no le escribí al periodista, si no, a la persona. E insisto en que lo pienses. Sabes bien que no puedo dar detalles de la Investigación por ser reserva del sumario, y no pretendo tampoco voy a violarlo en la conversación, pero hay temas más profundos que no tratan solo del proceso”. Cuando me refería a la otra verdad no estaba hablando de mi defensa. Es más un tema del entorno familiar y personal de cómo afectan tus publicaciones, de las que estás en todo el derecho de hacer. Sabes que cada publicación sea mía o tuya del proceso solo afecta a mi familia. No al proceso en tu caso, pero si en el mío”.
The Archipiélago Press considera que son sútiles presiones que pretenden que se frenen todas las investigaciones periodísticas trasladándole a este rotativo las implicaciones familiares del proceso penal que se adelantan en contra del exlegislador y no asumir las responsabilidad de sus actuaciones. El asunto fue informado a la Fundación para la Libertad de Prensa, a efectos de analizar y documentar el caso.
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