Dando continuidad a los operativos de control migratorio por parte de la Occre tras la ratificación del actual director, Joseph Barrera Kelly, en las últimas semanas se ha logrado la expulsión de 116 personas, entre ellas doce personas la semana anterior destacándose el caso de dos turistas que llevaban varios días aquí y tenían pasaje de regreso para el seis de agosto, sin embargo permanecían en la playa vendiendo sándwiches.
Al preguntárseles sobre el por qué adelantaban esa actividad dijeron que se les había agotado los recursos y que por ese motivo habían comprado los insumos para vender esos productos hasta que llegara el seis de agosto. La persona fue expulsada, pero entonces se presentaron dos personas más quienes dijeron que eran compañeros del expulsado y que no tenían como pagar la multa que se causa por viajar en fecha diferente y que por eso la Occre debía comprarles el tiquete y además que no tenían como pagar un hotel.
“Este es un asunto que no le compete a la Occre y por eso tuvimos que llamar a la Policía para sacar estas personas de la oficina porque no somos entidad de beneficencia y de tal manera están deambulando en la isla. Hacemos una llamada de atención a los empresarios que venden paquetes turísticos para evitar que ocurran estos inconvenientes y por eso se debe realizar una reunión urgente con los gremios del turismo para establecer claramente hacia qué destino o qué es lo que quieren para San Andrés, porque es triste la situación ya que no es el primer caso”, dijo Joseph Barrera Kelly, director de la Occre.
Hay otro episodio en el que un hombre fue expulsado en el 2014 y presentó una tutela que aceptó y fallo a su favor la Corte Constitucional que ordenó que autorizaran su ingreso con un plazo de seis meses para presentar la solicitud para adquirir la residencia porque tenía a su cargo una hija. Pasaron los seis meses y el señor no presentó ninguna solicitud y así pasó un año sin que hiciera la diligencia pero se declaró en estado de desplazamiento ante la Defensoría del Pueblo a pesar de haber vivido más de diez años y nunca se supo que fuera desplazado. Así se quedó sin argumentos porque el fallo de la Corte Constitucional no lo cubría y de nuevo fue expulsado del departamento.
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