En enero 9 de 2014 el Departamento Nacional de la Función Pública definió a través de siete decretos la estructura de funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, a través del cual se estableció la operatividad de esa entidad encargada de ejecutar la política criminal en Colombia, incluido todo el tema de nómina del recurso humano del ente acusador.
Se trata de los Decreto 016 al 022 del 09 de enero de 2014 por medio de los cuales se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación, se definen los niveles jerárquicos, se modifica la nomenclatura, se establecen las equivalencias y los requisitos generales para los empleos, se modifica la planta de cargos, se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos, se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial, y se expide el régimen de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas.
Pese a que toda esa parafernalia está bien determinada y en cada uno de los 32 Departamentos de Colombia se tiene definida la operatividad de las Unidades Seccionales de Fiscalías, con estructuras que incluyen desde directores seccionales, fiscales delegados ante los jueces municipales, profesionales especializados, de gestión, investigadores, asistentes grado uno al cuatro, técnicos investigadores, agentes de protección y seguridad, secretarios ejecutivos, auxiliares, asistentes y secretarios administrativos, la Seccional de Fiscalías de San Andrés es un ente castrado y amputado que por su misma dificultad para moverse hace que la justicia en las islas cojee mucho más.
No obstante esa estructura fijada por el propio Departamento Nacional de la Función Pública, la Fiscalía General de la Nación en las islas presenta un grave déficit de recursos humanos que impide la buena marcha de la labor investigativa encomendada a ésta dentro de la política criminal que le corresponde ejecutar.
La estructura de la Fiscalía en San Andrés
La Unidad de Fiscalías de San Andrés tiene una Dirección Seccional que según el Decreto 016 por el cual se modifica y define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación» le encomienda la labor de dirigir, coordinar, controlar y evaluar el ejercicio de las funciones a cargo de la Dirección Seccional, con el fin de asegurar el ejercicio eficiente y coherente de la acción penal, así como su funcionamiento y organización intema, dirigir, coordinar, controlar y evaluar el desarrollo de la función investigativa y acusatoria a cargo de la Dirección Seccional, adelantar, de conformidad con la delegación respectiva, los procesos de contratación administrativa y suscribir los actos y contratos requeridos para el buen funcionamiento de la Secciona, informar sobre los movimientos de personal, situaciones administrativas que generen vacancia del empleo, novedades, nómina y prestaciones de los servidores de la Dirección Seccional, administrar los recursos físicos, informáticos y financieros, entre otros.
Adicionalmente a esa cabeza dispone de un Fiscal Especializado que se encarga de los procesos de orden público, de tráfico de estupefacientes en casos de mayor volumen, lavado de activos en grandes cuantías; el Fiscal 50 Seccional que está manejando casos con arreglo a la Ley 906 o de Nuevo Código Penal; el Fiscal 26 que maneja casos con arreglo a la Ley 599 y 600 del 2000, con más de 120 procesos; la Fiscalía 44 Seccional o Caivas que maneja delitos sexuales; la Fiscalía 38 que es quizás la más congestionada con cerca de 2.000 procesos, también con arreglo a Ley 906; la Fiscalía 30 Seccional o URI que corresponde el manejo de procesos de conciliación o de Casa de Justicia; la Fiscal 27 o Cavif que se encarga de los procesos de violencia intrafamiliar, la Fiscalía 16 de Providencia y la Fiscalía 7 de Infancia y Adolescencia.
La situación más complicada la viven los fiscales que manejan Ley 906, por que a duras penas solo alcanzan a hacer el trabajo metodológico a primera hora del día y luego salir a atender audiencias, y tratándose de la existencia de dos juzgados de control de garantías y de conocimiento, muchas veces a un fiscal se le cruzan las audiencias y ello puede poner en riesgo el vencimiento de los términos de Ley.
Para toda esta estructura solo hay tres asistentes de Fiscalía, en tanto que ni el Director de Fiscalías tiene secretaria, y una secretaria Común termina siendo rotada entre varios despachos simultáneamente, con lo cual esto termina congestionando más las labores del ente acusador en las islas y donde sus funcionarios parecen no tener derecho a vacaciones por que ello termina por afectar más el funcionamiento ya que no se nombran los reemplazos, ni siquiera para los que ya han salido jubilados.
A esto se suma que algunos funcionarios que han sido trasladados se van con el cargo, como sucedió recientemente con la doctora Verónica Sayas, quien se fue con el cargo.
Hay que indicar que adicionalmente a las funciones cotidianas que corresponden a los funcionarios, tales como trabajos metodológicos, análisis, informes, investigaciones, audiencias, etc., se les delegan funciones desde Bogotá.
El caso de Providencia es mucho peor porque a la Fiscal que está al frente del ente acusador en esa isla le corresponde trabajar sola; es decir sin apoyo de ninguna índole, lo cual a duras penas solo deja una presencia nominal más que funcional en ese territorio.
Para liberarse de esa carga pesada algunos fiscales tratan de apoyarse en el personal del CTI que también tiene pocas unidades que puedan ocuparse de las ordenes metodológicas que se le asignan y que deben cumplir en determinado tiempo antes de incurrir en vencimientos de términos que luego no resultan fácil de prorrogar por que requieren estar bien sustentados para ello. Del personal del DAS que tras su liquidación pasó a la Fiscalía o el CTI, solo una funcionaria fue asignada al ente acusador y solo se dedica a notificaciones y mensajería.
De modo que los miles de procesos que tiene el Ente Acusador en las islas, requiere mejorar en recursos humanos para poder arrojar resultados esperados, de la misma forma como se ha mejorado en dotación, papelería y buen ambiente de trabajo y para ello, al menos cinco asistentes y cuatro secretarios que acompañen la tarea de los fiscales, para que se pueda impartir justicia en los muchos casos de delitos sexuales, corrupción, violencia intrafamiliar y tráfico de estupefacientes o lavado de activos.
Quizás la pronta llegada de un nuevo fiscal general en propiedad pueda contribuir a resolver estas falencias que en la administración del saliente, Eduardo Montealegre Lynett parece no haber merecido la importancia requerida por que el titular andaba muy ocupado en el derroche del presupuesto de la Fiscalía a través de la multimillonaria contratación leonina que bastante escándalo le generó a la entidad encargada de la política criminal de Colombia.
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