Por Álvaro Segundo Archbold Núñez (Quitasueño)
La confusión y el desorden generado con motivo de la expedición de una resolución de Coralina, que ordenó el cierre temporal del cayo Johnny Cay en la isla de San Andrés, tendrá por mucho tiempo serias repercusiones en la gobernabilidad del Departamento. Triunfó el guerrerismo y el gobernador y el director de Coralina fueron severamente desplumados.
En 19 de abril de 2017, el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés y Providencia admitió un medio de control de Protección de derechos e intereses colectivos – acción popular – interpuesto por el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales de la Procuraduría General de la Nación, Gilberto Augusto Blanco Zúñiga.
El Procurador Delegado fundamentó su demanda en el derecho que nos asiste a gozar de un ambiente sano, el manejo y aprovechamiento racional de recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, así como la protección de áreas de especial importancia ecológica, la preservación del ambiente, así como la garantía de acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
Al instaurar la demanda, el alto funcionario para los asuntos ambientales del ministerio público, fijó la mirada en el cayo Johnny Cay, por ser el lugar turístico más atractivo e importante del archipiélago, que ha generado un incremento desmedido de turistas, generando una grave afectación a la diversidad biológica y a los ecosistemas marinos, dado que ese territorio insular no cuenta con una infraestructura de servicios públicos que permita tratar las aguas residuales, y garantizar una adecuada y oportuna disposición final de los desechos líquidos y sólidos que produce la actividad.
El Procurador, colocado tras la línea, lanzó los dardos contra la Gobernación del Departamento por su responsabilidad en garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos en toda su jurisdicción, sin que el área de Johnny Cay sea la excepción. Contra la Corporación Ambiental “Coralina”, por las serias omisiones en las que ha incurrido como autoridad ambiental de esa jurisdicción, y contra la Dimar, por su responsabilidad en autorizar el arribo y zarpe de naves sin inspeccionar su funcionamiento, garantizando la seguridad de la navegación y la vida humana, agregando que la autoridad marítima no está cumpliendo con los estándares mínimos para la seguridad de las operaciones marítimas, y la preservación de los recursos naturales.
Sentados, de izquierda a derecha: Paola Toro, secretaria de Turismo; Jorge Garnica, secretario de Gobierno; Durcey Stephens, director de Coralina; Ronald Housni, gobernador; Toney Gene Salazar, defensora del Pueblo.
De esa forma, el Director de Coralina, ordenó el 28 de mayo pasado, mediante la Resolución No. 350 de 2017, el cierre del Parque Regional Johnny Cay, hasta tanto los prestadores del servicio turístico en el Parque Regional dieran estricto cumplimiento a las disposiciones contempladas en el Plan de Manejo Ambiental adoptado por Coralina en el año 2002, utilizando el argumento incontrovertible de las medidas de control a la capacidad de carga por sobrepasarla de manera significativa, y el principio de precaución, entre otros.
Pero, ¿ y cómo podrían haber cumplido los operadores turísticos con la medida si el cayo se encontraría cerrado para el cumplimiento de la misma?
Sin que esta medida fuera socializada previamente, el pasado domingo San Andrés se convirtió en un escenario de desorden, caos y anarquía, igual o similar a cualquier espacio urbano de luchas y conflictos sociales callejeros, en donde fue sustituida la autoridad del gobierno, por vías de hecho a través de bloqueos y barricadas, con actos de quema de llantas y colchones, cuya combustión generó en diversos sectores de la isla, nubarrones de humo negro, con el nauseabundo olor del azufre, zinc, cadmio y plomo que las contiene.
Entrando en un proceso de negociación y, con la presión de la vía de hecho bloqueando a San Andrés, el gobernador anunció dos días después en rueda de prensa, haber llegado bajo su determinación, a unos acuerdos con las partes sublevadas.
Dichos acuerdos quedaron plasmados en la Resolución No. 351 del 30 de mayo de 2017, por medio de la cual el Director de Coralina, ordenó la apertura del Parque Regional de Johnny Cay, con los mismos argumentos que esgrimió con motivo del cierre, dos días antes.
Lo anterior, con el agravante de haber incrementado la capacidad de carga de 854 visitantes diarios, como lo determinó el Plan de Manejo Ambiental del 2002, a 1.500 repartidos en dos jornadas, habiendo empeorado en los últimos años las condiciones generales del Parque Regional, y que uno de los argumentos que tuvo el Director para cerrarlo, fué precisamente el riesgo de su sostenibilidad al sobrepasar significativamente su capacidad de carga.
Además, sin soporte científico y técnico que lo justifique; sin convocar a una consulta previa para adoptar un nuevo Plan de Manejo, ni citar al Consejo Directivo de la Corporación Ambiental; y, peor aún, habiendo sido debidamente notificados el pasado 19 de abril por el Tribunal Contencioso Administrativo de la existencia y contenido de una Acción Popular, con todas las falencias y graves omisiones que se le endilgan en la misma tanto a la Gobernación, a la Dimar y a Coralina.
En dicha acción se citan en forma taxativa, más de una decena de disposiciones violadas, motivo por el cual, los funcionarios comprometidos en las decisiones, podrían encontrarse inmersos en serias implicaciones disciplinarias, penales, y aún fiscales, estas últimas, por haber decretado un cierre amparados en la certeza de la generación de un daño ambiental por la violación a la capacidad de carga establecida, y ordenar su re- apertura, incrementándola en un 100%, sin criterio alguno para su justificación, y que por lo tanto también le habría podido generar un detrimento patrimonial al Departamento.
En San Andrés triunfó el guerrerismo y la vía de hecho, y hoy más que nunca, la gobernabilidad del departamento se encuentra absolutamente herida y cuestionada; la “autoridad” cedió todo, pudiendo haber mantenido, por lo menos, las condiciones anteriores. Y aún no sabemos, si fue que así lo quisieron los que tomaron las decisiones, o si por el contrario, penetrados por el miedo que les generó el despelote, la grosería, el guerrerismo y la asonada, fueron desplumados y pelados.
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