Por César Pizarro Barcasnegras.
Mientras las instituciones creadas para proteger el medio ambiente enfrentan limitaciones de recursos, burocracia excesiva, corrupción y baja capacidad operativa, los hombres y mujeres de la Armada Nacional se han convertido en protagonistas de una silenciosa pero cada vez más visible tarea de conservación en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
La imagen tradicional del militar patrullando el mar, vigilando las fronteras o protegiendo la soberanía parece quedarse corta frente a una realidad que se observa cada vez con mayor frecuencia en las islas: uniformados recogiendo residuos en las playas, buzos retirando basura del fondo submarino, protegiendo nidos de tortugas, controlando el pez león, acompañando la conservación del cangrejo negro y desarrollando actividades de recuperación de ecosistemas.
No se trata solamente de acciones simbólicas. La propia Armada reporta resultados concretos. En una jornada de limpieza costera en el sector de El Cove, por ejemplo, sus marinos participaron en la recolección de aproximadamente 1,7 toneladas de residuos, entre vidrio, plástico, material ferroso y desechos vegetales, evitando que terminaran nuevamente en el mar.
Y cuando la basura queda bajo el agua, también aparecen los uniformados. Desde hace años, Guardacostas e Infantes de Marina participan en jornadas de limpieza subacuática, retirando botellas, plásticos, ropa, llantas y otros elementos que amenazan la vida marina. En una de esas operaciones fueron extraídos **320 kilogramos de residuos y 19 llantas**, además de liberar cientos de animales que habían quedado atrapados entre los desperdicios.
Pero quizá uno de los mayores desafíos ambientales del Archipiélago está debajo de la superficie: el avance del pez león, una especie invasora que amenaza a peces, crustáceos y otros organismos nativos. En Providencia, la Armada y organizaciones especializadas realizaron jornadas de control que llegaron a capturar 79 ejemplares en una sola operación. La institución señala que, desde 2022, el proyecto ha permitido retirar más de mil especímenes.
La dimensión del problema también se refleja en cifras más recientes. Durante 2026 se han intensificado las jornadas de extracción y, según reportes de Teleislas, ya se habían capturado 169 peces león en lo corrido del año, después de que en 2025 fueran extraídos 981 ejemplares.
Pero la labor ambiental de la Armada no termina en los arrecifes. En los cayos del Archipiélago, donde la presencia permanente del Estado resulta indispensable, los Infantes de Marina cumplen también una función de protección de especies amenazadas.
Uno de los ejemplos más significativos es el de las tortugas marinas. En los cayos de Albuquerque, Bolívar, Serrana y Roncador existen puestos navales que permiten realizar vigilancia y acompañamiento de los procesos de anidación.
La Armada ha participado en la identificación, señalización, monitoreo y protección de los nidos y, en coordinación con CORALINA, en el seguimiento de las eclosiones. En 2024, la institución reportó el acompañamiento de 26 nidos que permitieron el nacimiento de más de 300 tortugas.
Es una tarea que exige permanencia. No basta con llegar un día a recoger basura o tomarse una fotografía sembrando un árbol. En los cayos, los Infantes de Marina permanecen durante largos periodos ejerciendo simultáneamente funciones de soberanía, seguridad y protección de los ecosistemas. Esa presencia convierte a la Armada, de hecho, en uno de los brazos operativos con mayor capacidad para llegar a lugares donde otras instituciones tienen enormes dificultades para mantener una presencia permanente.
La protección ambiental también alcanza especies terrestres emblemáticas como el cangrejo negro, cuya supervivencia está estrechamente relacionada con los ecosistemas insulares. CORALINA ha desarrollado la denominada Operación Cangrejo Negro y programas de recuperación ambiental que incluyen viveros, recuperación de rutas del cangrejo y jornadas de limpieza de ecosistemas. En ese esfuerzo, la capacidad logística y territorial de la Armada representa un aliado fundamental para llevar protección y acompañamiento a zonas apartadas.
A ello se suman iniciativas de recuperación vegetal, como la reproducción y siembra de plántulas de coco en los cayos, la recuperación de áreas comunes y playas y la devolución al mar de conchas marinas que han sido extraídas indebidamente de su hábitat.
El resultado es una paradoja que debería generar una reflexión institucional: una fuerza militar, cuya misión principal es la defensa y seguridad de la Nación, está desarrollando en el Archipiélago una actividad ambiental que en algunos escenarios parece superar la capacidad visible de las entidades cuya razón de ser es precisamente la protección de los recursos naturales.
Esto no significa desconocer la responsabilidad de CORALINA, de la Gobernación, de las alcaldías o de las demás autoridades ambientales. Por el contrario, el propio modelo de trabajo de la Armada demuestra que la conservación funciona mejor cuando existe coordinación interinstitucional. La Armada ha trabajado precisamente de manera conjunta con CORALINA, organizaciones ambientales, buzos, pescadores, empresas y comunidades.
Pero la diferencia está en la capacidad de llegar, permanecer y actuar.
Mientras buena parte de la institucionalidad ambiental depende de presupuestos, contratos, jornadas programadas y capacidades administrativas limitadas, la Armada cuenta con embarcaciones, buzos, personal desplegado en los cayos, logística, comunicaciones y presencia permanente. En un territorio fragmentado entre islas, cayos, arrecifes y extensas áreas marítimas, esa capacidad constituye un recurso ambiental extraordinariamente valioso.
Por eso, detrás de cada playa limpiada, cada neumático extraído del fondo del mar, cada pez león retirado del arrecife, cada tortuga protegida o cada especie devuelta a su hábitat hay también una historia diferente: la de marinos e infantes de Marina que, además de defender el territorio, están defendiendo la vida que existe dentro de él.
En el Archipiélago, donde la Reserva de Biósfera SeaFlower constituye uno de los patrimonios naturales más importantes de Colombia, la defensa de la soberanía y la defensa del medio ambiente parecen haberse encontrado en un mismo uniforme.
Y quizás esa sea una de las imágenes más poderosas que hoy puede ofrecer el Caribe insular: marinos que no solamente custodian las fronteras del país, sino que también custodian sus playas, sus arrecifes, sus tortugas, sus cayos y el mar de siete colores que constituye la verdadera riqueza del Archipiélago.
La pregunta que queda sobre la mesa no es si la Armada debería realizar estas labores. Su participación ha demostrado ser valiosa. La pregunta es otra: ¿por qué una institución militar está teniendo que asumir cada vez más tareas que deberían contar con una respuesta ambiental civil, permanente y suficientemente financiada?
La respuesta debería llevar a fortalecer —no a sustituir— a las autoridades ambientales. Porque el día en que los soldados tengan que recoger la basura que otros arrojan, proteger especies que otros amenazan y limpiar mares que otros contaminan, Colombia tendrá que preguntarse si está utilizando correctamente sus instituciones.
Mientras tanto, en las islas y cayos del Archipiélago, los hombres y mujeres de la Armada siguen haciendo su trabajo. Un trabajo que, además de defender la soberanía, está contribuyendo a conservar el territorio que precisamente tienen la misión de defender
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