“La millonaria deuda de San Andrés con los médicos de la isla. La Contraloría pide al gobernador hacer efectivo ese pago”: Este es el titular de prensa de un medio de comunicación nacional que cita al contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien hace «llamados de atención al gobierno departamental entre ellos, que se paguen de forma oportuna las deudas que se tienen con el talento humano del hospital que hoy ascienden a 6.182 millones de pesos”.
Si faltaba un argumento más para justificar la aprobación de la Empresa Social del Estado, ESE Hospital Clarence Lynd Newball, este que promueve la Contraloría General de la República es más que suficiente.
No obstante que desde 2008 el hospital está en manos privadas, cuando el personal médico, paramédico, enfermeras, especialistas, administrativos y de oficios varios del Hospital no reciben pagos de parte del operador del hospital, debe el Departamento salir a responder por esas deudas para garantizar que éstos no paren actividades y se afecte la atención al público, o cuando se va el operador contratado dejando las deudas laborales insolutas, es al Departamento al que demandan solidariamente e incluso le toca pagar tales demandas.
Esa relación desequilibrada para el Departamento que cada cierto tiempo debe salir a resolver las crisis que se presentan en el principal centro asistencialista, bien sea por falta de pago de salarios, de insumos médicos, de dotación hospitalaria, manejo de residuos hospitalarios, mantenimiento de la edificación hospitalaria, entre otros servicios que reiteradamente debe costear o responder el Ente Territorial para garantizar la atención al público, no obstante que exista un contrato de operación con alguna IPS, es la que debe empezar a cambiar con la entrada en funcionamiento de la Empresa Social del Estado, ESE Hospital Clarence Lynd Newball Memorial.
Pero que es una Empresa Social del Estado (ESE)
Las Empresas Sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidad pública, descentralizada con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o reorganizadas por ley o por las asambleas o concejos.
El objeto de las Empresas Sociales del Estado será la prestación de servicios de salud, entendidos como un servicio público a cargo del Estado y como parte integrante del Sistema de Seguridad Social en Salud.
De conformidad con lo establecido en los artículos 194 a 197 de la Ley 100 de 1993, las Empresas Sociales del Estado, para cumplir con su objeto deben orientarse por principios básicos de eficiencia para la mejor utilización de los recursos, técnicos, materiales, humanos y financieros con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población; calidad, relacionada con la atención efectiva, oportuna, personalizada, humanizada, continua, de acuerdo con estándares aceptados sobre procedimientos científico-técnicos y administrativos y mediante la utilización de la tecnología apropiada, de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud , para producir servicios de salud eficientes y efectivos que cumplan con las normas de calidad establecidas, de acuerdo con la reglamentación que se expida para tal propósito; prestar los servicios de salud que la población requiera y que la Empresa Social, de acuerdo con su desarrollo y recursos disponibles pueda ofrecer.
Las Empresas Sociales del Estado, son entidades que se organizan en estructuras de Dirección, Atención al usuario y logística; presidida por una Junta Directiva conformada por representantes del sector político administrativo, sector científico de la salud y la comunidad, con un número mínimo de seis miembros, con presencia de Asociaciones Científicas, Alianzas o Asociaciones de Usuarios legalmente establecidos, vinculados y cumplir funciones específicas de salud en un Comité de Usuarios de Servicios de Salud.
Si los activos de la Red hospitalaria del Departamento son propiedad del Ente Territorial, y adicionalmente le cuelgan todas las obligaciones que incumple el operador privado, entonces por que los ingresos no son del Departamento?
Hay una lógica perversa que se ha venido aplicando en la operación del hospital, de la cual los operadores privados se han dado cuenta para realizar una gestión operativa ventajosa para ellos.
Los privados saben que la obligación de garantizar la prestación de los servicios de salud corren por cuenta del Estado, por ello, han convertido en costumbre la manía de no hacer mantenimiento en la edificación hospitalaria, dotar de tecnología o logística hospitalaria al nosocomio, pagar los salarios de su personal médico, paramédicos, especialistas y de enfermería, administrativo y operativo, de dejar la responsabilidad en el manejo de los residuos hospitalarios, por que se han dado cuenta que siempre el Gobierno saldrá a atender estas afugias como ha venido ocurriendo en estos 12 años de modelo privado-publico.
Los antecedentes son mas que suficientes: hay demandas de reparación directa por daños causados en el hospital, donde la Gobernación del Departamento está respondiendo solidariamente por las fallas en el servicio que los operadores del Clarence Newball han causado a pacientes; hay decenas de millonarias demandas laborales por las que el Departamento está respondiendo ante la situación insoluta en las que el operador ha quedado con sus contratistas; son los gobernadores como representantes legales del Departamento y no los gerentes de hospital, los que son objeto de acciones disciplinarias por parte de los entes de control, cuando hay emergencias sanitarias por mal manejo de residuos hospitalarios. Y así es todo.
La relación es desequilibrada a favor del operador privado que no responde por nada, pero quien percibe la facturación de servicios.
En esta lógica, lo sensato y razonable era que el Gobierno Departamental de una vez por todas entendiera el deber de asumir por completo su responsabilidad, en el entendido que por su obligación de prestar la garantía de la atención medica a la población, no es necesario que la operación le deje utilidades monetarias, sino que le garantice la prestación del servicio, por lo tanto, nunca podrá verse como un negocio de perdidas y ganancias, sino como la garantía de una utilidad social a favor de la población.
Lo único que debe garantizar la Administración Departamental es la prestación del servicio y asegurarse que por nada en el mundo se convierta en fortín burocrático de nadie, escogiendo una buena gerencia, conformando una excelente Junta Directiva e imponiendo procesos de meritocracia con el personal que actualmente opera el hospital, pero ahora si vinculado a nomina todas las funciones de su labor misional, desde lo administrativo, medico, especializado y operativo, y solo tercerizando aquellos servicios no esenciales, en el que desde el primer día se apliquen principios de transparencia, lucha contra la corrupción, veeduría, control social ciudadano y quede ésta sometida de inmediato al control de los respectivos entes fiscalizadores y disciplinadores.
Algunos sectores que buscan justificar su negativa a la Empresa Social del Estado, ESE, han planteado la fórmula intermedia de público y privado, pero es claro que esa ha sido la formula que ha venido imperando, ya que a pesar de ser el operador privado el que recibe los ingresos de la operación privada, el Departamento desde lo público ha estado respondiendo por las falencias que deja la operación privada.
Ello solo sería legitimar en el papel lo que ocurre en la práctica; de modo que crear una empresa o sociedad de economía mixta no haría mas que prolongar el actual estado de cosas, en donde el privado recibe las ganancias, pero el público responde por las necesidades que no alcanza a cubrir la operación privada.
De modo que a partir de ahora tendremos al Departamento como dueños de los activos, del patrimonio, pero también del pasivo, sin ninguna intermediación ni tercerización y respondiendo por una relación donde el paciente sabrá a quien exigirle una eficiente prestación del servicio, donde la Administración tendrá la responsabilidad de esmerarse por una eficiente gestión y atención, ya que no tendrá excusas de culpar a un tercero por lo malo que resulte el servicio o la atención.
Mas que esperar a que amanezca para ver lo que pasa, lo que nos corresponde a todos es apostarle a que esta nueva fórmula funcione y acompañarla, no solo por la garantía del oportuno servicio asistencial, sino por los derechos que su personal tiene como trabajadores en condiciones dignas, y los pacientes (residentes o turistas) merecen para garantizarles sus derechos a la salud y a la vida.
Por 