El Gobierno del saliente presidente Juan Manuel Santos Calderón fue más de ruido que de ejecuciones efectivas y de gran utilidad para las islas, sobre todo luego de la coyuntura socio política precipitada para el archipiélago por el nefasto fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, Holanda, que le arrebató 72 mil kilómetros cuadrados de mar territorial a San Andrés y Providencia.
El Plan Archipiélago inflado con astronómicas cifras presupuestales fue más una colcha de retazos presupuestales para atender contingencias y coyunturas que para ofrecer soluciones integrales. Mucho de ese dinero que si bien es cierto se ha invertido en algunos casos en el recurso humano regional, solo sirvió para paliar carencias o necesidades temporales de la gente pero no ofreció una solución a largo plazo y definitiva.
Esta era una valiosa oportunidad para resolver problemas estructurales de sobrepoblación, salud y educación, que se crearan en las islas flotas pesqueras para los pescadores isleños, proyectos de piscicultura, de maricultura, centros de alto rendimiento deportivo para la promoción de talento deportivo en virtud del fenotipo y genotipo de nuestros jóvenes, o laboratorios y estudios de producción de contenidos audiovisuales y musicales aprovechando el gran potencial y cantera musical que habita en las islas, y por cuya condición muchos jóvenes talentosos se han salvado de hacer parte de las generaciones perdidas en el narcotráfico. También era la oportunidad para que se definiera una posición más firme y categórica frente a los fallos judiciales y posiciones expansionistas de Nicaragua de seguir despojando al Archipiélago de sus aguas y cohesión territorial.
Pero nada de eso ocurrió y lo que esperamos del nuevo gobierno del joven presidente Iván Duque Márquez, que comenzará el próximo 7 de agosto cuando asuma el nuevo Jefe de Estado que prometió estar en las islas al día siguiente de su posesión, elegido el pasado domingo 17 de junio en las urnas, es que aborde de manera eficaz y con toda la voluntad política estas diferentes problemáticas.
Ya es hora de emprender un programa de reducción de la población, comenzando por los ilegales e irregulares, por los desplazados que por virtud del proceso de paz ya pueden regresar a sus territorios, y luego con los voluntarios que quieran dejar la isla y retornar a sus sitios de origen; todos en condiciones dignas y respetando los derechos humanos y los derechos civiles que se han ganado en el ejercicio de su residencia permanente de décadas viviendo en la isla y contribuyendo a su bienestar y progreso.
También esperamos que complemente la obra del Gobierno Uribe que dotó la isla de un gran hospital, hoy subutilizado por la poca eficacia en la operación del mismo, para lo cual requerimos de un esquema singular para la insularidad del archipiélago que permita sostenibilidad económica, acceso, cobertura y calidad en el servicio.
Que también de una solución y muestre su voluntad política de dar una solución no costosa para los usuarios de los servicios de conectividad de datos e internet que contribuya a los accesos de comunicación para fomentar la educación, formación, desarrollo de negocios, etc, aprovechando el cable submarino de fibra óptica que fue instalado hace más de una década y aún no ha desarrollado su capacidad total.
Que ponga orden a las autoridades regionales y locales sobre las intervenciones en el ordenamiento territorial que tienen a la isla sumida en un absoluto caos urbanístico que cada vez ejerce mayores presiones sobre los ecosistemas insulares, generando mayor daño ambiental a los frágiles y escasos recursos naturales de que dispone la isla.
Y finalmente que se fije una posición categórica y determinante frente al diferendo con Nicaragua y el Fallo de La Haya 2012 que es considerado por sectores políticos y de opinión como una decisión bastante cuestionable que le aplicó a Colombia un tratado del que no era parte como la Convemar que afectó a terceros países y despojó de un territorio ancestral y en lugar de resolver un conflicto creo un conflicto mayor.
El Gobierno que llegue deberá mantener la orden máxima de la Constitución Nacional que dice que los límites solo se pueden modificar a través de tratados y los tratados deben ser refrendados en el Congreso, y es necesario que exista una política de Estado que deje claro que nuestro Archipiélago es indivisible.
Por su parte el grupo étnico poblacional aspira a que el nuevo gobierno le dé continuidad a las negociaciones de un proyecto de Estatuto Raizal que ya no alcanzó a sacar el actual Gobierno y que lo pueda tramitar en el Congreso de la República.
Esa es en resumidas cuentas la médula de algunos de los temas que necesita la región que atienda el nuevo Gobierno elegido el pasado domingo y que se posesionara el próximo 7 de agosto del presente año.
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