Por César Pizarro Barcasnegras
La rampante corrupción administrativa que carácterizó al gobierno pasado de principio a fin, aún tiene capítulos pendientes de descubrir y que no pueden ser lavados con escándalos contra la actual administración que apenas recién cumplió un semestre y que no se había terminado de sentar en el cargo cuando le estalló una emergencia por Pandemia, nunca antes vista por las actuales generaciones, que tampoco tenían experiencia de como lidiar semejante situación.
A principios de este año denunciamos dos grandes episodios de corrupción de los últimos tiempos, debido a la orgía contractual que más de la mitad del gabinete de la gobernadora Tonney Gene Salazar decidió hacer con el presupuesto del Departamento, destinado al despilfarro, la contratitis y la conciertitis que llenó los bolsillos de los propios funcionarios del Departamento, y la vergonzosa actitud del director del ICBF de entregar la contratación de Primera Infancia de manera caprichosa a quien le dio la gana sin cumplir los requisitos legales establecidos por la propia entidad, solo porque el único oferente habilitado no le hizo el juego a su pretendida intención de conseguir una participación en el típico CVY que caracteriza a la corrupta contratación estatal.
Pero a esas documentadas denuncias con números de contratos y valores, ni la muy voluntariosa Procuraduría a la que le llegaron directa y formalmente las denuncias, ni ninguna de las otras entidades hasta el día de hoy ha informado de trámite alguno de tan escandalosos affaires de corrupción, de los que la Contraloría del Departamento apenas informó que en estos días iniciaba auditorias sobre 83 contratos, de once secretarias de despacho y 45 mil millones de pesos.
Si en cambio, los entes de control anuncian la posibilidad de sanciones contra este gobierno que aún no terminaba de acomodarse en el cargo cuando lo sorprendió la pandemia para la que no solo no estaba preparado sino que además ningún mandatario mundial o regional contaba con manual alguno de cómo enfrentarla, y que por lo menos merece el «beneficio de la duda» antes de ser condenado públicamente como corrupto, tal como ha venido aconteciendo con todos los mandatarios regionales y locales que por vía de la urgencia manifiesta han tenido que enfrentar inusuales compras o contrataciones para preparar o salvar sus comunidades de los efectos letales de la Pandemia, al mismo tiempo que las leyes de la oferta y la demanda imponían excesivos sobrecostos y acaparamiento de insumos, equipamientos y medicamentos que solo podían ser adquiridos en una especie de subasta al mejor postor.
Y no se trata de que se le acepte o permita ningún acto de corrupción y menos en medio de una crisis sanitaria, a ningún mandatario, pero tratandose de una pandemia que le sobreviene a la humanidad y de la que no son ajenos los mandatarios, lo menos que se espera es que antes de echarle un manto de duda a toda la administración pública se revise a fondo las circunstancias de lidiar con una emergencia en la que los precios del mercado han sido impuestos por los proveedores que han triplicado los costos ante una desbordada demanda frente a una limitada oferta de elementos esenciales para garantizar la vida de pobladores que quedarían a merced de la Epidemia si los gobernantes ante la condición de ‘tómalo o déjalo’ renunciarán al riesgo de una sanción para conservar la comodidad de no mover un dedo.
Estas circunstancias anormales en las que nos encontramos ameritan la mayor sinderesis de los órganos de control a la hora de evaluar las conductas de los servidores públicos al momento de ejecutar la contratación con la que se ha tratado de enfrentar la pandemia del Covid19, analizando cada circunstancia, aspectos de conveniencia, costos, etc, y que en los casos donde se demuestre dolo y mala intención de saquear el erario o sacar provecho propio o en favor de terceros, se actúe implacablemente y se les condene y encarcele, pero en los casos donde esté claro que imperó el interés público para garantizar la debida atención sanitaria, más allá de los costos impuestos por proveedores que han aprovechado la crisis para triplicar los precios ante el acaparamiento por parte de países, departamentos, municipios o empresas con mayor poder económico, de elementos vitales para la supervivencia humana, se hace necesario que se analicen tales condiciones de convenciencia para la respectiva región beneficiada con tales adquisiciones, compras o contrataciones.
Para el caso del Departamento Archipielago que hace parte de estas investigaciones en las que su mandatario ha sido señalado por algunas contrataciones efectuadas en medio de la Pandemia, hay que sumarle que la circunstancia ha sido aprovechada por la mezquindad política de la región que aún no supera la derrota electoral y que le apuesta a la caída del mandatario para pescar en río revuelto.
La situación de las islas no puede ser más crítica, con una pandemia aún vigente, la parálisis absoluta del motor económico, un alto desempleo, la caída de los tributos públicos, y una inestabilidad política que sería devastadora.
Es como si un frágil barco navegará por un impetuoso mar bravío en medio de una tormenta perfecta, con enfermos a bordo y parte de la tripulación o de sus pasajeros, pretendieran deponer al capitán, causando anarquía a bordo y dejando la nave a la deriva.
Los investigadores deben hacer todas las investigaciones del caso respetando el debido proceso, con la sinderesis que amerita una circunstancia como la actual, con ajenidad política y confiando en el anuncio del propio fiscal Barbosa, según el cual no se trata de un linchamiento público de servidores oficiales, aún que no sintamos la misma confianza del procurador Carrillo que ha demostrado ser
más político que sensato.
Eso sí, sin olvidar que nos están debiendo muchas decisiones disciplinarias, penales y fiscales de tanta venalidad que caracterizó al Gobierno pasado con su gobernador titular y un par de los encargados, que suman cientos de miles de millones de pesos, varios elefantes blancos y toda una orgía de contratitis, conciertitis y viaticadera sin fin.
Por