Dos jóvenes que llegaron a la isla con la ilusión de trabajar y ganar recursos para enviarle a sus familiares, al llegar a la islas y comenzar a trabajar notaron que nada era lo que les habían ofrecido sus patronos era lo que colmaban sus expectativas y por el contrario empezaron a vivir una especie de infierno de esclavitud doméstica.
Las ilusiones que traían los jóvenes rápidamente se fueron al piso, pues prácticamente sus patronos los convirtieron en esclavos, restringiéndoles las más mínimas libertades ya que no podían hablar con nadie, no podían tener teléfonos celulares, es decir no podían tener ninguna clase de contacto externo ni con habitantes de la islas, ni con sus familiares en el interior del país.
Los patronos los amenazaban constantemente, le decían que la oficina de la Occre podía tomar represalías contra ellos, y bajo ese engaño y amenaza los constriñeron permanentemente para que laboraran para ellos bajo esas condiciones de esclavitud.
La situación se tornó insoportable para ambos jóvenes de 27 y 18 años y como su deseo era regresar a sus hogares en la ciudad de Barranquilla y olvidar esta pesadilla, decidieron escaparse y llegar hasta las instalaciones de la oficina de la Occre donde instauraron una denuncia formal ante esta dependencia de control migratorio en contra de sus empleadores, quienes al parecer son empresarios reconocidos de la isla.
Al ser consultado sobre esta situación, el director de la Occre Joseph Barrera Kelly , afirmó que el caso está en investigación, y que este no es el único ni el primero que se conoce en la isla.
Y advirtió que contra estas personas que están trayendo a la islas personas para esclavizarlas se van a tomar medidas drásticas, sin perjuicio de las acciones penales que proceden.
Sobre este fenómeno de la esclavitud laboral en Colombia, el Ministerio del Interior asegura que el año pasado conoció 38 denuncias de víctimas de tráfico de personas dentro y fuera del país. Y según la Organización Internacional de Migración (OIM), entre el 2002 y el 2013 fueron 299 los casos, de los cuales 41 eran con fines de explotación laboral.
En lo que tiene que ver con el tráfico interno de personas, la Fiscalía asegura que ha detectado redes que reclutan a sus víctimas en Antioquia, Quindío, Sucre, Caquetá y Córdoba, y que son llevadas a Bogotá, especialmente, y a los Llanos.
La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tiene documentados varios casos de niños que a cambio de 4.000 pesos trabajan por más de 18 horas al día en minas de Antioquia.
Pese a la poca denuncia, que históricamente ha marcado este delito, la Fiscalía también investiga el traslado ilegal de niños indígenas ecuatorianos vendidos en Bogotá para trabajar en la confección de gorros y bufandas por 16 horas diarias. De igual forma ocurre el reclutamiento de niños para la mendicidad, otra de las modalidades en la trata de personas. Así como el llamado matrimonio servil.
La OIM calcula que en todo el mundo las víctimas de este flagelo suman 20,9 millones. En el 2010 se registró un incremento del 60 por ciento en las denuncias con respecto al 2009, y la mayoría eran mujeres.
A las autoridades les preocupa que la explotación aún sigue siendo aceptada culturalmente. “Muchas personas ni siquiera saben que son víctimas porque hay una sociedad que aún acepta el sometimiento a cambio de ropa, alimentación o un techo”, explicó Martha Díaz, jefe de la Oficina de Trata de Personas del Ministerio del Interior.
Las víctimas de trata de personas son trasladadas dentro del mismo país o hacia el exterior, con el propósito de ofrecerlas, venderlas o utilizarlas para obtener dinero u otro beneficio. En el caso de la explotación laboral, la persona es obligada a realizar un trabajo o servicio por largas horas sin recibir un trato adecuado y sin ninguna claridad sobre su salario, contrato y horarios.
Colombia cuenta con una legislación drástica en este tema, con penas de entre los 13 y 23 años de cárcel. El consentimiento dado por la víctima no exonera de la responsabilidad penal.
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