Este martes, en una entrevista radial con W Radio, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, dio puntadas sobre uno de los proyectos que presentará su gobierno tan pronto se posesione y que ya ha generado críticas.
Según Petro, entre el paquete de proyectos que presentará está uno para buscar la eliminación de la Procuraduría General y pasar las funciones que hoy tiene el órgano de control a la rama judicial, en particular, a una «fiscalía anticorrupción».
En el pasado, el presidente electo ha hecho críticas al Ministerio Público y sus actuaciones. El 19 de junio, en su discurso tras haber sido elegido, Petro extendió una petición a la Procuraduría que no fue bien recibida por muchos.
En ese discurso le pidió a la Procuraduría levantar las suspensiones a alcaldes que fueron apartados de su cargo en el transcurso de la campaña por presunta participación en política, como el mandatario de Medellín, Daniel Quintero. Esto en efecto sucedió un día después pero no por petición de Petro, sino porque la entidad consideró que habían desaparecido los motivos para mantener la suspensión en el sentido de que ya habían pasado las elecciones.
Varios abogados criticaron esto y consideraron que no es el lugar del Gobierno o del presidente estar dándole línea a otros organismos del Estado que están por fuera del Ejecutivo.
Frente al nuevo anuncio de que buscará la eliminación de la Procuraduría ya han surgido críticas.
El exsuperintendente de Industria y Comercio y exviceministro de Justicia Pablo Felipe Roble opinó en sus redes sociales: «Para eliminar la Procuraduria General de la Nación el gobierno de @petrogustavo necesitaría de una reforma constitucional. Igual para otra cantidad de cambios que pretenden hacer. Ojo que en alguna de esas reformas, Petro nos mete un artículito que permita su reelección».
Por su parte, Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), explicó que la Procuraduría hace parte del diseño constitucional previsto por el constituyente en 1991, «toda revisión que se haga de su esquema no puede equivaler a disminuir o menoscabar la lucha contra la corrupción, además, al Estado le corresponde una función a la que no puede renunciar de la debida vigilancia de la gestión administrativa para asegurar su transparencia y probidad».
Tomado de El Tiempo
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