En misiva remitida al gobernador del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Islas, Ronald Housni Jaller, el presidente de la Liga de Consumidores de San Andrés, y miembro del Consejo Departamental de Protección al Consumidor, Leandro Pájaro Balseiro , formuló una solicitud para la realización de una Consulta Popular frente a la implementación de prácticas de energías alternativas con las cuales se pueden reducir las emisiones de gases fósiles y la reducción de costos por consumo de energía térmica.
“Con fundamento en los mecanismos de Participación Ciudadana consagrados en nuestra Constitución Política y reglamentados por las leyes 134 de 1.994 y 1757 de 2.015 y amparado en el Artículo 58 numeral 4 de la ley 1480 de 2.011 (Estatuto de Protección al Consumidor) que reconoce la representatividad de las Ligas de Consumidores para los usuarios de bienes y servicios, comedidamente le estamos solicitando se sirva realizar Consulta Popular a nivel departamental para que los ciudadanos de las islas se pronuncien si desean acogerse a las prácticas de energías alternativas no convencionales o no.”
Pájaro Balseiro recuerda que “la esencia de nuestra nueva Constitución Política es la garantía del derecho a la participación ciudadana y en especial en el estudio de las disposiciones que nos conciernen a través de las organizaciones de consumidores y usuarios y también que tenemos derecho a un ambiente sano (artículo 79 superior). La ley 1715 de 2.014 regula la integración de las energías no convencionales al Sistema Energético Nacional y la Organización de las Naciones Unidas, a través de su filial la Unesco, declaró al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Reserva Mundial de Biosfera, lo cual constituye una responsabilidad y compromiso público de todos (Institucionalidad y Sociedad en general) para propender por un desarrollo sostenible en este área insular.”
Y advierte que el Presidente de la República Juan Manuel Santos y demás líderes mundiales asumieron en la pasada Cumbre de París el compromiso de reducir en 2º el calentamiento global.
Pájaro Balseiro fundamenta la procedencia para la presente consulta popular en los siguientes aspectos socios ambientales, teniendo en cuenta que actualmente con el sistema de generación de energía en el Territorio Insular mediante la quema de combustible fósil se están emitiendo cientos de miles de toneladas de monóxido de carbono al medio ambiente, contaminando este ecosistema con áreas de especial importancia y de obligatoria protección por parte del Estado.
“El Gobierno Nacional expidió en el año 2.012 la ley 1523 para la prevención y reducción del riesgo, lo cual obliga a la disminución de emisión de gases con efecto invernadero. No sobra recordar que San Andrés y Providencia se encuentran ubicados en la ruta del cinturón de huracanes del Caribe.”
Expresa que a propósito de esta norma, el Consejo de Estado se pronunció recientemente mediante sentencia originada por una acción popular a iniciativa de nuestra organización acogiendo clamor de protección a los derechos colectivos de prevención de desastres técnicamente previsibles por medio de la cual nos obliga a toda la sociedad, en cabeza de la Administración Departamental a asumir medidas tendientes a la gestión y prevención del riesgo de manera pronta, oportuna y eficaz. La ley 142 de 1.994 (Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios) establece en su artículo 3.6 la obligatoriedad como instrumento de la intervención estatal para la protección de los recursos naturales en la prestación de los servicios públicos.
En su artículo 8.5 establece que es obligación del Estado velar porque quienes prestan servicios públicos cumplan con las normas para la protección, la conservación o, cuando así se requiera, la recuperación de los recursos naturales o ambientales que sean utilizados en la generación, producción, transporte y disposición final de tales servicios.
También establece esta norma que en la prestación de los servicios públicos se debe propender por la obtención de economía de escala: como consecuencia de este proceso de adaptación de energías no convencionales, el gobierno nacional se ahorraría los ciento de miles de millones que actualmente gasta en subsidio por la quema de este combustible fósil.
En materia socioeconómica, Pajaro Balseriro asegura que la adopción de prácticas de energías no convencionales nos reduciría en un 70% el costo de la prestación del servicio de suministro de fluido eléctrico para los habitantes del archipiélago y este ahorro se utilizaría para reemplazar el gasto y/o uso del gas domiciliario GLP en cilindros, tan costoso y deficiente las Islas así como del resto de bienes y servicios: se reducirían los costos de la prestación del suministro de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Se abaratarían los costos de la canasta familiar de los hogares isleños en lo concerniente a los productos refrigerados que se suministran en las islas.
En resumen, se propendería por el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad usuaria y consumidora de la región, teniendo en cuenta que su costo de vida es el mes alto del País, superando en más de un 30% por encima del resto de la economía doméstica de las poblaciones consumidoras de las diferentes regiones de Colombia.”
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