Un acto administrativo de la Secretaría de Planeación Departamental conocido por THE ARCHIPIÉLAGO PRESS, donde se le niega una solicitud de modificación de la licencia de construcción a la compañía Hitos Urbanos para la construcción de un hotel en el sector de Punta Hansa en San Andrés puso al descubierto una serie de anomalías administrativas como devoluciones de pagos y amplios plazos de cancelación en el otorgamiento de la misma y de falencias arquitectónicas y de ingeniería civil en aspectos como cargas sismoresistentes y aislamientos de la edificación que hoy ya se encuentra levantada sobre sus cimientos y estructuras.
En dicho acto administrativo la Secretaría de Planeación hace un recuento cronológico de carácter técnico y jurídico a manera de motivación para negar la solicitud de modificación de la licencia tramitada por la abogada Ligia Rojas Lobo, de la firma Hitos Urbanos y de la empresa Gallardo & Cía SAS, de la cual es representante legal su excuñado Mauricio Gallardo Archbold.
Lo cierto es que dicho acto administrativo se constituye en un esfuerzo por poner en evidencia una serie de anomalías administrativas ocurridas en esa propia dependencia y los privilegios y laxitudes que se le han permitido a este proyecto, para negar la solicitud de modificación demandada.
Segúnel documento, Hitos Urbanos, compañía que aparece cómo apoderada de la obra, a su vez otorgó poder especial a Mauricio Gallardo Archbold en su condición de subgerente y representante legal de Gallardo & Cia, la cual es la titular de la licencia a razón del fideicomiso del Proyecto Hansa.
La mencionada obra obtuvo licencia de construcción en noviembre de 2016 y fue prorrogada en enero de 2019. Si embargo en el mes de febrero del presente año, la abogada Ligia Rojas Lobo actuando como apoderada especial de Hitos Urbanos, solicito una modificación a la licencia inicialmente aprobada y posteriormente prorrogada.
Al entrar a evaluar la solicitud de modificación de la licencia otorgada, la Oficina de Planeación Departamental encontró en valoración del equipo técnico de ese despacho integrado por ingenieros y arquitectos estableció una serie de falencias técnicas que vienen desde el principio de la obra y que a juicio de Planeación Departamental se han omitido.
Advierte que al hacer una revisión de los planos estructurales, observan que al amparo de la Normatividad Sismoresistente de Colombia NSR 10, las cargas de vientos son para todos los pisos y en el proyecto presentado solo se observa que se hizo solo hasta el tercer piso, se debe aclarar la aplicación de carga viva en cubierta, falta completar la información de carga de empozamiento para la cubierta, se debe complementar el diseño de conexiones, presentando especial atención en el diseño de soldaduras, pernos y partes roscadas.
El documento oficial de la Gobernación del Departamento advierte que en virtud de la inferencia lógica y la experticia en el tema, al momento de la elaboración de los diseños estructurales debieron incluirse esas observaciones pero las mismas no fueron anexadas.
Entre tanto en materia arquitectónica se evidenció la existencia de una escalera que no respeta los aislamientos, y que si bien es cierto que está fue incorporada como dice la peticionaria, con el propósito de dar cumplimiento a las exigencias de las Normas Internacionales y Nacionales NSR10 y en especial de seguridad humana, no la exime del deber de cumplimiento de la normatividad interna en materia de urbanismo que exige que la referida escalera sea ajustada a los aislamientos; los duplicadores en el parqueadero, es decir una estructura permanente que se traduce en ocupación, tampoco respeta los aislamientos, un local de la Torre tres también incumple el aislamiento y la bahía de parqueo reduce el área del andén, por lo que se requiere que se subsanen dichos aspectos.
Adicionalmente y en materia legal la Oficina de Planeación advirtió una irregularidad en el pago de la licencia de construcción que fue tasada en el valor de 783 millones y 15 millones para la estampilla Pro Cultura.
Esto porque se otorgó una licencia concediéndole 14 meses de plazo para pagarla, cuando la norma establece que el plazo máximo es de 30 días y la expedición debe ser posterior a la cancelación y no previamente como ocurrió que se concedió un año antes de que los titulares de la licencia concluyrran el último plazo de pago. Otra grave irregularidad en el otorgamiento de esta licencia ordenada por el respectivo secretario de Planeación de la época y que pone al descubierto el actual titular de esa dependencia, es que para efectos de lograr la prórroga de una primera licencia que se había solicitado en 2015 para este mismo proyecto, certificó por acta que la misma se había iniciado, y meses después para conceder la devolución de dineros pagados por la licencia, certificaron todo lo contrario, es decir que nunca se había iniciado la obra.
En virtud de ello, la misma Oficina de Planeación el 5 de septiembre de 2016 atendiendo una solicitud de desistimiento total del proyecto y devolución de la totalidad de lo pagado por presuntamente no haber utilizado la licencia de construcción otorgando compensación del pago del impuesto.
Este proyecto ha estado bajo la lupa de la sociedad isleña debido al impacto urbanístico producido en el sector, por la intensión de privatizar una playa donde funciona Toninos Marina, la cual además tiene orden de restitución al Departamento y porque detrás del mismo están dos importantes figuras públicas de la vida política del país y el Departamento, ya que Hitos Urbanos es propiedad del esposo de la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez y Gallardo & Cía SAS es propiedad de la familia del exrepresentante a la Cámara Julio Gallardo Archbold, y lo que se espera es que tratándose de servidores públicos su ejecución sea ejemplo de transparencia.
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