Plantón contra la violencia y por la paz de las islas

Los organizadores del evento llevado a cabo en la plazoleta frente al Centro Comercial New Point Plaza emitieron una proclama denominada Declaracion de la Sociedad Civil y el Pueblo Raizal por la recuperacion de los derechos constitucionales a la vida, la dignidad, la cultura de la legalidad y la convivencia pacifica en el archipielago. La siguiente es la proclama que leyeron los organizadores luego que el reverendo Marcelino Hudgson hiciera una homilia en la que se preguntó en que momento San Andrés perdió la protección de Dios por adorar otros idolos:

La sociedad civil y el pueblo Raizal del archipiélago de San Andrés, providencia y santa catalina, manifestamos nuestra indignación y repudio por lo hechos delincuenciales que viven en permanente escalada a pesar de nuestros incesantes reclamos a las autoridades sin ningún resultado que las contenga.

Los hechos de violencia, delincuencia e inseguridad que nos aquejan como sociedad insular, están destruyendo la sus tentabilidad y el futuro de esta región por ende, la vida digna de los habitantes de la isla.

1. Estamos convencidos que en un estado social de Derecho con base en la constitución y la Ley se puede revertir el modelo de ausencia de autoridad, corrupción e impunidad que son el alimento del delito y la anarquía.
2. Las islas son el territorio de Colombia de más fácil control  y vigilancia; en donde por su conformación geográfica, características físicas y tamaño, el delito debería estar arrinconado y lograríamos como hace pocos años ser modelo de seguridad y convivencia.
3. Es evidente la poca importancia que le significa al Estado colombiano que con visión mediterránea y andina supone que la suerte de esta región es marginal, y por su falta de acción o por omisión de sus agencias, instituciones, entes territoriales, ministerios y en especial de sus funcionarios ; somos testigos y víctimas del deterioro  exponencial y progresivo de la calidad de vida e nuestro Departamento, así como del empobrecimiento, contaminación y los daños irreversibles a nuestro sistema ecológico de soporte, en el que sustenta el modelo económico y social del futuro de la región.

1. Es tan poca la importancia que le merecen estos territorios y sus agentes al estado, que en el vergonzoso despojo de nuestros mares patrimoniales ; en los alegatos de defensa no se permitió la voz de quienes ancestralmente han sido poseedores y custodios de estas aguas como áreas de sustento y soporte vital.

Es por todo lo anterior que hoy, de manera pacífica, ordenada  pero contundente estamos   deteniendo  nuestras actividades  cotidianas, para de forma solidaria , unidos por el amor y el arraigo a estas tierras y su futuro, manifestar al país y al mundo, nuestra inconformidad, nuestro repudio por la inseguridad y ausencia de autoridad y ley en nuestras islas.

Paralelamente, como acción de restitución y justicia, estamos radicando ante las instancias correspondientes y con las herramientas legales establecidas en nuestra carta constitucional y la ley,  una acción de grupo , con el propósito que se deslinden responsabilidades y se adelanten las medidas judiciales, disciplinarias y penales a quienes por acción u omisión hayan permitido los evidentes y enormes daños derivados del crecimiento de todo tipo de delitos, que afectan de modo grave el futuro de los habitantes de esta región, Quien asume un cargo público jura conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.

Sin perjuicio de lo anterior exigimos, con carácter de urgencia se inicien acciones encaminadas al control de los brotes delincuenciales con fines disuasivos preventivos, así como lo señalado en la ley para sanear nuestro entorno y recuperar el equilibrio y la tranquilidad que permitan el progreso regional.

Dentro de nuestras exigencias se enumeramos:

1. Investigar, judicializar e imponer sanciones disciplinarias, penales, morales, políticas y pecuniarias a los funcionarios que han incumplido sus deberes legales.
2. Hacer  cumplir las normas establecidas para velar por la integridad de los residentes y del pueblo raizal de las islas, tales como las normas de movilidad y tránsito, el código de menor, el código nacional de ´policía  y convivencia ciudadana y el plan de ordenamiento territorial con herramienta poderosa en el control poblacional.
3. Establecer mediante los mecanismos existentes un grupo de inteligencia, investigación y rastreo para desmontar el narcotráfico y los capitales que se blanquean a través de la economía de las islas. Blindarlo ante el enorme poder corruptor ante esas conductas penales.
4. Revisar e implementar nuevos procedimientos y dispositivos en los puertos  aéreos y marítimos del archipiélago con la debida dotación técnica tecnológica y financiación, para controlar de forma eficaz el ingreso de armas a las islas, así como de personas peligrosas. estas acciones deben extenderse a los puertos y aeropuertos de embarque.
5. Realizar campañas, planes de y programas intensivos para el desarme en todo el departamento archipiélago, encontrar decomisar las armas ilegales que están siendo usadas en actividades criminales.
6. Que se den garantías e incentivos ciertos, a los denunciantes que se acuden a la policía nacional, y se reporte periódicamente  a la sociedad civil sobre los avances en pro de acabar con la delincuencia organizada.  
7. Asegurar respuesta inmediatamente y efectiva por parte de las autoridades cuando se reciban llamadas o denunciadas referentes a las seguridad ciudadana.
8. Establecer un plan permanente de persecución y desmonte de las mal llamadas ollas y sitios vedaos para las distinta autoridades en las islas.
9. Acciones de apoyo y fortalecimiento real a la oficina de OCREE, para contener y revertir inmigración indiscriminada hacia las islas y para resolver los procesos de residencia que durante muchos años se encuentra represados en esa dependencia.
10. Exigimos que de manera inmediata y con las condiciones humanitarias correspondientes, se retire de las islas a los reinsertados y desplazados. No es correspondiente, se retire de las islas a los reinsertados y desplazados. No es correcto seguir importando al archipiélago los factores de violencia del territorio continental.
11. Fortalecer a la nueva  fiscalía seccional designado además para las islas una unidad especializada de fiscalía anti- bacrim.
12. Que se incluya en las decisiones importantes a la sociedad civil y se implementa programas que brinden real protección a niños adolecentes y  ancianos, así mismo indigentes, a través de la instituciones creadas para ellos.
13. Recuperar los espacios públicos, como lo establece taxativamente la ley para alcaldes y gobernadores.
14. Hacer de la educación y la convivencia ciudadana el propósito básico para la inversión pública en el departamento.