Luego de la decisión del Gobierno Nacional de terminar la concesión con CASYP. La presión de la comunidad residente en la zona y una defensa técnica en el proceso de consulta previa fueron la clave para frenar lo que se consideró como un atropello contra los intereses de la comunidad. Como exitosa calificó el abogado y asesor jurídico de los habitantes de la zona aledaña a la pista del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla Everth Hawkins, la decisión tomada de arrancar de cero el proceso y no tomar un centímetro de los predios de los raizales. Se definió que no habrá expansión aeroportuaria sin el consentimiento de la comunidad Raizal; también el Estudio Aeronáutico y que por lo tanto se hará respetando los lineamientos del Convenio de la OIT 169 de 1989. El mencionado Estudio Aeronáutico que realizará el señor Kris Van Norte (consultor de la OACI) sobre el aeropuerto local se hará con la comunidad y este no afectara ni un centímetro del territorio de los raizales y residentes legales del Archipiélago.
Por: Daniel Newball H.
El preámbulo a la reunión reciente de consulta previa sobre el cuestionado proyecto de obras de ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla estuvo enmarcado dentro de la incertidumbre y la expectativa de saber cuál sería el futuro de las mismas luego de la decisión del Gobierno Nacional de cancelar el contrato de concesión firmado en el 2007 con el Consorcio Aeropuertos de San Andrés y Providencia Casyp el pasado viernes.
La expectativa y la incertidumbre finalmente quedó resuelta luego de que en la pasada reunión de consulta previa se resolvió arrancar desde cero con el proyecto de las obras debido a que se estará pendiente al manejo que la Aeronáutica Civil y la Agencia Nacional de Infraestructura le darán una vez empiecen a administrar el terminal aéreo.
De hecho, los funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura y la Aeronáutica Civil se comprometieron a respetar los derechos de la comunidad en el sentido de que el Estudio Aeronáutico que realizará el señor Kris Van Norte (consultor de la OACI), se hará con la comunidad y este no afectara ni un centímetro del territorio de los raizales y residentes legales del Archipiélago y los asesores de ambas entidades también manifestaron que gracias a la acción popular se encuentran enmendando errores de estructuración del proceso en el pasado.
“Este es un logro de todos los lideres raizales, las organizaciones Raizales y todos los residentes legales que nos apoyaron en todo el proceso de pre-consulta y consulta, es por esto que quiero darles las gracias a nombre de todos los habitantes y moradores del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla”, dijo Everth Hawkins Sjogreen, asesor jurídico de la comunidad de habitantes de la zona que además afirmó que existen puntos que desde el Gobierno Nacional se han venido ejerciendo y que entran en contradicción con los beneficios de la comunidad.
El asesor jurídico afirmó que como conclusión de la reunión celebrada esta semana con presencia de las autoridades de la Comunidad Ancestral y Residente de los alrededores de la pista y funcionarios del orden nacional que no habrá expansión aeroportuaria sin el consentimiento de la comunidad Raizal; también el Estudio Aeronáutico y que por lo tanto se hará respetando los lineamientos del Convenio de la OIT 169 DE 1989.
En su momento, el entonces Director de la Aeronáutica Civil, Santiago Castro, afirmo que si no se aprobaba el proyecto de expansión aeroportuaria “es posible que las repercusiones no se vean en el corto plazo, pero es probable que en varios años más tarde se aprecien y en perjuicio de la comunidad de las islas que no podrá seguir recibiendo los vuelos internacionales que han estado llegando a la isla en los últimos años.”
Sobre este tema, y el cambio de postura del Gobierno frente al tema, Hawkins Sjogreen indico que “está claro que por parte del Gobierno Nacional existe una política de Gobierno, mas no de Estado ya que cada gobierno que llega al poder hace sus proyectos y pretende aplicarlos por encima de todos los miembros de la comunidad sin importar si les afecta o no.
“No existe una política a largo plazo que propenda por los beneficios de quienes habitamos las islas por lo tanto es necesario ir recurriendo a las herramientas que la ley nos entrega para poder defender nuestros derechos.”
El paso que sigue es la programación de una nueva fecha con la presencia del asesor internacional y la presentación de la situación actual ante el Tribunal Superior de San Andrés que falló sobre la acción popular que llevó al tema de consulta previa y que deberá ser notificado sobre la salida de CASYP del escenario como administradora del aeropuerto tanto de San Andrés como de Providencia.