Bochornoso espectáculo de trampas y omisiones del ICBF, ICA, Supérsubsidios y Servicios Postales. El director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juan Carlos Bonilla Davis, el director regional del Instituto Colombiano Agropecuario, José Miguel Cardona, la administración regional de Servicios Postales 472 y la Superintendencia de Subsidio Familiar, se han tomado un semestre entero para resolver recursos, informar decisiones y notificarse de los respectivos actos administrativos, con lo cual se han burlado de las decisiones que han tomado los aportantes de la Caja de Compensación Familiar y del Ministerio del Trabajo, sin que hasta ahora exista poder humano que los obligue a observar buen comportamiento, decoro, transparencia y rectitud en sus procedimientos como servidores públicos.
Por esta razón The Archipiélago Press emplaza públicamente a la Procuradora regional Marlene Roa, para que asuma de oficio (y pedirá formalmente) una investigación disciplinaria orientada a establecer si los procedimientos que han asumido estos servidores públicos tanto regionales como nacionales se compadecen con la Función Pública que está contemplada en la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario que en su artículo 22 establece que el sujeto disciplinable, para salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y estará sometido al régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes, y que constituye falta disciplinaria, y por lo tanto da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el presente ordenamiento.
Y es que desde el primer momento de la elección de consejeros por parte de los aportantes de Cajasai y la designación de los representantes de los trabajadores por parte del Ministerio de Trabajo, los directores de ICBF, Bonilla Davis y del ICA, José Miguel Cardona, iniciaron un saboteo sistemático mediante argucias jurídicas orientadas a impedir a toda costa la posesión de los nuevos consejeros, alegando razones jurídicas que nunca existieron porque todas se las han negado oportunamente en despachos judiciales y en la propia Superintendencia de Subsidio Familiar que también tiene su cuota de responsabilidad en algunas omisiones, demoras y dilaciones para resolver y notificar las actuaciones.
Servicios Postales también ha dilatado los procesos al demorar más de lo normal los correos de notificación o desviándolos a ciudades que no corresponden como cuando se envió una correspondencia a Bucaramanga, pese a que el domicilio estaba radicado en San Andrés.
Pero más allá de las dilaciones u omisiones en la Superintendencia de Subsidio Familiar o en Servicios Postales de Colombia, lo verdaderamente reprochable ha sido el comportamiento de los directores de ICBF y el ICA. Principalmente del primero de éstos.
Bonilla Davis ha dado una verdadera muestra de mala fe en el ejercicio de la función pública e incluso de mezquindad. Recientemente entabló una acción de tutela donde no actuó en su representación personal si no en representación legal del ICBF, implicando a esta entidad en un asunto que no es ni resorte, ni competencia de la institución que está llamada a la protección familiar y de la niñez, y no a disputas políticas que realmente es el trasfondo de la conformación del Consejo Directivo de Cajasai. Y su mezquindad radica en que mientras en Coralina se le está guardando su cargo, para el que ha obtenido consecutivamente tres licencias temporales para ejercer como director del ICBF, impide que nuevos consejeros tengan la oportunidad de vincularse a la gestión de asuntos del Estado como si los ha tenido él y varios de sus hermanos. Adicionalmente a ello, cuando ha entablado recursos legales, ha omitido o dilatado notificarse para que los tiempos corran indiscriminadamente.
Esta misma practica, y de peor manera, la ha ejercido el director del ICA que ha prohibido que en su oficina le notifiquen actos administrativos relacionados con el tema Cajasai, y mucho peor, cuando los funcionarios de Servicios Postales lo han encontrado en la calle, se ha negado a recibir la notificación, con lo cual ha impedido deliberadamente que se le notifiquen tales actuaciones.
De acuerdo con información entregada esta semana por la Secretaría de la Superintendencia del Subsidio Familiar sobre la situación de la Caja y los nuevos Consejeros designados, el proceso de notificación del último acto administrativo, es decir la Resolución 981 del 19 de noviembre de 2013 no ha terminado debido a que no se ha notificado a José Miguel Cardona (ICA) por lo tanto la resolución no está en firme.
“Vía Servicios Postales- 472 le enviaron oficio para notificarlo y el secretario del ICA en San Andrés no recibió el correo para su jefe porque, según observación del operario de 472 en planilla “el Secretario no recibe el oficio porque no está autorizado para ello” y en consecuencia la correspondencia fue devuelta a la Superintendencia. “En la semana del 20 al 24 de enero enviarán nuevamente el correo con la notificación para Cardona, aparece en el libro de observaciones caso Cajasai de la Secretaria. (Más de dos meses se está tomando la Superintendencia para hacer una notificación y cuentan con la complacencia (o complicidad?) de 472 San Andrés para devolver diligentemente el correo antes que insistir en entregarlo al destinatario”, denunció el consejero suplente Juan Luis Sepúlveda, tras indagar lo ocurrido con este asunto en la entidad de control.
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