La Procuraduría General de la Nación convocó a la gobernadora encargada de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Sandra Howard Taylor; al viceministro de Salud, Luis Fernando Correa Serna; al director de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente, Fabián Hernán Gonzalo Torres, y al superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz Araujo, para evaluar medidas extraordinarias frente a la grave situación de salud, sanitaria y ambiental que enfrenta el departamento.
El ente de control reiteró su petición de declarar la emergencia sanitaria y ambiental y dar soluciones de fondo que generen una adecuada atención en salud, permitan el restablecimiento del ambiente sano de los sanandresanos y la prevención de posibles impactos que se pudieran generar a los ecosistemas.
La audiencia tendrá lugar hoy a las 3: 00 p. m. en la sede principal de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.
Frente a estas circunstancias que tienen en riesgo inminente a la población de San Andrés desde hace varios meses, la Procuraduría ha hecho una serie de recomendaciones, y ha interpuesto acciones judiciales en defensa del patrimonio ecológico de la isla.
Entre ellas, la acción popular presentada para impulsar la puesta en marcha y ejecución de la Planta de Generación de Electricidad de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y los incidentes de desacato interpuestos advirtiendo la deficiente operación del relleno sanitario Magic Garden de la isla.
Lo anterior sumado a la deficiente disposición final de residuos anatomopatológicos que permanecen acumulados a la intemperie en el Hospital Clarence Lynd Newball Memorial, sin ningún tipo de protección.
Adicionalmente, en visita adelantada a esta institución hospitalaria, la Procuraduría y la Defensoría evidenciaron la falta de insumos, medicamentos, servicios de laboratorio y de cirugías.
Así mismo, encontraron acumulación de patologías sin analizar desde el 2017, lo cual podría atentar contra el derecho de los pacientes a un diagnóstico oportuno y una deficiente aplicación de los protocolos de aislamiento entre los pacientes del hospital, quienes están en riesgo de infección.
La Procuraduría conoció que desde el 1º. de mayo la firma Anestesiar no tiene contrato con el Clarence Lynd Newball Memorial. La ciudadanía continúa denunciando el precario servicio de salud que allí se presta.
De otra parte, el ente de control informó que son preocupantes las condiciones de la planta de gases medicinales, la cual a pesar del riesgo que reviste por su carácter inflamable, carece de un sistema de control de temperatura.
Mediante esta actuación preventiva el Ministerio Público busca garantizar el derecho a la salud de habitantes y visitantes de la isla, quienes se encuentran en riesgo de enfrentar epidemias y/o pandemias por la exposición a los residuos hospitalarios que se generan de la prestación de los servicios de salud y actividades complementarias.
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